La decisión de cerrar las exportaciones de maíz comenzó a gestarse cuando la secretaria de Comercio Paula Español llamó a Agricultura y le dijo la industria aviar le había pedido salir
de los precios máximos por la fuerte suba en el precio del maíz, que alcanzó el máximo en siete años y es el 65% de los alimentos balanceados para pollos. “Hacé algo”, habría sido el pedido a Luis Basterra. El último 30 de diciembre, Basterra, decidió cerrar las exportaciones de maíz. El presidente Alberto Fernández le había reclamado firmeza y diálogo. Por cierto, para evitar que el conflicto que se originó con la medida se profundice, hubo en los últimas 24 horas varios ministerios involucrados. Agricultura, Cancillería y Desarrollo Productivo. Y del lado de los privados, los aceiteros y la Bolsa de Cereales.
Pero el 30 de diciembre se evaluó que la carne vacuna y la de pollo, las principales proteínas animales consumidas, habían tenido subas anuales del 70% y 60%, respectivamente.
En esos días se habían anticipado exportaciones, unas 34 millones de toneladas, sobre un total teórico los 38,5 millones de toneladas.
La reacción de las entidades del campo fue inmediata. Lanzaron un paro pero dejaron unos días para seguir negociando, tarea que recayó en el Consejo Agroindustrial Argentino, integrada por 57 cámaras, que fue el nexo del Gobierno con el campo durante todo el año pasado. Con el Consejo, el Gobierno busca diluir el poder de la Mesa de Enlace. Aislarla.
El Consejo, comandado por José Martins, titular de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, y Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-Cec, presentó los números disponibles de maíz afirmando que quedaban entre 8 a 10 millones de toneladas de la vieja cosecha, la misma cantidad que días más tarde publicó en su página web el mismo Ministerio.
Cuando tuvo la información Basterra les prometió flexibilizar. Lo hizo el lunes a la madrugada en lo que fue un efecto búmeran ya que abrió un cupo de 30.000 toneladas diarias, algo similar a los Registro de Operaciones de Exportaciones (Roe) que se implementaron en la gestión de Cristina Kirchner, donde se decidía a dedo quién exportaba y cuánto.
Ante el malestar creciente del campo, desde la Casa Rosada le pidieron a Basterra que solucione el problema. Convocaron a la Mesa intersectorial del Maíz, una organización interna del Consejo Agroindustrial, acordaron eliminar el cupo. Trascendió que fue invitado Confederaciones Rurales Argentinas, pero no Federación Agraria y la Sociedad Rural, por lo que plantearon de ir todos o ninguno. Y no fue ninguno.
En la reunión que mantuvieron los funcionarios de Agricultura y Desarrollo Productivo con la cadena decidieron un fideicomiso para que se desacoplen los precios internacionales del interno. Ayer se reunieron para avanzar, pero explicaron que no es nada sencillo ponerlo en práctica.
Este es un mecanismo similar a lo que implementó Cristina Kirchner en su gestión con el aceite y que también se está utilizando en estos momentos. La industria aceitera hizo pública su posición de armar este fideicomiso ya que desde el Gobierno evaluaban cerrar también las exportaciones de girasol.
Además, intervino Jorge Neme, secretario de Relaciones Económicas Internacionales, proponiendo la herramienta Fogar (fondo de garantía) para garantizar que los productores les vendan a los transformadores de maíz, principalmente los polleros, que desde el mismo sector los tildan de “malos pagadores”.
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