Fuerte rechazo de la Unión Industrial a la prohibición de despidos y la doble indemnización

Industrial Argentina difundió este sábado un comunicado en rechazo a la decisión del Poder Ejecutivo.

“Argentina frente al desafío de recuperar el empleo formal y el crecimiento sustentable“, es el título que eligió la entidad que representa al empresariado para encabezar su posición ante la prórroga del decreto presidencial, publicado este sábado en el Boletín Oficial.

La UIA sostiene que “para avanzar hacia un ciclo económico que convierta a la política industrial y a las mejoras de productividad en activos del país, resulta fundamental normalizar la situación en el mercado de laboral“.

A juicio de los empresarios, ninguna de las dos medidas que se sostuvieron en el contexto de la pandemia de coronavirus con el argumento de proteger el empleo, contribuyen a esos objetivos que juzgan imprescindibles ante la crisis económica y la retracción de la actividad industrial.

A través del DNU N° 39/2021, el Gobierno extendió 90 días la prohibición de los despidos sin causa, por falta de trabajo o fuerza mayor y hasta fin de año el pago de la doble indemnización también para los despidos sin causa con un tope de $ 500.000 para el plus o la duplicación indemnizatoria.

Este límite actúa en detrimento de los sueldos más elevados o que tienen mayor antiguedad en una empresa. Por ejemplo, un trabajador al que le corresponde una indemnización de $ 1.000.000, percibirá $ 1.500.000 en lugar del doble, resignando medio millón de pesos. 

El Gobierno también extendió por 90 días la prohibición de las suspensiones por fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, salvo que sean acordadas con las organizaciones gremiales.

“Argentina necesita comenzar a construir un escenario de reactivación económica sustentable, y la recuperación del nivel de empleo formal en general e industrial en particular es el desafío más importante”, define el comunicado de la entidad que preside Miguel Acevedo.

“Medidas como la prohibición de despidos y suspensiones o el régimen de doble indemnización no apuntan en esa dirección”, advierte en su respuesta la UIA, que además hace hincapié en las consecuencias indeseadas en el mercado laboral, ya que a su entender, constituyen un obstáculo para combatir el empleo en negro y fomentan la informalidad.

La decisión de extender el decreto, concluyen los empresarios, va “en detrimento de la necesaria ampliación de las dotaciones de trabajadores con miras a impulsar el crecimiento económico e impactan sobre el objetivo de la formalización“.

Los condicionamientos a los despidos no se aplican a las contrataciones de trabajadores concretadas después del 13 de diciembre de 2019, cuando se suspendieron los despidos por primera vez con el DNU 34/2019, ni al Sector Público independientemente del régimen jurídico al que se encuentre sujeto el personal de los organismos. Tampoco a sociedades, empresas o entidades que lo integran, según aclara el artículo 9 del decreto.

A pesar de estas medidas vigentes desde la asunción del Gobierno o la irrupción de la pandemia, los datos oficiales marcan una importante caída del empleo asalariado formal en el sector privado.

Los datos más actuales del Ministerio de Trabajo marcan que en octubre había 5.795.171 asalariados privados formales frente a 5.994.191 en marzo, cuando irrumpió la pandemia.

La caída del empleo se debió que las empresas no reponen el personal que renuncia o se jubila y a los “acuerdos” o “retiros voluntarios” acordados con el personal cesanteado para eludir la prohibición del despido.

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