Con un voto mayoritario, la Cámara Federal de Casación Penal decidió este miércoles que el habeas corpus que presentó al senador Luis Naidenoff contra el gobierno de Gildo Insfrán tramite en la
justicia federal formoseña.La discusión había surgido después de que se decidiera que este planteo sea remitido a la justicia provincial. El voto de los camaristas le dio la razón a Naidenoff respecto a la jurisdicción que debe atender la denuncia por las condiciones de los centros de aislamiento vigentes en todo el distrito, y las políticas aplicadas en materia sanitaria.
La decisión del máximo tribunal penal no tuvo en cuenta el planteo del fiscal ante la Casación, Raúl Pleé, quien previo a la audiencia había dictaminado que era la Justicia provincial de Formosa la que debía intervenir, “con la máxima urgencia que la cuestión requiere”, respecto al habeas corpus presentado por el Senador radical.
El dictamen, que no es vinculante, no fue considerado por los jueces Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, quienes resolvieron que debe ser la justicia federal formoseña la que debe intervenir en el planteo de Naidenoff quien denunció por violación a los Derechos Humanos al gobernador que administra la provincia hace 26 años. En tanto, el magistrado Daniel Petrone votó en disidencia.
La presentación sostenía que la medida de aislamiento sanitaria implementada por el gobierno de Insfrán viola los derechos humanos, especificaba en ese marco la vocación al derecho a la salud como también al medio ambiente, ya que entendiendo que esos lugares tienen condiciones insalubres y una infraestructura inadecuada para el tratamiento del covid, la medida sólo resulta en que los casos se propaguen aún más.
La investigación preliminar incluyó una certificación del habeas corpus del senador Naidenoff. Después de que la justicia federal de Formosa habia planteado que esa denuncia debía remitirse a la jurisdicción provincial, por tratarse de políticas dictaminadas por una autoridad provincial en ese mismo ámbito, el referente opositor apeló y acudió a la Cámara de Casación.
Simultáneamente, este miércoles desde la Procuraduría de Violencia Institucional, Diego Iglesias pidió a la provincia un exhaustivo detalle sobre los centros sanitarios o centros de aislamiento. La Procuvin pidió que se especifique cuántos lugares hay asignados para tales fines, qué dimensiones tienen, qué capacidad de alojamiento poseen y el cupo en cada uno.
En relación a este punto, también la provincia deberá especificar cuál es el criterio de alojamiento y bajo qué parámetros se estableció, cuál es la planificación de provisión de alimentos, las medidas de higiene y sanitarias, qué dotación de personal médico, de salud y seguridad se encuentran allí.
El caso contra los centros de aislamiento, más de cien dispuestos en toda la provincia, puso en el centro del debate la administración de Insfrán, quien sin embargo fue defendido por el presidente Alberto Fernández y por el Partido Justicialista, que adjudicaron las denuncias a una mera persecución política.
La semana pasada dos legisladores de la UCR y dos ONG acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que intervenga con una medida cautelar y detenga las internaciones compulsivas en Formosa.
Este martes, a su vez, legisladores de la Coalición Cívica le pidieron al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, y a la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, su intervención en la provincia que gobierna Gildo Insfrán.
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