La ley de Alberto, el debate por el indulto y rosca electoral en el Norte

lo hará. Como siempre hace lo contrario de lo que dice, la pregunta ya no es si indultará o no, sino cuándo lo hará. A los políticos nunca hay que escucharles lo que dicen, sino mirar lo que hacen. Pero en el caso de Alberto, un acto del habla es un movimiento político. Y la jurisprudencia dice que –consciente o por alguna fatalidad psíquica irrefrenable– cuando afirma algo, es esperable que después lo niegue. Buen producto de inversión sería un bono atado a los giros de opinión del Presidente. Los perdones que piden entornistas de los ex funcionarios del peronismo, encartados por presunta corrupción, son materia de un debate que corre por detrás de la agenda caliente del verano.

El propio Alberto insistió este domingo en esa negativa. Lo que debe decidir es: 1) a quién indulta; 2) cuál es el riesgo que corre si lo hace; 3) cuál es el beneficio de esa medida y para quién. El estado de la discusión apunta a que sea sólo para Cristina de Kirchner, por el costo que tendría un perdón genérico, a través de una ley inviable por la relación de fuerzas en el Congreso. La columna de Eduardo Van del Kooy de este domingo en este diario aporta una afirmación del Presidente: no hace la revolución porque un 40% de la sociedad no vota a este gobierno. Razonable, aunque abre el escenario para que insista en la revolución, si es que es irrefrenable su tendencia a hacer lo contrario de lo que afirma. Ese juicio sensato describe los límites de su lapicera: no indulta quien quiere, sino quien puede, y cuando le conviene.

Alberto puede indultar a procesados (Cristina, como Yrigoyen y Balbín)

La elasticidad profesional del abogado se pone a prueba cuando está en aprietos. Alberto intentó interponer un blindex dialéctico al pedido de indulto, que pidió Raúl Zaffaroni y un arco de voceros del oficialismo (Luis D’Elía, Hebe de Bonafini, etc.). Debió extremar la pulcritud al negar esa vía, por la talla profesional de Zaffaroni, que si pide indulto es porque se puede dictar. Héctor Masnatta, ex juez de la Corte de Perón, y maestro de todos, repasó ese espinel hace 20 años. En 2001 Carlos Menem estaba detenido por la causa armas, y circuló también algún pedido de indulto. Recordó ese gran constitucionalista que el artículo 99°, inc. 5 de la Constitución (que le da esa atribución al presidente) resiste jurisprudencia variada.

En 1921 el tribunal avaló el indulto que Hipólito Yrigoyen firmó, para beneficiar a un menor procesado sin condena por robar 5 pares de medias («Ibáñez» Fallos, 136:259), ratificado en 1993 en el caso Aquino. Alberto dijo que sería mejor una amnistía colectiva por ley del Congreso (art. 75°, inc. 20), porque el indulto, argumentó, es para condenados. Es lo que sostiene una línea de jurisprudencia de la Corte cuando avaló un fallo en ese sentido en 1868 del juez federal Zuviría. ((Fallos, 6:227). Pero, como recordó Masnatta, no es la única interpretación.

Uriburu indultó a Yrigoyen, y Perón a Balbín, sin condena: estaban procesados, como hoy Cristina. La amnistía por ley podría incluir a procesados, pero es imposible, porque el Congreso jamás trataría una ley de perdón generalizado a una generación de ex funcionarios con los papeles flojos. La oposición de Juntos por el Cambio -con la que debería negociarse una medida así- no tiene a ninguno de los suyos en situación de emergencia judicial -cuanto más algún procesado de baja intensidad-. Si lo hiciera, dinamitaría por nada su capital de identificación con sus votantes. El oficialismo, en cambio, tiene a una ex presidenta procesada, un vicepresidente, un ex ministro y otros funcionarios ya condenados, etc.

