Los sistemas presidencial, como el que rige en la Argentina, y parlamentario, que se da en algunos países de Europa, desde hace mucho tiempo han sido eje de debates acerca de
sus ventajas y desventajas. El sociólogo y profesor español Juan Linz, un crítico del presidencialismo, consideraba que el parlamentarismo hace las democracias más estables porque ante una profunda crisis política o económica evita una implosión.
Algunas fotos parecen reflejar aquí, por momentos, un sistema más parlamentario que presidencial, aquél que sostiene que la administración pública está encomendada al gabinete pero éste se encuentra sometido a la constante supervisión del parlamento. Algo de eso ocurre.
A esta altura nadie duda de la existencia de un doble comando, concedido por el presidente Alberto Fernández, que hace que su vice maneje a gusto y piacere el Congreso y hasta se transforme en la líder de la oposición. Ni siquiera Juntos por el Cambio, con una presencia importante en Diputados y el Senado, ha logrado obligar al Ejecutivo a hacer tantas modificaciones clave como lo ha hecho Cristina Kirchner.
En los últimos dos meses del año ella ha intervenido la política económica del Gobierno, supuestamente en manos del ministro Martín Guzmán, y le ha marcado un rumbo que rememora la gestión de Axel Kicillof como ministro de Economía entre 2013 y 2015.
“Las tarifas de luz, agua y gas vienen con subsidio. El costo de producción es mayor a lo que se paga en la tarifa. Dicho de otra manera, lo que cuesta es más alto que el precio que paga el usuario. La diferencia la cubre el Estado nacional”. Las palabras no son de Guzmán, sino de Kicillof en febrero de 2014, cuando era el ministro de Cristina. En algunos aspectos, hoy la Economía responde a esa lógica. Los hechos hablan.
El 10 de noviembre el Gobierno promovía una nueva fórmula jubilatoria con el mismo argumento que utilizó el macrismo, beneficiar al sector pero que en el fondo esconde un recorte. La idea era ofrendárselo al FMI en plenas negociaciones por un acuerdo. El cristinismo lo criticó con dureza a puertas cerradas.
Para apaciguar los ánimos, una semana después el Jefe de gabinete Santiago Cafiero y la titular de Anses Fernanda Raverta anunciaban un aumento del 5% a los jubilados. Impericia mediante, luego se supo que era a cuenta del próximo incremento, o sea que sería descontado. Por eso el 2 de diciembre Cristina envió a sus senadores del bloque del Frente de Todos a “consultar” a Alberto Fernández y luego comunicar que se daba marcha atrás con el aumento del 5% a cuenta y que se incorporaba ese monto en las jubilaciones. ¿Por qué lo comunicaron los senadores y no el Gobierno? Porque lo decidió Cristina.
El 18 de noviembre Guzmán tuvo que digerir desde el Senado manejado por la vice cambios sin aviso a su proyecto para que el Congreso intervenga en las operaciones de crédito en moneda extranjera y en la negociación con el FMI. La cristinista Anabel Fernández Sagasti agregó un artículo que prohíbe financiar gastos corrientes con deuda externa o desembolsos del FMI. De esa manera, Guzmán no podrá acceder a un acuerdo de facilidades extendidas con el organismo que además de patear vencimientos le aportaría dinero para los gastos diarios.
En octubre el ministro de Economía le estaba dando forma a lo que serían los aumentos desde el 1 de enero de tarifas, que llevan casi dos años congeladas. A diferencia de Kicillof, Guzmán le decía a las empresas que apuntaba “a que no crezca la participación que tienen los subsidios con respecto al PBI”. Se hablaba de un ajuste del 29% para luz y gas, acompañando la inflación. Hasta el Secretario de Energía Darío Martínez bosquejaba cómo se actualizarían.
Pero a mediados de diciembre desde el Instituto Patria, sede gubernamental de Cristina Kirchner, se decidió no aplicar aumentos por ahora. Así, el diseño de un nuevo esquema ya no estaba en manos de Guzmán ni de Martínez, sino de Federico Bernal y María Soledad Manin, los interventores del Enargas y el ENRE que responden directamente a la vice. Mientras, el congelamiento tarifario se extendía hasta el 1 de abril, comprendiendo también a la TV por cable, la telefonía celular y el servicio de internet, declarados servicio público.
Las últimas intervenciones de Cristina en la economía se dieron al final del 2020. El ministro de Salud Ginés González García, con el aval de Alberto, había concedido un aumento del 7% a las prepagas, que complementaba el 10% que habían percibido el año pasado. Hasta se publicó en el Boletín Oficial en la mañana del 31 de diciembre. Pero horas después, la Casa Rosada dio marcha atrás y se anuló ese aumento. Cristina otra vez.
La salud privada se quejó, habló de perjuicio ideológico hacia el sector y marcó una incongruencia: a los laboratorios el Gobierno sí les permitió aumentar los medicamentos, en medio de una pandemia, por arriba de la inflación. Según un informe del Observatorio del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar), durante 2020 los medicamentos más usados aumentaron en promedio un 46,1%, mientras que la inflación de este año rondará el 36%.
Recién después de estos episodios, Cristina blanqueó su ideario, diferente al de Alberto Fernández y Guzmán. En su discurso del 18 de diciembre en La Plata exigía “alinear salarios y jubilaciones, precios y tarifas” y aseguraba que fue lo que hicieron en los 12 años de gobierno kirchnerista. “Si uno no sabe cómo llegó es probable que tampoco sepa cómo ir”, les recordaba Cristina al Presidente y su gabinete. Ella sabe que la combinación de un aumento de tarifas con un magro crecimiento económico podría ser letal para su futuro.
Sin consumo por una inflación altísima (36%) teniendo en cuenta que hubo varios meses de cuarentena donde sólo se consumían alimentos, más la debacle del poder adquisitivo, quiebras y cierres de comercios, pymes y empresas, el desempleo y el aumento de la pobreza, la lógica de Cristina es combatir la inflación congelando todo. Esto denota una limitación del Gobierno para detener la suba de precios, generar trabajo, alentar la producción e inversiones y aprovechar las oportunidades que abre el aumento de los commodities.
Como apuntaba en una entrevista con Clarín el economista Oscar Centrangolo: “Es importante que el Gobierno defina una unidad de criterio para conducir la economía. Vemos que un área dice una cosa y enseguida otra confirma lo contrario. Hoy el problema con la economía del Frente de Todos parece más político que técnico”.
Podría agregarse que el temor es electoral. El oficialismo necesita ganar las elecciones legislativas y aumentar su presencia en Diputados y el Senado para poder manejar el Congreso. Y eso no haría más que acrecentar el poder paralelo de Cristina Kirchner. Desde allí, podría ir por todo, como alguna vez confesó. En particular, por el Poder Judicial que tantos dolores de cabeza le trae con las causas por corrupción en las que está procesada.
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