¿Por qué hubo un explosivo intercambio de llamadas y mensajes entre agentes de la AFI y el Ejército que comandaba César Milani durante las horas en que Alberto Nisman estaba
muerto sin que nadie lo supiera? Es el interrogante que la fiscalía a cargo de Eduardo Taiano buscará responder a partir de febrero, cuando cite a casi 90 espías a prestar declaración testimonial en el marco del caso que investiga la muerte del entonces titular de la UFI AMIA.
A seis años del inicio del expediente, los investigadores reiteran que se trató de un homicidio. Unos 500 testimonios de vecinos de Le Parc, más de 26.000 imágenes de archivo, un entrecruzamientos 45 mil llamados y una pericia tecnológica son parte de las pruebas concluidas. Un paquete de medidas en curso conducirán el caso hacia su clausura y pedido de elevación a juicio.
Son en total 24.000 fojas las que conforman el expediente en el que el juez Julián Ercolini junto al fiscal Eduardo Taiano, determinaron en una primera instancia que Alberto Nisman fue víctima de un homicidio. La Cámara Federal porteña fue más allá, y pidió investigar si el crimen no guardaba relación con su actividad como fiscal y su reciente denuncia contra quien era presidenta de la Nación, Cristina Kirchner. Tres días antes, había sostenido en un dictamen que había que investigarla por el encubrimiento del atentado de la AMIA tras la firma del Pacto de entendimiento con Irán.
En aquella resolución, el juez Ercolini indicó que “existió un plan que se pergeñó para terminar con la vida de Nisman” y señaló que “lo mataron con el arma de Diego Lagomarsino”. Sin dejar dudas escribió: “La muerte del fiscal Nisman no obedeció a un suicidio y habría sido producida por terceras personas y en forma dolosa”. A seis años los autores siguen siendo desconocidos y se investiga si los mismos responden al mundo de los servicios de inteligencia.
Bajo esa línea argumentativa, la fiscalía avanza sobre el rol de los agentes de la Agencias Federal de Inteligencia y un grupo que ya se encuentran desvinculados de la AFI. Con una batería de medidas de prueba, la investigación a cargo de Taiano busca dar con los responsables del homicidio que sigue impactando en el mundo político y que trascendió las fronteras del país.
Es por ello que se sigue la pista de los servicios de inteligencia, por una “explosión de llamados previos a la muerte de Nisman, llamados cerca de la casa de Lagomarsino el 17 de enero y la cercanía de otros servicios en la zona de Le Parc”.
Esa mañana, cuando no había sido pública aún la muerte de Alberto Nisman, hubo un sinfín de llamados telefónicos entre espías. Una pericia que realizó el área especializada de la Policía Federal entrecruzando líneas de celulares vinculadas a los servicios de inteligencia reveló “datos significativos”. Fueron un total de 45.000 llamados que estuvieron bajo análisis y cuyo resultado se encuentra en manos de la fiscalía.
En aquellas líneas asignadas a agentes de menor categoría figuran llamando a sus superiores, y éstos a su vez a la cúspide de la AFI. Hubo llamados a Jaime Stiuso, el ex poderoso agente de la SIDE que había sido despedido pocos meses antes. Pero también se registraron llamados al enemigo interno de Stiuso, Fernando Pocino, el ex Director de Reunión Interior de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
El análisis tomó como fecha de corte desde el momento que Alberto Nisman presentó la denuncia contra Cristina Kirchner, el 14 de enero, hasta el 18 en que fue hallado muerto. Comparando el movimiento de esas líneas un año antes, se observó que durante los doce meses previos a aquel día nunca hubo ese nivel de llamados en cercanías al edificio Le Parc. Fueron, por lejos, más de cien comunicaciones en pocas horas.
Esto tiene otro punto bajo análisis. El entrecruzamiento de los miles de llamados, arrojó que ese domingo, temprano por la mañana en la zona de Puerto Madero había entre cinco y diez agentes de inteligencia. Ninguno de los movimientos de los espías y ex espías expone “mucha normalidad”, señalaron a Clarín fuentes judiciales.
No todo se circunscribe al mundo de los espías, el conjunto de llamados analizados también tenía otros destinatarios. Muchos de los agentes que serán citados figuran llamando a Juan Martín Mena, entonces mano derecha de Oscar Parrilli en la AFI y actual viceministro de Justicia.
Algo que también buscará dilucidar la fiscalía son las llamadas de Oscar Parrilli a secretarios de la Presidencia aquel día.
Otras pruebas en curso
Por otro lado, la fiscalía ya terminó de tomar 500 declaraciones testimoniales a todos los vecinos del complejo de Le Parc. Todas fueron concluyentes en un mismo sentido: El lugar “no era infranqueable”. Había muchos puntos que las cámaras de seguridad no registraban, y cerca de ocho cámaras no se encontraban en funcionamiento aquel enero de 2015. Por otro lado, los propios vecinos expusieron haber sido víctimas de diversos hechos de inseguridad sin que nadie se percate de lo sucedido. “No es un aeropuerto ni la NASA, es un lugar donde podían entrar sin ser vistas las personas”, dijo uno de los vecinos al declarar.
Esa medida es acompañada con un banco de 26.000 imágenes de personas y patentes de vehículos que ingresaron y egresaron de Le Parc ese fin de semana. Se trata de un archivo para cotejar cualquier sospecha que pueda ir surgiendo sobre movimientos extraños en ese período.
Por delante quedan concluir la recepción de declaraciones testimoniales a personal de la empresa de seguridad del lugar, como también la respuesta del exhorto remitido a Israel respecto al testigo que dijo haberse reunido con Nisman para entregarle unos documentos vinculados a Cristina Kirchner.
Aún se realiza una pericia sobre otro conjunto de teléfonos que están vinculados a la AFI, proporcionados por el organismo de inteligencia durante la gestión macrista. Y dando un paso más allá, la fiscalía aún encuentra “inconsistencias en las explicaciones de Diego Lagomarsino (procesado como partícipe necesario del crimen) respecto a cómo conoció a Alberto Nisman”. Por ello, el fiscal Taiano pedirá una serie de testimoniales para desentrañar el inicio de ese vínculo que tiene su pata en las fuerzas de seguridad.
La fiscalía continúa avanzando en el expediente, bajo la premisa a la que arribaron el 26 de diciembre de 2017, cuando se dictó el procesamiento contra Diego Lagomarsino como partícipe necesario del homicidio, y contra dos de los cuatro custodios también señalados como encubridores: Rubén Benítez y Luis Miño, acusados de no haber “protegido en forma debida” al entonces fiscal. Tenían a su cargo el dispositivo de seguridad los últimos días de vida de Nisman, quien, sostiene la justicia, fue asesinado.
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