Un grupo de familiares de exfuncionarios detenidos y organismos de DDHH fue recibido este jueves por
la tarde por la embajadora de Francia en Buenos Aires, Claudia Scherer-Effosse, en el marco de una reunión que había sido solicitada hace diez días.
El encuentro duró 90 minutos y se realizó en una sala acondicionada para prevenir contagios de Covid-19 en el primer piso de la representación diplomática de Cerrito al 1300.
Participaron Mónica García de la Fuente, pareja del exvicepresidente Amado Boudou; Alessandra Minnicelli, esposa del exministro de Planificación Julio De Vido, y Verónica Mora, cónyuge del exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi.
También estuvieron el titular de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, José Schulman; el sacerdote del grupo de Curas en Opción por los Pobres Francisco ‘Paco’ Olveira, y Pedro Dinani, también de la LADH, mientras que la embajadora Scherer-Effose estuvo acompañada por la primera secretaria y consejera política y de prensa, Virginie Reynal de Saint-Michel.
Los visitantes le expresaron a la diplomática que en el país “no se respeta la igualdad ante la ley”, “se incumplen las garantías constitucionales” y “se mantiene el ‘law-fare'”, según relató luego Schulman a Télam, mientras que desde la embajada, consultados por esta agencia al finalizar la reunión, subrayaron que el encuentro debía enmarcarse exclusivamente “en el trabajo diplomático de escuchar al conjunto de la sociedad civil”.
“Esta reunión se realiza en el marco del trabajo diplomático y consiste en escuchar al conjunto de la sociedad civil, lo que no implica en absoluto una toma de posición de las autoridades francesas sobre los temas de política interior del país”, aclararon fuentes oficiales de la representación francesa en Buenos Aires.
Schulman, en particular, describió ante la embajadora una presentación realizada hace una semana ante la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Abogados y Magistrados, que encabeza el jurista peruano Diego García-Sayán, “por la continuidad del lawfare en la Argentina tal como lo denunciamos en el año 2019”.
“La autorización para que (Silvia, ex número 2 de la AFI) Majdalani, que fue una de las principales articuladoras del plan de persecución político-judicial, pueda hacer sus vacaciones en Miami refleja exactamente lo que denunciamos ante la embajadora: la ruptura en la Argentina de la igualdad ante la ley. Para algunos, todas las garantías, derechos y privilegios. Para otros y otras, nada”, señaló Schulman a Télam.
“En principio, el derecho a viajar fuera del país en vacaciones se mantiene para todos los procesados. El problema es que no se respeta para todos”, agregó el titular de la Liga por los Derechos Humanos.
Además, Schulman definió a la llamada ‘doctrina Irurzun’ (el encarcelamiento con prisión preventiva de exfuncionarios sin sentencia firme en razón del presunto ‘poder residual’ para entorpecer la investigación) como “una burda maniobra que produjo el quiebre de las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y el derecho a un juicio justo”.
Por su parte, García de la Fuente, pareja de Boudou, aseguró que “la embajadora se mostró muy receptiva e informada sobre el tema de los presos políticos en la Argentina”.
“En la reunión incluso se habló del informe que el diputado (Leopoldo) Moreau (titular de la bicameral de fiscalización de los organismos y actividades inteligencia) le entregó a la vicepresidenta y al presidente”, señaló la mujer, que es mexicana, tiene dos hijos y reside desde hace años en la Argentina.
El informe de Moreau, presentado a final del 2020, concluye que tanto la AFI que encabezaban Gustavo Arribas y Majdalani durante el gobierno anterior (2015-2019) como la Dirección de Asistencia judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado dependiente de la Corte Suprema llevaron adelante “un plan sistemático de inteligencia ilegal y persecución política”.
“Lo más importante -agregó García de la Fuente- se lo planteamos a la embajadora y es la denuncia de que la persecución no es contra una persona en particular sino contra un grupo político y que nuestro objetivo no es pelear por la libertad, sino probar la inocencia y obtener verdadera Justicia, para lo que deben revisarse los casos y procedimientos legales”, puntualizó.
