Formosa: Gildo Insfrán aprovechó la pandemia para avanzar sobre la justicia

provincia funcionan dos juzgados federales, donde se investigan casos de corrupción y abusos de los funcionarios. Uno de ellos estaba vacante, y ocupado por un subrogante que viajaba desde otras provincias. Pero luego de su fuerte choque con Insfrán por la prohibición de ingresar a Formosa a los formoseños que estaban fuera, el magistrado fue desplazado tras la oportuna designación de una jueza titular por parte del presidente Alberto Fernández.

El perenne gobernador, que ocupa su asiento desde 1995, no está acostumbrado a que nadie le ponga límites a su voluntad. Pese a los dramáticos números de pobreza y todos los indicadores sociales en su provincia, Insfrán logró perfeccionar un aparato político que controla sin fisuras todo el territorio, donde la oposición muchas veces queda acorralada en el rol casi testimonial de la denuncia.

Aunque venía sorteando con habilidad las inquisiciones de la justicia federal porteña respecto a varias causas por supuesta corrupción con fondos públicos nacionales –contratos viales para Lázaro Báez y Cristóbal López, un pago millonario a la firma The Old Fund de Amado Boudou– Insfrán terminó de enfrentarse a los magistrados a causa de sus controvertidas medidas para combatir la pandemia de coronavirus.

El año pasado fue la prohibición para que los formoseños que estaban fuera de la provincia pudieran regresar a sus casas, que derivó en la acumulación de decenas de familias en los límites provinciales bajo condiciones críticas y disparó una montaña de denuncias penales contra Insfrán.

Esas denuncias fueron investigadas por el juez Fernando Carbajal, un magistrado correntino que cubría como subrogantes -suplente- el juzgado federal 2 de Formosa. Carbajal ordenó el reingreso de un formoseño que estaba varado en Chaco, pero la provincia lo resistió. Y cómo.

El ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González, criticó duramente a Carbajal y dijo que su fallo era “un Estatuto Legal del Contagio”. “Nosotros no nos vamos a olvidar de cómo se buscó la manera de romper la ‘barrera’ que hemos armado los formoseños, y que hoy nos permite tener este estatus sanitario. Me van a decir que ‘se hizo Justicia’… Pero Cuando estemos velando a nuestro primer muerto, y a partir de ese primer muerto, tengamos muchos más, no olviden de dónde viene eso”, declaró el ministro, en referencia al juez Carbajal.

Ante semejante ataque, y en un hecho sin antecedentes, el juez se excusó de seguir interviniendo en el caso. En su excusación, el magistrado denunció “la indebida intromisión” del gobierno de Formosa en la justicia federal. Eso ocurrió en octubre. Luego de distintas apelaciones, en diciembre fue la Corte Suprema de Justicia la que ordenó a Insfrán a cesar con su piquete oficial, reñido con el más básico derecho humanitario.

Pero Carbajal ya tenía las cartas marcadas. El 4 de diciembre fue reemplazado por María Belén López Macé, formoseña y ex secretaria del juzgado, que se presentó al concurso para ocupar el juzgado federal 1, que luego de años de retraso se destrabó rápidamente y terminó con la designación de López Macé por parte del presidente Alberto Fernández.

Nota al margen: con la inflación que tuvo el proyecto de reforma judicial oficialista para su aprobación en el Senado -donde a último momento se sumaron decenas de nuevos juzgados y tribunales en todo el país para convencer a muchos senadores- Insfrán logró que se “creara” una Cámara Federal en Formosa. Desde luego, no hay ninguna razón judicial sensata que lo respalde, y el proyecto junta polvo en Diputados. Pero ahí está. Con una Cámara, el gobernador podría llegar a controlar la segunda instancia de un eventual proceso en su contra.

El último choque de Insfrán con la justicia fue por el alojamiento compulsivo de cientos de formoseños en centros que según muchas denuncias de sus ocupantes no cuentan con las mínimas condiciones de habitabilidad. Sin poder salir de allí durante días y hasta semanas, incluso sin tener los resultados de un hisopado que confirme o disipe un contagio, las familias reclaman por su libertad y su seguridad. Las protestas sumaron a politicos y organizaciones vinculadas a la protección de los derechos humanos. Dos concejales que asistieron a ellas fueron detenidas por la policía provincial.

El escándalo llegó a Buenos Aires, donde se topó con una cerrada defensa de las medidas de Insfrán por parte del Partido Justicialista, que envolvió las acusaciones en el siempre disponible argumento de la “feroz campaña política y mediática” contra el inocente gobernador. Mientras, la semana pasada dos legisladores de la UCR y dos ONG acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que intervenga con una medida cautelar y detenga las internaciones compulsivas en Formosa.

Este martes, a su vez, legisladores de la Coalición Cívica le pidieron al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, y a la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, su intervención en la provincia que gobierna Gildo Insfrán.

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