Podría decirse que Sergio Massa prometió oficialmente que la prórroga del régimen de Biocombustibles se trataría en las sesiones extraordinarias. No figura en el temario. Los ignoraron. Se trata de un
sector que con la mezcla que se exige con el combustible tradicional le quita una tajada calculada en mil millones de dólares por año a la industria petrolera. En 2020 de manera virtual o presencial los lobbies de unos y otros fueron y vinieron con los gobernadores de las provincias del Norte además de Córdoba y Santa Fe a la cabeza en la defensa de los biocombustibles: circularon por la Casa Rosada y el Congreso y en muchas ocasiones se cruzaban con los petroleros.
Del lado de quienes justifican la ausencia de esta ley, señalan que muchos argumentos que esgrime la llamada Liga de Provincias Bioenergéticas son casi folclóricos. Pero si se considera que en 9 años en el Reino Unido no se podrán vender más autos a nafta o gasoil o que Joe Biden tiene como eje el cambio climático, esta postergación llama la atención.
La ley con los beneficios fiscales vencía en mayo pero en octubre el Senado decidió una prórroga hasta 2024. Tiene que ser aprobado por Diputados y en la sesión del 29 de diciembre, Massa anunció que había habido un acuerdo entre los jefes de todas las bancadas para tratarla.
No será así en una decisión que genera ruido entre aliados del Gobierno. Los diputados que responden a Roberto Lavagna reclamaron la “urgente incorporación”, porque “la utilización de biocombustibles reduce hasta 80% los gases de efecto invernadero, comparados con los combustibles fósiles”.
Plantas de biocombustibles en las provincias.
Esas ventajas impositivas fueron implementadas con una ley de 2006 para mezclar con etanol (de la caña de azúcar y del maíz) y el gasoil con biodiesel (originado en aceite de soja), lo que significaba un ahorro del 10% de las emisiones en el transporte, en la agricultura y en la generación eléctrica. El decreto reglamentario de 2007 impulsó el uso de los incentivos fiscales en plantas de biocombustibles. Y hubo un desarrollo fenomenal con 54 fábricas en diez provincias. Y 250 mil empleos.
Con Mauricio Macri dejaron de respetarse los precios y de cumplir con los cortes. La situación se volvió insostenible con 28 plantas de biodiesel y 7 de etanol, paradas.
Del lado petrolero, la diputada Alma Sapag de Neuquén sostiene que “en un contexto de altos precios internacionales del crudo la mezcla tenía un beneficio que desapareció con la baja del petróleo y el alza de los productos agropecuarios. Otros petroleros argumentan que en 15 años el esquema de promoción impositiva tuvo un débito fiscal de US$ 6.000 millones por menor recaudación y una pérdida de divisas de US$ 1.400 millones por aceite de soja y maíz que podría haberse exportado y terminó volcándose al mercado interno. Y apuntan a que los beneficios del biocombustible terminaron en pocas manos.
Como ocurre con el petróleo también aparecieron jugadores fuertes. Es el curioso caso de Juan Carlos Bojanich que controla el 25% del biodiesel y se lo conoce como “el rey del Bingo” en Bahía Blanca, por su actividad en el lucrativo negocio del juego. En diciembre la secretaría de Energía lo premió con un generoso cupo de 4.166 toneladas por cada una de sus 6 plantas. ¿Será eso lo que torció la decisión de Massa?
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