Lo que resuelve un indulto y lo que no

El peronismo tiene tradición en leyes de perdón. El antecedente más conocido es el indulto de Carlos Menem a los militares y a los jefes de las organizaciones insurgentes. El ex presidente lo justificó como una forma de pacificar el país. Argumentó, tiempo después de tomada esa medida en 1990, que Raúl Alfonsín le había pedido firmarla juntos, antes de dejar el gobierno en 1989. Esto fue desmentido por Alfonsín, y algunos diputados que negociaron aquella transición han contado que fue un reclamo del peronismo. Jesús Rodríguez recordó que, en una reunión entre José Luis Manzano, el legendario Rubén “Buscapié” Cardozo, Chacho Jaroslavsky, Fredi Storani y él discutieron en 1989 las condiciones necesarias para que Menem pudiera adelantar su asunción en la presidencia. “Necesitamos estas leyes”, etc. Y Cardozo agregó: “Está todo bien, pero falta un último y pequeño tema: “El problema de los indultos”. Dijo que había que resolver la cuestión militar como lo concebía el peronismo, es decir a través de los indultos. Ocurrió en un despacho del anexo de la Cámara de Diputados. “Terminó la reunión en ese momento”, ha recordado Rodríguez.

debate expresa la interpretación de que la decisión de liberar a los condenados en los juicios a las juntas bajo el gobierno de Alfonsín completó el objetivo de los partidos políticos de terminar con una corporación militar. La democracia argentina vio, con la medida de Menem, cerrarse la era de los conflictos con los militares, y la desaparición de la hipótesis del golpe de estado, con la cual se había acostumbrado a convivir la Argentina desde 1930. Lo que no resolvió fue la materia de aquellos juicios, que es la tragedia del terrorismo de Estado y la violación de los derechos humanos.

Trump alienta la tentación del auto indulto

El reclamo de indulto del oficialismo para la vicepresidenta evoca el regalismo de la medida, antaño reservada a los reyes, como recordó Alberto al decir que es un resabio monárquico. Como es el intento de Donald Trump -revelado esta semana por fuentes de “The New York Times” de indultarse a sí mismo– algo que podría hacer Cristina con el sólo expediente de asumir la presidencia por unas horas, si Alberto se va de viaje al exterior. O el perdón que se aseguró Vladimir Putin, mediante una ley que lo protege de futuros reproches judiciales. En el caso de Cristina, el argumento es que el Estado la persigue a través de los jueces. Le duele que el Estado sea administrado por sus compañeros y que los funcionarios, socios de ella en el gobierno, no hagan nada. Quizás es porque no hay persecución política, ya que los jueces actúan con independencia de quien manda, y tienen una agenda propia, inalcanzable para el Ejecutivo de esta o de la anterior gestión. O porque Alberto la mantiene en función piloto, en el corralito judicial, para despachar peleas de poder en la trifecta oficial que integran ella, él y Sergio Massa.

Hay pruebas para respaldar cualquiera de esas dos explicaciones. El resultado es que ella es la víctima. Responde con proyectos de reforma judicial que no la librarán de ir a tribunales en varias causas. También habilita las leyendas sobre que le impone al presidente proyectos y agendas que irritan a Olivos. Si fuera cierto que ella lo acosa a Alberto con demandas, un indulto sería una forma de salir del aprieto: ya hice lo que me pedías, ahora dejame en paz. Sería un gesto de clemencia. “Los códigos penales de todos los países -enseñaba Alexander Hamilton en 1778- se hallan tan impregnados de una necesaria dureza, que, si no se facilita la forma de hacer excepciones a favor de los delincuentes desgraciados, la Justicia exhibirá una faz en extremo sanguinaria y cruel” (El Federalista, LXXIV.)

