Afirman que la joven que pasó 10 años desaparecida huyó de su casa por el “sufrimiento y la degradación” que padecía

casa en 2011, para escapar de la situación de explotación que la víctima sufría en su casa de la ciudad mendocina de La Paz. “El objeto del viaje fue terminar con el sufrimiento y la degradación personal”, precisó el fiscal a cargo de la Fiscalía Federal Nº 2 de Mendoza.

A partir de la declaración de la joven, la madre y el padrastro, quedaron detenidos el 30 de diciembre y son investigados por el el delito enmarcado en la ley de trata de personas (26842), que supone una pena de entre 5 y 10 de prisión por tratarse de un familiar (artículo 145 ter).

Sin embargo, Alcaraz aclaró en un comunicado que la víctima “no fue entregada a una red de trata de personas”, como se mencionó de fuentes policiales. Sino que escapó el 8 de julio de 2011, “tras años de haber sido victimizada por trata de personas con fines de explotación sexual”. Y aclara el comunicado de la Fiscalía, que alejamiento de la casa de sus padres fue “huyendo del domicilio donde era ultrajada, viajó a la provincia de San Luis y luego se dirigió a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

C.A. ahora tiene 24 años. La Policía Federal pudo identificarla en Buenos Aires en mayo pasado, a raíz de que la mujer se presentó a una oficina de Desarrollo Social a solicitar la tenencia de sus hijos (tendría dos hijos en Buenos Aires). Fue asistida médica y sicológicamente, según la escueta información oficial porque la causa está bajo secreto de sumario.

Su nombre integró la lista de personas buscadas por Missing Children e Interpol. En un primer momento, era buscada por sus familiares, por sus amigos y docentes de la escuela secundaria Marcelino Blanco y por sus vecinos. Se creía que podía haber tomado un colectivo hacia San Luis. Nunca más supieron de ella.

El 30 de diciembre, personal de Gendarmería Nacional allanó la casa de los padres de C.A., ubicada en la avenida San Martín del municipio de La Paz. Allí se encontraban la madre Mónica Maturano y el padrastro Alberto Orozco. Ambos fueron detenidos como sospechosos de abuso sexual y trata de personas y derivados a la cárcel.

De acuerdo, con la información de la Fiscalía, en mayo de 2020, la víctima se contactó con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para solicitar el reconocimiento de los derechos de sus hijos, producto de su relación de pareja.

Es a partir de esta comunicación que se activaron los sistemas de búsqueda. Allí fue clave la noticia cursada a la Fiscalía Federal desde el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas bajo la coordinación de Leticia Risco, gestionado por la Secretaría de Cooperación con los Poderes Constitucionales del Ministerio de Seguridad. Intervino la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, bajo la dirección de Malena Derdoy, que a través de su equipo de profesionales se puso en contacto con la víctima y comenzó el proceso de acompañamiento, reconocimiento y restitución de derechos desde un enfoque multidisciplinario.

De esta forma, previo abordaje del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a personas víctimas por el delito de trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se recibió por videoconferencia el testimonio de la víctima, donde además participó la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) del MPF.

El fiscal Alcaraz imputó y ordenó la detención de tres personas por la presunta infracción al delito de trata de personas agravado por los hechos delictivos que ocurrieron en la comuna de La Paz. Entre los detenidos, se encuentran la madre y el padrastro de la joven. No se aclaró quien es la tercera persona involucrada como partícipe del delito de trata de personas.

Mendoza. Corresponsalía.

DD