Aborto legal: los celestes anticipan “una ola de amparos y acciones legales” para frenar la ley

norma quedó notificada en el Boletín Oficial, con el fin de solicitar a la Justicia su Inconstitucionalidad. “Es laprimera de las acciones de una ola de amparos que se viene a nivel nacional”, afirma Claudio Venchiarutti, abogado de la Fundación Más Vida y Secretario General del Partido Celeste.

Venchiarutti sostiene que, desde distintos puntos del país, “se irá analizando el texto de la promulgación para, de acuerdo con cada distrito o municipio, contrarrestar con amparos a nivel nacional, también desde otras organizaciones provida, pero todos encolumnados bajo el mismo tono del mensaje: no avalamos el aborto en absoluto“.

Una de las más fervientes y combativas contra la ley, que tendrá vigencia a partir de 23 de enero -ocho días después de su promulgación- es la senadora Silvia Elías de Pérez, quien ya había denunciado al presidente Alberto Fernández “por haber apretado personalmente a los senadores para que voten a favor del aborto”. A Clarín le dijo que “la reacción con acciones judiciales ocurre siempre que se aprueba una ley injusta“.

La senadora tucumana de Juntos por el Cambio cree que “la ofensiva tiene como objetivo reparar, disminuir o frenar el daño que en este caso esta ley produce, una ley que intenta transformar en un derecho la terminación de la vida de un niño por nacer. Por eso vamos a respaldar a toda persona que sienta que sus derechos están vulnerados, sean padres, médicos, docentes o las propias mujeres, que deben recibir el 100 por ciento de la información y no sólo aquella referida al aborto en sí”.

Elías de Pérez cree que “la promulgación de la ley motivó que a lo largo y a lo ancho de la Argentina surja una gran cantidad de planteos judiciales porque la ley es, fundamentalmente, injusta además de tratarse de una ley inconstitucional. Y en mi carácter de senadora nacional apoyo a todas las ONG que defiendan la vida y a todas las que tengan las legitimaciones activas para poder hacer las presentaciones que hagan falta”.

La legisladora hace saber que “más que nunca seguiré trabajando para que esta ley, algún día, deje de regir en la Argentina. Y es muy importante dar los pasos correctos que nos llevarán al éxito. La lucha recién comienza, la clave es que nadie baje los brazos”,

Jujeña, residente en Córdoba, María Amelia Moscoso es abogada de la Unidad Provida, ONG en contra de la legalización del aborto. “Vamos a leer con suma atención los términos en los que se realiza la promulgación de una ley que entra en vigencia a los ocho días de ser publicada en el Boletín Oficial. Pero desde Unidad Provida, que es una red de organizaciones a nivel nacional, estamos analizando cuáles son los derechos afectados por esta ley, porque no sólo se afecta el derecho a la vida del colectivo de niños por nacer, sino también el de otros actores involucrados en este proyecto”.

Moscoso se refiere primero “a mujeres y niños, luego a médicos, enfermeras, instrumentistas y docentes, que se ven privados de la libertad de cátedra, ya que este proyecto modifica la ley de educación sexual integral, imponiendo que se enseñe el aborto como derecho. Es una ley que impone cargas contrarias a las convicciones de los docentes. Por eso tenemos la intención de proteger a los colectivos perjudicados, acompañando y protegiendo. ¿Cómo? Presentando acciones legales ante la Justicia ordinaria o federal“

Unidad Provida, que tiene representación a nivel nacional, tiene como misión “que el aborto sea impracticable, trabajamos en la contención de la maternidad vulnerable y la protección de la infancia para que, insisto, el aborto sea impensable. Por eso estamos apuntando, primero, al acompañamiento del colectivo de médicos, enfermeras e instrumentistas, porque con los docentes tenemos un poco más de tiempo, si es que las clases empiezan en marzo”.

La abogada jujeña no tiene dudas de que “se generará una ola de recursos de amparos y acciones legales porque se trata de una ley palmariamente inconstitucional, definición que los propios senadores volcaron en el recinto. Desde nuestra red de organización tenemos legitimación activa y personería jurídica para llevar a cabo el procedimiento que -destaca- la presentación legal no será un sólo texto tan lineal sino varios, según la provincia y sus constituciones que protegen la vida desde su concepción“.

“Será unánime el reclamo de un país comprometido con esta causa. Sabés que no será sencillo porque para el gobierno la promulgación de esta ley es su única promesa cumplida mientras ajustaba el salario de los jubilados. Y llamó la atención el apresuramiento de la sanción, pareció más una urgencia para satisfacer a sus votantes que otra cosa. Sólo espero que la Justicia sea un poder independiente, como lo señala nuestra Constitución Nacional y el Poder Judicial no accione influenciado por el presidente”.

Desde San Salvador de Jujuy, Ayelén Alancay, abogada provida sostiene “la tristeza de toda la provincia, donde el 98 por ciento está en contra de la ley del aborto porque se trata de una sociedad que prioriza los valores, las tradiciones y que defiende lo cultural como lo es la Pachamama, asociada con la maternidad, la madre tierra, la madre dadora de la vida. Aquí cuando nos enteramos que una mujer está embarazada es motivo de celebración”, describe.

Alancay le dijo a este medio que “apoyaremos lo que haga la Fundación Más Vida, pero a la vez presentaremos amparos en Jujuy representando a organizaciones como Provida Jujuy y Vecinos por la Vida, que ya están trabajando para contragolpear con fuerza e intentar frenar la realización de abortos que permite esta ley inconstitucional. Por suerte contamos con médicos, docentes y abogados comprometidos con la causa, dispuestos a colaborar con los escritos”.

En esos textos se pondrá especial énfasis “a que la Constitución Nacional reconoce la vida desde su concepción, por lo que esta ley recién promulgada debería ser invalidada, además de la objeción del personal médico que no está dispuesto a llevar a cabo ese tipo de intervenciones. De convalidarse esta ley se produciría una colisión de derechos y no respetar la Constitución es vulnerar el derecho a la vida del argentino o la argentina por nacer”.

Profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, Alfredo Vítolo, que sostiene que la flamante ley “debería ser invalidada por inconstitucional”, siente a la vez que no es prudente salir al toro presentando recursos de amparo y acciones legales “así por que sí, primero porque es prematuro y segundo porque nuestro sistema argentino de leyes no funciona con cuestiones abstractas sino a partir de hechos puntuales“.

Vitolo, también abogado, que no representa a ninguna organización provida ni ONG, está convencido que “no puedo salir como un justiciero a plantear la invalidez de la ley si no tengo un caso concreto, por eso es necesario pensar y trabajar a conciencia, entendiendo que es una pelea difícil que tiene sus plazos. Me consta que ya han presentado amparos, pero hoy lo más importante es acompañar a las personas que pueden encontrarse impactadas por la ley, caso personal de salud que pueda ser objetor de conciencia y resulte víctima de algún tipo de presión”.

Insiste Vitolo con que “por la propia dinámica del sistema de leyes argentino funciona con reactivos, frente a casos concretos, identificados, no genéricos, abstractos. Hoy me pregunto ¿por qué habría de pedir la nulidad de la ley si no sabemos a ciencia cierta cómo va a funcionar? Invalidarla porque sí no genera legitimización suficiente. Aclaro: la ley es inconstitucional, pero ello no la priva de efectos hasta tanto sea derogada o un juez la declare inconstitucional en el marco de un caso”.

DD

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