Una oportunidad para halagar al público del banderazo

Sí es cierto que quienes creen que Alberto carece de las agallas para enfrentarla, ponderarían la audacia de pararse de manos ante ella. El peronismo ha hecho ya de la captura de las banderas ajenas un método de sobrevivencia. El ciclo Duhalde-Kirchner prosperó durante una década apoderándose de las consignas que había construido la oposición -particularmente radical- contra el peronismo en la década anterior. Estatizar jubilaciones, empresas del Estado privatizadas, la crítica al llamado neoliberalismo -palabreja que aportó Alfonsín para enfrentarlo a Menem en los ’90-, la salida de la convertibilidad, la ley de medios audiovisuales, todos fueron impulsos radicales, que este neoperonismo del siglo XXI dio vuelta en su beneficio. Respondían a consensos con los sectores medios, que el peronismo de la era Menem había defraudado.

Esa artillería fue cautivada y llevada a leyes que le permitieron hacer músculo y, de paso, arrinconar a la oposición en la defensa vergonzante de proyectos que habían sido suyos. Esta calesita buscó crear poder más que solucionar problemas; el balance dice que no ayudó a resolver los de fondo. El ejemplo de esa metodología son casos como el de Oscar Parrilli, que fue miembro informante de la ley de privatización de YPF y, años más tarde, de la estatización de las acciones de Repsol en esa misma compañía. Oscar Lamberto fue el informante en el proyecto de ley de convertibilidad en 1991, y también de la ley de salida de ese sistema en 2002. ¿Cómo no abordar este método, para capturar a la burguesía del banderazo, que se concentra en el rechazo a Cristina, y darse el gusto de cabalgar una recuperación de prestigio ante los sectores medios? En ese sentido sería, quizás, la última oportunidad de tener el poder como presidente. Algo que hasta ahora no ha podido exhibir -o no ha querido, como interpretan otros-. Es una audacia, que probaría si es un funcionario, o un político. El político se define, entre otras cosas, por el instinto homicida.

Le conviene al peronismo no cristinista

El filo doble de estas medidas: es una solución para uno, y un problema para el otro. Alberto tiene que arriesgar su capital político -rubro en el cual está cerca del default- por el descrédito que ganaría en algunos sectores, al tomar una decisión así. Lo puede hacer si tiene un costado rentable. Por ejemplo, que ella acuerde que dejará de cargar al gobierno con el peso de su gravosa agenda judicial, y que lo dejará a Alberto ser Alberto, no Fernández. Indultada, entraría en el cono de sombra de los indultados que se liberan de la pena, pero quedan estigmatizados como responsables de las acusaciones por las que no llegaron a juicio. Fue el motivo que llevó a Hipólito Yrigoyen a rechazar un perdón del dictador José Félix Uriburu, dictado en 1932. Argumentó que era inconstitucional, y buscaba menoscabar la figura del ex presidente, víctima de un golpe y del lawfare -diríase hoy-.

Un indulto así sería un golpe de palacio que Alberto arriesgaría si cosechase otros beneficios. Por ejemplo, la gracia del peronismo no cristinista, que manda en la mayoría de las provincias y que en 2019 condicionó su apoyo a la fórmula nacional del PJ a que Cristina no la encabezase. Ese peronismo cree que ya pagó en esta vida el “costo Cristina” y querría que la hipótesis de la restauración cristinista desaparezca del escenario. Lo mismo querría algún sector de la oposición, la que sigue el diagnóstico de Mauricio Macri, quien en peregrina interpretación, ha sancionado que el peronismo ha sido secuestrado por el kirchnerismo, como si no fueran lo mismo.

Indultar para pacificar

Se entiende la presión de los voceros del cristinismo por algún perdón deus ex machina. Aun en el caso de que el sistema funcione con sus rutinas habituales, ella pasará los próximos años en Tribunales. Si sobreviene una reforma como la que aprobó el Senado -y que espera turno en Diputados- el sistema entraría en parálisis por las demoras de implementación, nulidades sobrevinientes por la fusión de jurisdicciones, las lentas designaciones, etc. Ese estrés institucional la haría pasar en capilla más tiempo. Menem o Fernando de la Rúa estuvieron en capilla casi dos décadas por los juicios por el contrabando de armas, o los presuntos pagos en el Senado respectivamente. Sólo la puede salvar un indulto, si Alberto y su constelación política -los propios, más algún sector de la oposición- ven esa medida como una salida que pacifique el sistema político, y la aparta de la ecuación de poder.

