Las empresas de consumo masivo están manteniendo negociaciones con el Gobierno para lograr alguna liberación de sus precios. Mientras tanto, cuentan una situación de tormenta perfecta: las cotizaciones de los commodities
están en alza, las restricciones para importar siguen en aumento, y el Poder Ejecutivo plantea exigencias para quienes quieren lograr que sus productos dejen de tener importes regulados.
El Poder Ejecutivo tenía que renovar el programa de “Precios Cuidados” la semana pasada. Si bien tiene un entendimiento con la mayoría de los proveedores, la renovación formal se postergó. La secretaria de Comercio Interior negocia con las empresas para que agreguen más productos a “Precios Cuidados”. A cambio, las empresas piden salir del esquema de “Precios Máximos”. Ese esquema estará vigente hasta el 31 de enero. Desde allí, el Gobierno permitirá cierto “deslizamiento”, es decir que algunas categorías que hoy tienen los precios regulados recuperen la libertad para fijarlos.
Aunque no está explicitado, la ecuación del Gobierno parece ser darle a las compañías la posibilidad de no seguir en la próxima ronda de “Precios Máximos”. A cambio, deben darle más aire a los “Precios Cuidados”. De esa forma, lograron que la canasta económica pase de los actuales 400 productos a los más de 800 que tendrá la próxima renovación.
Los “Precios Máximos” fueron creados como una protección para la pandemia. Los precios de las cadenas de supermercados tuvieron que retrotraerse al 6 de marzo. Fue una imposición del Gobierno. Las empresas lo aceptaron, pero pidieron ir poniéndole un fin. La actual restricción está vigente hasta fin de mes. Desde febrero, se prolongará, pero varias categorías ya no tendrán ese corset.
Hasta ahora, el Gobierno dio aumentos puntuales en los “precios máximos”, de entre 4% y 10%, y permitió que algunas categorías salgan de esa limitación.
Mientras Copal (que representa a las alimenticias) mantiene conversaciones con los funcionarios, dos nuevos fenómenos se sumaron a la tensión alcista de los costos. Por un lado, el precio de los commodities agropecuarios empezó a repuntar. Esto es positivo para los exportadores, pero les aumenta los costos a las empresas que tienen que comprar maiz, trigo y soja para fabricar sus alimentos, que son muchas entre las alimentarias.
El tema tiene remembranzas de la “mesa de los argentinos” que enfrentó a la administración de Néstor Kircher con las entidades agropecuarias. Para evitar que exporten, y vuelquen su producción en el mercado local, el Gobierno le fijó retenciones, que provocaron discordia. El Poder Ejecutivo manifestaba su interés en proteger la “mesa de los argentinos”, despegando la cotización de los commodities que exporta el país con sus precios en el mercado interno.
Y, además, el Banco Central impuso más restricciones a que haya dólares para el pago de algunas importaciones que considera “suntuarias”. Entre ellas, hay aguas minerales “premium” y otra centena de productos. Las empresas dicen que las perjudica. La imposibilidad de acceder al mercado único libre de cambios es una piedra, según detallan.
Copal realizó un estudio comparado del aumento de sus precios frente al incremento de sus costos de producción. Les autorizaron incrementos de entre 4% y 10%. En ese mismo período, el IPC acumula un 36%, el IPC Alimentos y Bebidas acumula un 40%.
En el trabajo, se diferencian productos “regulados” (alimentos, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas), cuya suba promedio es del 28%, con productos “no regulados”, como los frescos, cuyo incremento ubican en torno al 57% anual. “Son los que empujan el IPC alimentos”, según Funes de Rioja.
La cámara de alimentos y bebidas observa que el tipo de cambio oficial subió un 41% y las materias primas escalaron entre 45% y 118%). Otros costos en aumento la logística (un 39%), los salarios (entre 36% y 44%), más los costos Covid-19, que representan un 20% adicional.
“Desde junio venimos pidiendo salir de los Precios Máximos”, expresa Funes de Rioja. “Hay diálogos (con el Gobierno) pero no vemos que el ritmo deseado responda a la realidad”.
“Aumentos de materia prima, de logística, de combustibles, costos COVID, devaluación. Cada día se agranda más la brecha entre los costos que tenemos y los precios, esto provoca una bifurcación con la que no estamos de acuerdo”, dice Funes de Rioja.
En la próxima renovación de “Precios Cuidados” habrá 800 productos, en lugar de los 400 actuales. Los productos que ya estaban en listado tendrán un aumento del 6,5%. que quedarán congelados hasta abril.
La mayoría de los vinos que hoy se despachan en un rango de entre $ 600 y $ 800 serán “deslistados”, es decir que podrán zafar de los “máximos”. Eso también le sucederá a otras categorías como alimentos para mascotas, snacks, sal y especias, cremas corporales y faciales. También alcanzará a protectores labiales, talcos, apósitos, bolsas y films.
El Gobierno busca preservar los productos de mayor necesidad, pero comienza a abrir una salida para los artículos que no son imprescindibles.
El deslistamiento anterior, del 10 de noviembre, incluyó aceite de maíz, acetos, arroz integral, conservas de fruta, barras de cereales, bombones y bocaditos de chocolates, chupetines, café en cápsulas, leches de soja y vegetales, pizzas y empanadas congeladas, entre los comestibles. También ingresaron los quesos como brie, camembert y azul.
También ya habían salido bebidas blancas, whisky y vinos.
Con los “cuidados”, el Gobierno manifiesta que se trata de “generar referencias de precios en góndolas en productos que no tenían presencia dentro del programa y robustecer las actuales, sobre todo en aquellas categorías donde se verifica una diferenciación significativa en cuanto a variedad (fragancias, sabores) y presentaciones (tamaño, empaque)”, señalaron
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