Indulto o amnistía: los dilemas abiertos en la nueva guerra fría entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner

impunidad. Miles de ellas podrían ganar las calles, como ya lo hicieron varias veces en la última década. La oposición pasearía su rechazo por los estudios de televisión y las redes sociales, redactaría amparos judiciales y organizaría campañas internacionales. Pero la hipotética eliminación mágica de las causas por corrupción a través de un indulto presidencial o una ley de amnistía debería sortear muchos obstáculos antes de ver la luz. Dificultades políticas, pero también unas cuantas técnicas.

Tal como consignó Clarín la semana pasada, la presión para que Alberto Fernández indulte a los ex funcionarios y simpatizantes kirchneristas procesados y condenados llegó a un punto de ebullición tal que obligó al presidente a responder con otra flecha envenenada: reiteró su -por ahora- firme rechazo a firmar cualquier indulto, pero recordó que el Congreso podría sancionar una ley de amnistía para mandar al archivo todos esos expedientes molestos. En ese edificio mandan Cristina y Máximo Kirchner, ellos mismos sepultados bajo procesos gravísimos por casos de corrupción.

Primera conclusión evidente: los resortes habituales para enfilar hacia la impunidad están fallando. Los jueces y fiscales no ponen la voluntad suficiente -e histórica- para girar en el aire y deshacer las causas saciadas de pruebas. Tampoco funcionan como se esperaba los también habituales recursos, chicanas y pedaleos para recusar jueces hasta dar con un amigo, o alejar en el tiempo los juicios orales. Ni siquiera la formidable campaña política para asimilar a jueces y periodistas como soldados de una “guerra jurídica” contra los funcionarios K -bautizada lawfare– logró avergonzar a algunos magistrados. La Corte Suprema de Justicia postergó sus a veces vergonzosas riñas internas para cerrar filas ante el abordaje inminente a su barca.

Con el reloj en contra, cualquier “solución” rápida deberá provenir de la política. Segunda conclusión: estamos hablando de un oficialismo que limpiaría los legajos judiciales de sus propios integrantes. Una autoamnistía. Hay que tener coraje para intentarlo, mucho más aún del necesario para acudir a ese controvertido remedio en otras circunstancias; como fruto de un amplio acuerdo político, por ejemplo.

Analicemos ahora las herramientas disponibles, y las piedras que deberían despejarse de la ruta para aplicarlas.

Según el constitucionalista Félix Lonigro, “Fernández dijo que no indultaría a condenados. Y que si querían soltar a procesados, haría falta una amnistía. Eso es un disparate. Un indulto y una amnistía se distinguen por varias cosas. El indulto perdona la pena del condenado, pero el delito queda como antecedente. La amnistía borra la pena de un condenado y también ese antecedente. El indulto es una medida individualizada, se otorga con nombre y apellido. En cambio la amnistía es general, para una cantidad indeterminada de personas que hayan cometido los delitos incluidos en la norma, y por ahí hasta en determinado momento o lapso. La tercera diferencia es la que mencionó Fernández: el indulto es una facultad presidencial, la amnistía la vota el Congreso.”

Lonigro cree que el presidente mezcló las cosas: “tanto el indulto como la amnistía corresponden a personas que están con condena firme. No corresponde aplicarlas a procesados, porque las que se indultan o amnistían son penas. Si no, estás indultando a un presunto inocente.” El detalle plantea una contradicción profunda con el relato K: ¿conviene pelear y defender la inocencia o abandonar esa táctica para acceder a una respuesta política?

Clarín también consultó al constitucionalista cercano al gobierno Eduardo Barcesat, pero declinó responder a este diario. Sin embargo, en una nota publicada en Perfil horas atrás defendió la teoría del lawfare y reclamó una reforma constitucional que transforme desde cero a todo el Poder Judicial. “Todo paso intermedio (amnistía, indulto, decisión o acordada de la Corte), que conduzca a la anulación de los procesos y condenas lesivas de la supremacía constitucional, es bienvenido“, aclaró. Dato.

Así las cosas, el primer estorbo que el presidente o el Congreso deberían sortear retrata una elocuente paradoja: las constantes dilaciones en el trámite de las causas y la pelea para desmentir hasta lo improbable que una condena está firme ahora podrían jugar en contra de los candidatos a un posible indulto o amnistía. ¿Veremos cómo se pone reversa y se intenta apurar a los tribunales para que liquiden los casos abiertos para arribar a condenas y penas posibles de indultar?

Segundo estorbo: en los últimos años, tres jueces ya votaron que los delitos de corrupción son imprescriptibles, es decir que el paso del tiempo no puede justificar la falta de persecución y sentencia. Primero lo hizo el camarista platense ya jubilado Leopoldo “Polo” Schiffrin, luego los camaristas de Casación Federal Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos: los dos están en la lista corta de jueces réprobos que emitió Alberto Fernández apenas Cristina lo designó candidato presidencial. Dato.

La asimilación de los delitos por corrupción con un ataque contra el orden democrático, según lo establece el artículo 36 de la Constitución, además los acerca al área jurídica de los derechos humanos, cuya violación no puede ser indultada ni amnistiada. Aunque esa jurisprudencia es incipiente y de ningún modo unánime, Elisa Carrió lo advirtió esta semana.

Por último, pero no menos importante, están los impedimentos políticos. Alberto Fernández dijo que no indultará. Cristina Kirchner dirige el Congreso, pero asegura que ella y los suyos son inocentes de toda inocencia. Desde allí no se puede gestionar una amnistía. SI lo hiciera, la oposición no tiene grandes incentivos para prenderse fuego considerando colaborar con ella, y tampoco los circunstanciales aliados del oficialismo. En Diputados, Sergio Massa debería explicar cómo pasó de ser el autor de la ley del arrepentido y compañero electoral de la principal denunciante contra Cristina, Margarita Stolbizer, a juntar votos para amnistiarlos. Difícil.

Pero no es todo: en los tribunales, los jueces sometidos a mayores presiones para aflojar el cepo contra los procesados kirchneristas podrían ver la conveniencia de hacer lo opuesto: soltar el freno y que las pruebas liberen su poder en cada expediente. Total, el costo de acallarlas sería tomado por los políticos.

Todas los caminos son costosos. Todos son interrumpidos, desviados o franqueados por la cambiante relación de los integrantes de la coalición de gobierno. Ninguno de ellos acercará a la Argentina a un futuro mejor.

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