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La reglamentación de la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, sancionada este miércoles a la madrugada por unanimidad por el Senado, podría estar lista en diez días y la norma entraría en vigencia poco antes de mediados de enero próximo, adelantaron voceros oficiales.
El Plan de los 1.000 días tiene pendiente la promulgación por parte del presidente Alberto Fernández y el “análisis y revisión” de cuestiones técnicas de la ley, que, según las fuentes, “están casi resueltas”.
La iniciativa fue debatida esta madrugada, tras haber finalizado la discusión por el aborto legal, que también fue sancionado de manera definitiva luego de más de doce horas de discusión.
La ley de Atención y Cuidado de la Salud establece una nueva asignación, que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo a concretarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño menor de tres años.
El proyecto extiende la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que pasará de tener seis mensualidades a nueve, para abarcar la totalidad de la gestación.
También se amplía el pago por Nacimiento y por Adopción a las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que hasta ahora están excluidas de este beneficio.
Por otro lado, se prevé la provisión pública y gratuita de insumos esenciales durante el embarazo y para la primera infancia, coordinando y ampliando los programas existentes, y la creación del Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos y el Certificado de Hechos Vitales con el objeto de garantizar el derecho a la identidad de las niñas y niños recién nacidos.
Entre los insumos, se menciona la provisión de medicamentos esenciales, vacunas, leche, alimentos para el crecimiento y desarrollo saludable en el embarazo y la niñez.
El proyecto busca afianzar el “derecho a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad” para las “niñas y las niñas con necesidad de cuidados especiales en sus primeros años”, “personas que cursen embarazos de alto riesgo” o padezcan “trombofilia”, “mujeres u otras personas gestantes en situación de violencia por razones de género” y “niñas y adolescentes embarazadas”.
También se crea en el ámbito del Ministerio de Salud una Unidad de Coordinación Administrativa “para la atención y el cuidado integral de la salud de las mujeres y personas gestantes durante el embarazo y de sus hijos hasta los 3 años”.
El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara alta, el radical jujeño Mario Fiad, manifestó que la iniciativa es “una verdadera política pública para el cuidado de nuestros niños” y pidió “que no quede en buenos propósitos porque este proyecto está expresado en tiempo futuro sin plazos ni especificaciones”.
“Espero que este proyecto pueda ser articulado con el resto de las normas. Es declarativo, ni siquiera se dice de dónde saldrán los fondos para hacer estas acciones, pero aún así, votaremos en forma positiva para no retrasar las poquísimas medidas que establece”, destacó Fiad.
El oficialista santiagueño, José Neder, dijo que “en este contexto de pandemia quedó claro que la salud deberá ser siempre un derecho”, en el inicio del debate de esta madrugada.
“Por ello la decisión del gobierno es implementar políticas efectivas, no aisladas, sino integrales para que en conjunto den un resultado efectivo”, indicó.
Neder agregó que “es una iniciativa que se inscribe dentro de la Convención de los Derechos del Niño con el objetivo de que las políticas públicas estén en línea con los estándares que se plantean”.
“Este programa de los 1.000 Días reconoce un conjunto de derechos y líneas de trabajo entre los distintos organismos porque la equidad territorial en la cobertura se logra atendiendo las necesidades en los grandes centros urbanos y en el interior profundo”, destacó.