Es lo que logró el indulto de Menem a los militares, o lo que hizo Richard Nixon con el indulto que le firmó Gerald Ford. Lo liberó de un juicio por el Watergate, pero se lo sacó de encima. Borró de un plumazo una sombra sobre su presidencia, que hubiera agravado el panorama que recibió. La misma música pudo tener otro indulto de oportunidad, como el que firmó en 1951 Juan Perón para sacarlo del penal de Olmos a Ricardo Balbín. Era víctima del lawfare peronista de aquellos años, por un presunto desacato que ya le había costado el desafuero como diputado. Fue una manera de sacarse de encima una sombra, por el lío que significaba la romería de visitas que recibía en Olmos. Este efecto es el que le ve a un eventual perdón presidencial, el ex candidato Miguel Pichetto: el indulto como un gesto de prudencia. “Como el sentido de la responsabilidad es siempre más fuerte, mientras menos se divide ésta, es fundado inferir que un solo hombre estará más dispuesto a prestar atención a los móviles que quizá aconsejen una mitigación del rigor de la ley y menos expuesto a ceder ante consideraciones dirigidas a amparar un delito merecedor de castigo”. (Hamilton, LXXIV).

El Gobierno moviliza al Ejército del Norte

El Gobierno discutirá su estrategia electoral en la una serie de concilios tribales. El primero será una exhibición del ejército del Norte, que participará de una cumbre regional con la presencia de Alberto Fernández. Ocurrirá el 20 de enero en La Rioja. Ese día se reunirá con una decena de los gobernadores del llamado Norte Grande, la mayoría peronistas (8 de los 10 convocados). La atención se centrará en la reunión aparte y presencial que hará Fernández con el segmento peronista del Consejo Regional del Norte Grande Argentino, que preside de manera temporal Jorge Capitanich, el más importante de los mandatarios cristinistas del interior.

El voto del Norte del país es, junto al del conurbano bonaerense, la clave del poder electoral del peronismo. El resto del país queda librado a alianzas con quien se ponga, pero estos dos sectores –Norte y Conurbano- cifran cualquier chance electoral. Mostrar concierto con esos conglomerados es una manera de intentar un liderazgo para Alberto, que integra la triada de poder junto a Massa y Cristina. La convivencia no es pacífica porque disputan el control del armado metropolitano. Pero también lo hacen con el resto del peronismo del interior, en donde hay gobernadores de peso como Juan Schiaretti, Omar Perotti, Juan Manzur, Jorge Capitanich o Gustavo Bordet. La cumbre del Norte exhibirá el núcleo de provincias donde el peronismo tiene más sostenibilidad política.

Sin PASO, Alberto y los Kirchner se aseguran lapicera

En esa reunión, el Gobierno agotará el debate sobre la suspensión o no de las PASO, que busca resolver antes de fin de mes. Parece una puja cerrada en el oficialismo. El sector Alberto-Massa apoya la suspensión, frente al cristinismo que ha dado señales de querer mantenerlas. La exaltación de Máximo Kirchner como presidente del PJ de Buenos Aires, implica que el hijo de Cristina tendrá el manejo de la lapicera en el armado de las listas. Puede prescindir de las PASO en ese distrito, como Alberto en el orden nacional. Hasta los radicales Gerardo Morales y Gustavo Valdés que están comprometidos con el rechazo al proyecto: en este punto acatan la posición en contrario de su partido, la UCR. Todos coinciden en que son caras e inútiles, y que en tiempos de peste es mejor dedicar los recursos a otros fines. Los movimientos del peronismo en torno a que Alberto y Máximo sean admitidos como conducción, les evita cualquier amenaza de división. Estar unidos fue la clave de la recuperación en 2019 del poder que habían perdido desde 2009, por dividirse.

