Rechazan un recurso de Hebe de Bonafini y habilitan el juicio por el caso “Sueños Compartidos”

y así podrá comenzar el juicio oral por este caso donde se investiga el desvío de más de 200 millones de pesos de fondos públicos.

La Sala IV de la Cámara federal de Casación Penal, integrada en forma remota por el doctor Mariano Borinsky –Presidente-, Gustavo Hornos y Javier Carbajo declaró inadmisible el recurso de casación deducido por la defensa de Hebe de Bonafini contra la decisión del tribunal oral federal 5 (TOF 5) que rechazó la nulidad de la citación de las partes a juicio para septiembre pasado, según fuentes judiciales.

Entre los principales acusados se encuentran los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, el ex secretario de Obras Públicas José López, y el subsecretario de dicha área Abel Fatala, entre otros, que financiaron el plan de viviendas sociales “Sueños Compartidos”.

En la causa, iniciada en base a una investigación de Clarín del 2011, se investiga la maniobra con el objeto de dar apariencia lícita a los montos ilegítimamente percibidos, por intermedio de un complejo esquema de reciclaje, se habrían canalizado las sumas de dinero desviadas a terceras personas y empresas que habrían percibido los valores sin contraprestación alguna relacionada con la actividad propia de la Fundación Madres de Plaza Mayo. Sergio había sido nombrado apoderado de la fundación.

La Sala IV sostuvo que la impugnación “no se dirigía contra una sentencia definitiva ni equiparable a ella y que la defensa no había logrado demostrar que la decisión le irrogara un agravio actual de insuficiente, imposible o tardía reparación ulterior que permitiese esa equiparación”. Además señaló que Bonafini “no había conseguido poner en evidencia la vulneración del derecho de defensa en juicio ni la arbitrariedad del pronunciamiento atacado”.

La defraudación atribuida a los Schoklender mientras Hebe era la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo alcanzaría los 206 millones de pesos, de acuerdo con la investigación iniciada tras una publicación de Clarín a mediados de 2011 y que inicialmente condujo el cuestionado ex juez Norberto Oyarbide, quien finalmente terminó apartado de la causa.

En este contexto, la fiscal Paloma Ochoa en un requerimiento de más de 400 páginas, pidió el año pasado al juez Marcelo Martinez Di Giorgi que avance con la elevación a juicio oral del expediente. Durante la instrucción se determinó que los hermanos Schoklender utilizaron a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, en su condición de apoderados de su Fundación, en “connivencia con funcionarios públicos, para gestionar y obtener de forma ilegítima fondos del Estado”.

Al respecto, Ochoa indicó que Sergio Schoklender “organizó un mecanismo para que las obras apuntadas, sean adjudicadas directa e irregularmente a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, de la que él era apoderado”.

En tal sentido, el requerimiento indica que para lograr el “éxito de la maniobra, se instrumentó un acuerdo entre los funcionarios públicos de la Secretaría de Obras Públicas, la Fundación Madres de Plaza de Mayo y finalmente, las provincias y los municipios, en virtud del cual se contrató para la ejecución de las obras a la Fundación”.

La Auditoría General de la Nación había detectado que 206.438.454,05 pesos no pudieron ser asociados a pagos relacionados con la gestión de obra, es decir, que fueron desviados de su destino original. La Fundación manejó un total de 748.719.414 de pesos. Es decir, “fue sustraído el 23,54% de la financiación total otorgada”, según dictaminó la fiscal.

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