La ex secretaria privada de Alejandra Gils Carbó durante su paso por la Procuración General, y una actual funcionaria del Ministerio del Interior que conduce Eduardo “Wado” de Pedro,
integran una lista de 15 candidatos a ocupar tres puestos en un tribunal judicial clave que creará el Gobierno y que tiene como función zanjar los conflictos en cuestiones de Defensa de la Competencia que existan entre las empresas.
Así lo confirmó el Gobierno la semana pasada, cuando publicó las candidaturas para cubrir tres lugares en una sala estratégica que será parte de un organismo descentralizado, denominado Autoridad de la Competencia, creado por ley en 2018 pero nunca puesto en marcha, que vendrá a reemplazar en los hechos a la actual Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y que que tendrá a su cargo, entre otras funciones, la sanción de prácticas monopólicas de empresas, tramitar denuncias de cartelización y monitorear las fusiones entre compañías.
Johanna Cristallo y María Laura Manin son los dos nombres que mayor controversia generan dentro de un listado de 15 candidatos a ser parte de la Sala, que se creará bajo la órbita de la Cámara Civil y Comercial Federal.
En el caso de Cristallo, de 38 años, viene desempeñándose desde 2006 en la Procuración, aunque su crecimiento profesional se dio principalmente durante la gestión de Gils Carbó, de 2012 a 2017, cuando pasó a tener un cargo de Secretaria Letrada, en los hechos, la secretaria privada de la ex jefa de fiscales.
Johanna Cristallo
Fuentes del sector reconocen que Cristallo fue una funcionaria de diálogo constante con Gils Carbó, aunque relativizan que haya sido su “mano derecha”. Además, internamente dentro de la antigua estructura de la Procuración existen diferencias con Cristallo, que fue una de las pocas funcionarias que continuaron dentro del organigrama de la Procuración en la actual gestión de Eduardo Casal, el jefe de fiscales interino, que asumió el cargo luego de la renuncia de Gils Carbó tras su procesamiento en una causa por presunta corrupción y fuertes cortocircuitos con el gobierno de Macri.
Manin, también de 38 años, viene trabajando cerca de “Wado” de Pedro desde el cambio de gobierno, cuando asumió como subsecretaria de gestión administrativa del Ministerio del Interior. De ser designada como autoridad en el Tribunal de Competencia, pasaría directamente de un cargo en el Ejecutivo a uno bajo la órbita judicial, pero que depende de un aval del propio Ejecutivo que hoy ella integra.
La decisión final sobre quiénes integrarán la Sala dependerá de un jurado que incluye, entre otros, al ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, y al Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, ex secretario de Legal y Técnica durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y detenido durante 2018 en el marco de la investigación por la firma del memorándum de entendimiento con Irán por el atentado a la AMIA de 1994.
Cristallo y Manin no son las únicas candidatas a los puestos que deben cubrirse. Ellas son parte de una lista complementaria, pero con chances de ocupar esos cupos. En la misma están Micaela Figueredo, Gonzalo Auguste, Martín Ataefe y Javier Rodiño.
Pero además existen tres ternas específicas para cubrir los puestos, con candidatos de experiencia diversa. La primera la integran Diego Povolo, Alejandro Nobili y Juan Rafael Stinco; la segunda, Federico Malvarez, Santiago Roca y Humberto Guardia Mendonca; la tercera, Silvia Pfarherr, Irina Gedwillo y Javier Barraza.
Reclamo de Carrió en la Justicia
Las dudas sobre cómo actuará la Justicia en cuestiones de Defensa de la Competencia, pero sobre todo, cuándo y cómo se conformará la Autoridad Nacional del área, son temas que inquietan a la oposición, al punto que Elisa Carrió, junto con otros miembros de la Coalición Cívica, reclamaron mediante un amparo ante el fuero en lo Contencioso y Administrativo. El texto, además de la de la ex diputada opositora, lleva la firma de dos diputados nacional del espacio, Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López, y del legislador porteño Hernán Reyes.
Carrió había motorizado la creación de la Autoridad Nacional de la Competencia durante la presidencia de Macri, al punto que los candidatos que habían sido elevados para ocupar los cinco puestos, de carácter ejecutivo y no judicial, fueron desactivados por el actual gobierno.
En diálogo con Clarín, Reyes asegura que se está “violando la ley” y que el “Gobierno (en el caso de la nueva Sala) está creando una Cámara para revisar las actuaciones de un cargo que no está“, en referencia a la falta de la designación de los integrantes de la nueva Autoridad del sector. Para Reyes, se corre el riesgo de “ir hacia un modelo discrecional”, en el que las decisiones en cuestiones de competencia dependan de un tribunal “sin la independencia suficiente”.
En la demanda presentada en el fuero en lo Contencioso Administrativo, se plantea el pedido de devolver los pliegos al Senado o la convocatoria de un nuevo concurso para los cargos. Y se esgrime específicamente que “se dé cumplimiento efectivo en forma legal a la Ley N° 27.442, que creó la Autoridad Nacional de la Competencia como organismo descentralizado”.
TEMAS QUE APARECEN EN ESTA NOTA
COMENTARIOS CERRADOS POR PROBLEMAS TÉCNICOS.ESTAMOS TRABAJANDO PARA REACTIVARLOS EN BREVE.
Comentar las notas de Clarín es exclusivo para suscriptores.
CARGANDO COMENTARIOS
Clarín
Para comentar debés activar tu cuenta haciendo clic en el e-mail que te enviamos a la casilla ¿No encontraste el e-mail? Hace clic acá y te lo volvemos a enviar.
Clarín
Para comentar nuestras notas por favor completá los siguientes datos.
