La fiesta puede terminar muy mal. No por el final abrupto que impondrán inspectores municipales y policías, sino por el detallado sumario judicial que se abrirá esa misma noche contra el
anfitrión, acusación que difícilmente pueda llegar a revertir. Por ordenanza, “de espíritu disuasivo más que recaudatorio”, en Mar del Plata le aplican al organizador una multa que tornará inolvidable esa noche de fiesta “clandestina” en plena pandemia de coronavirus: va de los $ 350.000 al $ 1.000.000.
“Todas las fiestas que la municipalidad desactivó terminaron con un acta de notificación de multa para el organizador, luego es función de los jueces de faltas sancionar al infractor”, explicó a Clarín una fuente del gobierno de Guillermo Montenegro. Por ahora, los juzgados no emitieron ninguna sentencia en ese sentido.
Aún antes del inicio de la temporada, aquí se preveía lo que podría llegar a ocurrir en las cálidas noches de verano. Entre los idas y vueltas que dio con los permisos el Gobierno bonaerense, a mediados de diciembre dio marcha atrás con la autorización a eventos de hasta 200 personas al aire libre que había concedido unos días antes.
En año nuevo hubo fuertes controles en Mar del Plata por los festejos. Foto: Gentileza La Capital / Mauricio Arduin
Ahora, las fiestas clandestinas son la piedra en el zapato de la temporada en pandemia. El concejal que impulsó la ordenanza, Mauricio Loria, de la Agrupación Atlántica, sostuvo que al pensar en sancionar con multas a los organizadores lo hizo con ánimo “de disuadir”, pero -dijo a este diario- “al parecer hay gente a la que no le importa lo que está pasando. Hay falta compromiso social”, lamentó.
A mediados de noviembre, se modificó una ordenanza de 2017 que imponía multas “al acontecimiento motivado con fines de diversión y esparcimiento en forma eventual y esporádica”, y en esa modificación se triplicó el valor de la multa que se establecía para los casos en que la fiesta clandestina se desarrollara durante la vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) y del distanciamiento social preventivo y obligatorio (DISPO).
La ordenanza comprende eventos en los que se vendan o no entradas anticipadas, en los que se comercialicen o despachen bebidas alcohólicas o alimentos, y que no cuenten con permiso.
Además de disponer la evacuación inmediata del lugar, establece que el organizador o promotor, y todos los proveedores de servicios, sean multados, y que en caso de que los organizadores de la fiesta clandestina sean menores de edad, la responsabilidad de abonar la multa recaiga en sus padres o tutores.
En caso de reincidencia, si es que al anfitrión todavía el ánimo lo impulsar una nueva convocatoria -hasta ahora no se dio ningún caso-, la multa se duplica, es decir que pueden alcanzar los 2 millones de pesos si el juez de faltas impone el máximo.
El espíritu disuasivo por el que se promulgó la norma parece no haber surtido efecto. Sólo en diciembre fueron 170 fiestas clandestinas, un promedio de 6 por noche. Enero arrancó más fuerte; la noche de Año Nuevo se triplicaron (fueron 20 las desactivadas de 50 denunciadas), en algunas había cientos de jóvenes. En total, fueron desactivas casi 250 reuniones.
De momentos, los infractores fueron notificados. Pero no hay sentencias aún. Son los jueces del Tribunal Municipal de Faltas de Mar del Plata quienes se encargarán de fijar el monto de las multa y de qué manera el infractor debe afrontarla. “Dependerá de cada situación en particular, de la cantidad de gente que se encontró en el lugar, si había alcohol. Las multas van de 350 mil al millón de pesos”, explicó Loria.
El concejal, que es abogado, sostiene que difícilmente algún infractor consiga revertir la sentencia en la cámara correccional, y destaca que lo recaudado, mientras estén en vigencia ASPO o DISPO, “se destinará a la Secretaría de Salud municipal para solventar exclusivamente gastos para la atención de casos de Covid-19“.
Las fiestas estallan repentinamente en distintos puntos de la ciudad, pueden ser en un gran chalé, en una casa con parque o en una de dimensiones más modestas, pero siempre albergan gran cantidad de asistentes y un rasgo común: no hay barbijos y la distancia social se reduce a unos pocos centímetros.
En ocasiones los organizadores alquilaron las casas, otras fueron la del mismo organizador, y una vez en marcha la convocatoria por redes sociales fluye inmediata. Son los vecinos quienes advierten a la comuna y una vez constatadas sorprenden con un operativo para desactivarlas. Cuentan con el apoyo de efectivos policiales.
Además de la infracción, notifican al organizador y a los asistentes de la formación de una causa federal por infracción al artículo 205 del Código Penal: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”. Fiesta, multa y prisión.
Las fiestas se llevan adelante en un contexto difícil, cuando las autoridades nacionales y provinciales amenazan con aplicar restricciones a la temporada por los contagios, los que continúan en aumento.
Este lunes se registraron 278 nuevos contagios de Covid-19 en Mar del Plata. La cifra -una de las más altas de las últimas semanas en la ciudad- trae aparejada un dato desalentador: el promedio de edad de los infectados ya no se ubica entre los 15 y 30 años, ahora es de 44 años. Al ritmo de las fiestas, el sistema sanitario se estremece.
DD
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