Las palabras del ex alfonsinista, ex lobista de Ciccone y diputado K Leopoldo Moreau revelan un cambio en la estrategia política-judicial K.
La vicepresidenta Cristina Kirchner aprovechó todo el
2020 y el aislamiento social por la pandemia para lanzar más de diez medidas legislativas y administrativas contra la Justicia. Impuso su propia agenda judicial al gobierno del Frente de Todos.
Ninguna logró la nulidad de las causas en que tiene ocho procesamientos confirmados.
Por ejemplo, intentó desplazar a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y la Corte le trabó la medida.
Intentó cambiar al jefe interino de los fiscales Eduardo Casal y Elisa Carrió le hizo jaque apoyando al candidato de Alberto Fernández, el juez Daniel Rafecas para ese cargo.
Intentó impulsar una masiva jubilación de los jueces con un cambio del régimen jubilatoria y solo se fue uno de los que la habían investigado.
Entonces, su asesor personal y juez de la Corte Interamericana Eugenio Zaffaroni pidió un indulto presidencial para los condenados por corrupción, empezando por Amado Boudou.
El presidente Alberto Fernández le contestó que no lo haría y que, en todo caso, el Congreso podía impulsar una amnistía.
Entonces, ella desde el Senado y Máximo, desde Diputados, deberían impulsar una ley en su propio beneficio, es decir una autoamnistía.
Pero Cristina no quiere ser indultada, ni amnistiada, quiere que la declaren inocente y que se demuestra que fue una supuesta víctima del relato del Lawfare.
Entonces, parece que congeló su estrategia de lanzar ampulosas reformas y concentrarse en abrir causas penales para intentar condenar a los jueces y fiscales que la investigaron.
Si se prueba que éstos cometieron delitos, se anulan las causas contra Cristina como consecuencia de la teoría del árbol envenenado.
Su alter ego, en paralelo a Moreau, el ex jefe de la AFI y senador Oscar Parrilli salió a dar los primeros tres nombres para el patíbulo mediático: el ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti, al camarista Martín Irurzun y el fiscal Carlos Stornelli.
El cambio de estrategia supone, como hicieron con el Operativo Puf, armar causas en juzgados de jueces militantes a través de maniobras de forum shopping (elegir al juez amigo).
Sin pruebas servirán para instalar la idea de que “la política y la justicia argentina es un chiquero”, como dijo un diputado opositor, y que todos “estamos embarrados”.
En los próximos meses lanzarán todo tipo de denuncias contra jueces y fiscales en juzgados de instrucción.
Las pondrán mantener vivas durante la campaña electoral.
Pero luego, en su mayoría, cuando lleguen a las cámaras de apelaciones o de Casación o la Corte se caerán como castillos de arena por falta de pruebas.
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