Las obras sociales sindicales, donde se atiende casi la mitad de la población

adheridos a más de 210 obras sociales. Además, funcionan obras sociales provinciales para el sector público y obras sociales del personal civil y militar de las Fuerzas Armadas, de seguridad, Policía Federal Argentina, mientras la población con mayor riesgo –jubilados y pensionados- se atiende a través del PAMI.

En total casi 300 obras sociales e institutos de salud que abarca al 60% de la población. Frente a versiones de reformas, la CGT hizo en su reunión de mesa chica de esta tarde en UPCN una fuerte defensa del sistema.

En las obras sociales sindicales, unos 12 millones son empleados en relación de dependencia más sus familiares, poco más de 5 millones son jubilados y pensionados con la cobertura del PAMI, casi 2 millones son monotributistas, incluidos los monotributistas sociales, y el resto se completa con personal doméstico y beneficiarios de la prestación por desempleo.

Así, el sistema de obras sociales tiene la mayor cobertura de salud, seguido del hospital público con otro 35% y el resto corresponde a los diversos sistemas privados que se financian con los aportes directos de sus afiliados.

Las obras sociales sindicales tiene su origen en la propia actividad y reciben los aportes de los afiliados en relación de dependencia y las contribuciones obligatorias de las empresas, en tanto los monotributistas pagan una suma fija ( $ 1.041,22 que aumentará en un 35,3% desde este mes si se aprueba el proyecto de ley enviado al Congreso. Así, OSECAC ( comercio) es la más numerosa, seguida de otras como Rurales y Estibadores.

No obstante, por el aumentos de los gastos médicos, entre las obras sociales se considera necesario elevar los aportes de los monotributistas y el porcentaje de las contribuciones patronales.

Un porcentaje de esos ingresos van al Fondo Solidario de Redistribución (FSR) que asiste al sistema de tratamientos y enfermedades costosos y otorga subsidios a las obras sociales más chicas.

En la década de los 90, a partir de la desregulación del sector se permitió el traspaso de los afiliados de obras sociales derivando los aportes obligatorios del sistema. Eso permitió que obras sociales más chicas se asociaran con prepagas y captaran afiliados de mayores ingresos quienes pasaban a recibir las prestaciones de la medicina privada.

Según la Superintendencia, desde mayo de 1998, las obras sociales que recibieron el mayor número de traspasos, más de 300.000, fueron la del Personal del Organismo de Control Externo, Petroleros, Comisarios Navales y del Personal del Automóvil Club Argentino.

De acuerdo a los últimos datos de AFIP, en septiembre, por la distribución de la recaudación, las obras sociales recibieron $ 31.322 millones, otros $ 5.680 millones fueron al Fondo Solidario de Redistribución del sistema, y al PAMI $ 15.322 millones. En los tres casos, agravado por la pandemia y la caída del empleo registrado, en términos reales los ingresos descendieron y el sistema estuvo otorgando compensaciones con relación a los ingresos de marzo pasado.

Así, las obras sociales recibieron durante 2019 un total de $ 23.909 millones como “adelanto de fondos” del Sistema Único de Reintegros (SUR) “por las solicitudes presentadas pendientes de cancelación y por las que se presenten en el futuro”. Corresponden “a las prestaciones de alto impacto económico y que demandan una cobertura prolongada en el tiempo” y que se financian del Fondo Solidario de Redistribución que recibe una parte de los aportes y contribuciones del sistema.

Además, recibieron $ 5.282,5 millones por la caída de la recaudación con relación a marzo a través del Fondo de Emergencia que se creó con dinero del Fondo Solidario de Redistribución que recibe todos los meses un porcentaje de los aportes y contribuciones del sistema.