Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio pidió interpelar al ministro de Economía, Martín Guzmán, por el anuncio del regreso del buque regasificador al Puerto Ingeniero White para la
importación de gas como garantía para la seguridad del abastecimiento de gas natural licuado (GNL) en el próximo invierno.
Se trata de un tema de alta sensibilidad política porque la vicepresidenta Cristina Kirchner suspendió los aumentos de las tarifas de gas y electricidad hasta marzo próximo. Además, implicará una fuerte salida de divisas mientras Guzmán busca un acuerdo con el FMI.
Como es un gasto que impacta directamente en el aumento del costo de vida, la vicepresidenta quiere mantener “aplastada la tarifa” hasta después de las elecciones legislativas de octubre.
En este mismo contexto, el grupo Vila-Manzano compró la empresa Edenor a Pampa Energía.
Sucede que la importación de GNL entre 2008 y el 2015 en la gestión de Julio De Vido significó un gasto de 17 mil millones de dólares y el ex ministro de Planificación y su mano derecha, Roberto Baratta, están procesados por irregularidades en la contratación.
Los buques fueron comprados sin licitación por parte de la empresa estatal ENARSA y con supuestos sobreprecios.
La causa que instruyeron el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli está elevado a juicio oral y pública y a la espera de que el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) le ponga fecha de inicio.
Durante el gobierno de Macri se suspendió el uso del buque regasificador en 2018 y se contrató un barco para empezar a exportar gas.
El grupo de diputados encabezados por Waldo Wolff pidió interpelar a Guzmán, de quien depende la secretaría de Energía “en los términos de los artículos 71 de la Constitución Nacional y 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados a fin de que brinde precisa y detallada información acerca de la política energética.
El pedido de interpelación a Guzmán está firmado también por los diputados de Juntos por el Cambio, Emilio Assef, Pablo Torello , Omar De Marchi, Alvaro De Lamadrid, María Piccolomini, Luis Petri, Jorge Enriquez e Ingrid Jetter.
En particular, interesa que el ministro formule precisiones acerca de los costos de la vuelta de un barco regasificador al Puerto Ingeniero White (Provincia de Buenos Aires) como “garantía para la seguridad del abastecimiento de gas natural licuado y ante la caída abrupta de la producción local de ese fluido”.
“Esa caída responde principalmente al congelamiento tarifario interno y de que Bolivia advirtiera que exportará menos gas a la Argentina por su propia baja en la producción. Todo esto implicará fuga de divisas y un enorme retroceso de las capacidades energéticas de la Nación”, advirtieron. El gobierno tiene una fuerte alianza con la actual administración gubernamental de Bolivia que responde a Evo Morales.
El regreso del buque, todo un símbolo de la política energética, “ocurre luego de que cayera abruptamente la producción local a raíz del congelamiento tarifario y tras el anuncio de Bolivia según el cual exportará menos gas por su propio decrecimiento de producción”.
El Gobierno informó que en la firma del último acuerdo con Bolivia por importación de gas, “ese país se comprometió a entregar en el invierno —durante el pico de demanda— 14 millones de metros cúbicos diarios (m3/d), 30% menos que los 20 millones de m3/d que inyectó a los gasoductos argentinos en el invierno pasado”.
Según los legisladores de la oposición en la licitación del Plan Gas del Gobierno “casi no hubo ofertas adicionales para el invierno”.
La Secretaría de Energía “consiguió apenas 3,6 millones de m3/d adicionales para el invierno a los ya comprometidos 67,9 millones de m3/d que recibirán subsidio durante todo el año y que provienen de tres empresas (Tecpetrol, Pampa Energía y Total Austral), de las 16 petroleras que participaron en la subasta”, afirmaron.
Además, “de los 67,9 millones de m3/d, las empresas deberán inyectar al sistema un 30% de volumen adicional al ofertado en el programa de estímulo, lo que totaliza un suministro anual de 97 millones de m3/d”.
En el congelamiento tarifario dispuesto por Cristina Kirchner en su segunda presidencia “se derrumbaron la producción de gas a 115 millones de m3/d”.
El año pasado, la producción local “cayó 7,5%, pasando de los 135,2 millones de m3/d promedio en 2019 a 122 millones de m3/d en 2020”, según proyecciones del Estudio Montamat.
Esta abrupta caída “se dio en parte por las restricciones generadas por la pandemia, pero especialmente por el nuevo congelamiento tarifario, ya que las tarifas de gas y luz no se actualizan desde febrero y marzo de 20192″.
El congelamiento “generó que cayera el precio del gas y se frenaran las inversiones en nuevas perforaciones de pozos gasíferos”.
Por otra parte, la política energética se vio afectada por conflictos internos del gobierno, incluso luego del “reemplazo del exsecretario de Energía Sergio Lanziani por el actual, Darío Martínez, y de que la cartera energética saliera de la jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Productivo para pasar a Economía”.
Según los diputados, “la tardanza para implementar el plan de estímulo implicó que las empresas no lleguen a tiempo para perforar más pozos e incrementar su producción para el invierno próximo”.
En octubre de 2018 con Macri se había logrado prescindir del barco regasificador, mientras se contrataba un barco para exportar gas argentino.
En cambio, este gobierno “rescindió el contrato y pagó una indemnización de US$150 millones, ya que se derrumbaron los precios de GNL y no era rentable para la empresa seguir con estas actividades”.
TEMAS QUE APARECEN EN ESTA NOTA
COMENTARIOS CERRADOS POR PROBLEMAS TÉCNICOS.ESTAMOS TRABAJANDO PARA REACTIVARLOS EN BREVE.
Comentar las notas de Clarín es exclusivo para suscriptores.
CARGANDO COMENTARIOS
Clarín
Para comentar debés activar tu cuenta haciendo clic en el e-mail que te enviamos a la casilla ¿No encontraste el e-mail? Hace clic acá y te lo volvemos a enviar.
Clarín
Para comentar nuestras notas por favor completá los siguientes datos.
