En la habitual paz que reina los sábados en Olivos o entre las olas de Chapadmalal, Alberto Fernández tomará la decisión acerca de si extiende lo que nació como un régimen de
emergencia en la pandemia. Esto es, la prohibición de despidos y suspensiones, y la doble indemnización en el caso de los despidos sin causa.
El tema preocupa a varios ministros que aún no tienen una posición definida, ya que para muchos la pandemia no ha finalizado y algunos temen que, liberado, haya una ola de cesantías. En el ministerio de Trabajo, conducido por Claudio Moroni, compañero de ruta del Presidente, reina la incertidumbre. Creen que si se elimina la norma no provocará despidos masivos ya que sus indicadores revelan que tanto en la industria de la construcción como de manufactura hay intención de hacer crecer los planteles.
Claro que pesan los sectores de servicios, a los que la recuperación no les llega como hoteles y gastronomía. Cerca de Moroni piensan que si se termina esa prohibición puede actuar como incentivo a la creación de trabajo. Igual dudan. La misma inquietud comparte la CGT en la intimidad. Y todo está teñido por un Covid que no afloja.
Los que sí tienen claro que debe terminar esa medida excepcional son los industriales. Daniel Funes de Rioja, vice la UIA y titular de las alimenticias, lo llama el triple cepo. “No hay manera de garantizar la continuidad productiva si se extiende ese triple cepo”, afirma. Y advierte que el caso de la doble indemnización fue muy aprovechada por las medias y altas gerencias más que por las escalas bajas.
Los otros ministros comparten incertidumbre y alguno sostiene que si ya se eliminó la ayuda para pagar sueldos conocida como ATP, que fue masiva, correspondería terminar con esas prohibiciones. Por cierto el ATP es reemplazado por los Repro que poseen siete requisitos que permiten analizar casi quirúrgicamente si corresponde o no la ayuda estatal para los salarios.
En el Gobierno tampoco creen, en caso de dejar sin efecto esas medidas, que se avecinen conflictos. De acuerdo a sus propios cálculos, los salarios en 2020 empataron con la inflación al aumentar 37% promedio cuando el alza de precios fue de 36,1%. Claro que admiten que hay sectores que quedaron muy rezagados. Y no sólo los vinculados al turismo. Los estatales que ganan más de $ 60.000 están entre los que más perdieron, se ocupan de resaltar.
Planteadas así las cosas, apuestan que las paritarias sean negociaciones prudentes y casi sin conflictos como sucedió en 2020. Este año arrancó el paro de los aceiteros que se prolongó 21 días y Moroni tuvo que negociar como en una simultánea de ajedrez con 20 gremios distintos. El otro es el actual de dueños de camiones, sin representación alguna. Ante el reclamo de los empresarios que exigen la intervención del ministerio de Trabajo, la respuesta es que se trata de un conflicto de privados y que para despejar las rutas está la gendarmería.
En la Casa Rosada se teme que estos cortes de ruta sean un anticipo del año electoral. El Consejo del salario será convocado en abril.
“Argentina maneja bien las crisis, el tema es cómo se ordena la salida”, soltaron en algunos ministerios ante los funcionarios del FMI que al menos en sus visitas exploratorias no hicieron observaciones sobre cambios en las regulaciones laborales. Tampoco estuvo en esas conversaciones la prohibición de despidos y suspensiones, el tema que este sábado resuelve el Presidente.
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