La oposición pone aprueba la unidad

La oposición es la que ahora tiene que encontrar alguna receta de unidad que aplaque las tensiones internas. El país discute las PASO. El peronismo se inclina ante liderazgos pasajeros como los de Alberto y Máximo, designaciones de superestructura sin construcción desde abajo. Pero el radicalismo libra disputas internas profundas, en por lo menos cuatro de los distritos más grandes de la Argentina: 1. En Buenos Aires en marzo se enfrenta el ala de Salvador-Abad (identificada con lo que fue el gobierno de María Eugenia Vidal), con Gustavo Posse y el ala Storani-Casella. 2. En Capital disputa el nosiglismo con el ala de Angelici (el pro-radicalismo que se construyó al calor del macrismo) y la lista que alienta Jesús Rodríguez. 3. En Córdoba, provincia en la que no hay PASO provinciales, están enfrentados el sector de Mario Negri (autoridad parlamentaria nacional como jefe del interbloque de Juntos por el Cambio) con el de Ramón Mestre. 4. El radicalismo de Santa Fe, históricamente tironeado por alianzas con el Pro y el socialismo, intenta en estas horas armar un Frente Amplio provincial que unifique a los sectores.

Este conglomerado radical, que aporta a la oposición solidez territorial en los distritos más grandes de la Argentina, en los cuales la fórmula Macri-Pichetto tuvo su mejor elección a presidente, tiene a su vez que conciliar con los primos del PRO y la Coalición, en unas elecciones fragmentadas en 24 distritos, y con una fuerza que tampoco tiene liderazgo unificado. Este lunes se reunirá la mesa nacional de Juntos por el Cambio para intentar algún armado que solvente la falta de una estrategia unificada hacia adentro, que esté por encima de la que han acordado hacia afuera: permanecer unidos y no discutir liderazgos.

Diputados: no hay protocolo para las leyes tóxicas

Le agrega ebullición a esta reapertura de agendas la puja por la reapertura de sesiones en Diputados, que intenta el oficialismo para la última semana de enero. El trámite avanza por la colectora. Massa no abre la boca. Está de veraneo en Pinamar, a dos cuadras de donde se aloja el jefe del bloque del PRO Cristian Ritondo, y no lo ha llamado para decirle qué quiere hacer. Es raro, porque siempre han tenido línea abierta. Envió a través de un secretario, a los bloques legislativos, un proyecto de prórroga del protocolo de sesiones presenciales que rigió hasta el 4 de enero. Manda a decir que es bueno que se reabra el Congreso en enero, que no lo hace desde el verano de 2002. No sabe qué quiere decir con eso, porque en aquel tiempo ardía el país y se reabrió para designarlo a Eduardo Duhalde. Esto sólo explica el negocio, pero no la ideología: la oposición quiere saber qué proyectos quiere tratar el peronismo.

El último protocolo se aprobó de manera pacífica, porque fue para tratar proyectos de consenso. El peronismo defraudó el compromiso al mandar el recorte a los fondos policiales de la CABA, un proyecto que sirve más a la estrategia de poder del oficialismo que al interés público. La oposición no renovará el protocolo si Massa insiste en que se traten la reforma judicial y el descabezamiento de la procuración (para sacarlo a Eduardo Casal de la jefatura de los fiscales), pinzas de fuerza en la estrategia del oficialismo, y que figuran en el listado de temas del decreto que convocó a sesiones extraordinarias. Del lado de Massa les dicen que en realidad les interesan algunos proyectos Guzmán, como el de sostenibilidad de la deuda, o la prórroga del régimen de corte de los biocombustibles (que no está en ese decreto). Massa orejea el naipe a la espera de la respuesta del principal bloque opositor. La tendrá este lunes, después de la reunión de la mesa de Juntos por el Cambio: sólo hay protocolo y sesiones en enero si no se tratan los proyectos tóxicos, o sea la agenda judicial.

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