A días de un nuevo aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la justicia reactivó la investigación sobre los movimientos de dinero del fallecido titular de la UFI AMIA y de
su familia. En el marco del expediente por presunto lavado de dinero, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó embargar las cuentas bancarias de Sara Garfunkel, Sandra Nisman -madre y hermana del ex fiscal, respectivamente-, y de Diego Lagomarsino, procesado como coautor del homicidio. Se decidió establecer la evolución económica histórica de los ingresos y egresos de los imputados, entre quienes también está Claudio Picón.
Hace seis años, después de que el cuerpo de Nisman fue hallado sin vida en su departamento de Puerto Madero, la justicia comenzó a investigar los bienes del grupo familiar del ex fiscal, de Diego Lagomarsino y de Claudio Picón. Entonces, se requirieron detalles de declaraciones juradas y todo lo vinculado a la conformación patrimonial. Las medidas se impulsaron en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.
Ahora, el juez Martínez De Giorgi ordenó una serie de medida patrimoniales sobre la madre y la hermana de Nisman, con el fin de “evitar que los imputados pudieran continuar obteniendo un beneficio de lo que podría ser producto de un ilícito”, sostiene la resolución de doce páginas a la que accedió Clarín.
En primera instancia, el magistrado señaló que el paquete de medidas de prueba ordenadas -entre ellos el embargo y congelamiento de cuentas bancarias- tiene como finalidad “establecer una evolución económica histórica de los ingresos y egresos de Sara Garfunkel y Sandra Ruth Nisman, los señores Diego Ángel Lagomarsino y Claudio Picón, como también el señor Alberto Natalio Nisman”. Por ello, se le encomendó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado que efectúe a través del Cuerpo de Peritos del Poder Judicial especializado en casos de corrupción y delitos contra la administración Pública, un estudio sobre ellos.
En esta pericia contable se recomendó tener en cuenta “no tan solo en la documental que surge de estos actuados, sino también a través de la información que surge de las bases de ANSES, AFIP, BCRA, NOSIS, FIDELITAS, VERAZ, y cualquier otra que pueda resultar una fuente accesible de datos, a cuyo fin deberán ser consultadas”.
Acompañando estas medidas, y con el objetivo de conocer en detalle los bienes declarados por Alberto Nisman, el juez requirió al Juzgado Nacional Civil 99 todo el listado del acervo hereditario en el marco de la sucesión del fiscal.
Bajo la misma línea de investigación, el juez ordenó la intervención de un conjunto de empresas: “Palermopack S.A.” Starpack S.A.” y “Easy Pack”, y la designación de un interventor veedor informante por el plazo de doce meses, todas ellas vinculadas a Claudio Picón.
En su oportunidad, se había señalado que había sumas elevadas de dinero que se desprendieron de documentación personal e información recogida de la computadora de Alberto Nisman, que no lograban justificarse. Las pruebas se incorporaron al expediente por lavado de dinero. Allí, se determinó que había desde un fideicomiso de unos 60 mil pesos, a gastos de tarjeta por unos 40 mil y expensas en dólares por lotes exclusivos en Punta del Este.
La causa por lavado de dinero estaba en el juzgado a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, pero desde su jubilación es Martínez De Giorgi quien subroga el cargo.
El técnico informático y los familiares de Nisman figuran como cotitulares de una cuenta bancaria en el banco Merril Lynch de Nueva York, que según indicó la imputación judicial habría omitido su condición de funcionario del fallecido fiscal, quien como apoderado de esa cuenta se inscribió como “lawyer on practice” (abogado en práctica). Fue ese el puntapié de la investigación a la que luego se le sumaron otros bienes bajo la mira: otra cuenta bancaria en el Uruguay, tres lotes exclusivos en Punta del Este y un fideicomiso en Capital Federal.
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