La decisión de desvincular de IOMA a seis dirigentes de un gremio que denunció casos de corrupción, abrió una nueva polémica sobre el manejo de la obra social de los empleados
públicos de la provincia. El presidente del instituto, Homero Giles, dispuso el cese del contrato del médico Raúl Seillant, secretario general del Sindicato Unico de Trabajadores y Profesionales de ese organismo (SUPTIOMA) y de otras cinco dirigentes que integrantes de la conducción.
Seillant considera que la decisión es una respuesta a las constantes denuncias por manejos irregulares de los fondos de la obra social y casos de corrupción que Suptioma viene denunciando desde hace más de una década.
Las autoridades de IOMA explicaron que se trata de una medida administrativa derivada de una decisión de la Justicia. Es que Seillant y las profesionales despedidas actuaban como auditores médicos y en 2010 habían presentado un recurso para ser incorporados como personal de planta del ente estatal. Desde entonces tenían una medida cautelar que obligaba a la institución a mantenerlos bajo su órbita. Pero –según explicaron en IOMA- el 25 de septiembre pasado la Suprema Corte de la Provincia rechazó esa medida cautelar que exigía el pase a planta permanente: “IOMA no los echó. Ellos estaban relacionados con la obra social por una cautelar, sin contratos”.
Cuando se conoció esa decisión en la obra social ofrecieron mantenerlos mediante un contrato pero los gremialistas rechazaron esa opción, dijeron cerca del despacho de Giles.
“Nosotros hemos denunciado decenas de hechos de corrupción porque el IOMA tiene un modelo sistemático de contratación que beneficia a empresas y sociedades amigas de los que conducen. Lo hicimos en las gestiones de Daniel Scioli y de María Eugenia Vidal. Y ahora, por eso nos echan”, dijo Seillant a Clarín.
Suptioma es un gremio que tiene 490 afiliados entre técnicos y profesionales, sobre un total de 2.200 empleados que pertenecen al instituto. “Es el único sindicato exclusivo de IOMA”, asegura Seillant.
La determinación se hizo efectiva hace 10 días y provocó reacciones variadas. El Colegio de Médicos de La Plata y varias agrupaciones políticas opositoras en la provincia manifestaron su rechazo al desplazamiento de los dirigentes y pidieron explicaciones a Giles y al ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán.
El año pasado, en medio de la pandemia IOMA quedó en medio de una polémica por la suspensión unilateral del convenio que lo vinculaba con la Agremiación Médica Platense (AMP). Esa medida dejó sin atención a casi 200 mil afiliados de La Plata y la región, porque los profesionales no podían gestionar las órdenes para el pago de los honorarios. Durante casi 10 días de julio, cuando los casos de COVID crecían en forma casi exponencial y la provincia mantenía severas restricciones por la cuarentena, los médicos no atendieron a pacientes con IOMA.
Entonces, había un reclamo de los profesionales por aumentos de los honorarios y por las demoras en los pagos. Giles pretendía que el vínculo entre los galenos y la obra social fuera “directa” sin la intermediación de la AMP que agrupa a más de 5.000 especialistas y clínicos de la región.
Casi dos meses después y a partir de la intervención de la Defensoría del Pueblo de la Provincia que actuó como intermediaria, se firmó un nuevo convenio y se regularizó la atención.
IOMA es la obra social obligatoria para todos los empleados públicos de la provincia. Incluye docentes, policías, penitenciarios, administrativos de todos los ministerios y a los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS). Tiene más de 2,2 millones de afiliados y también tiene un registro de voluntarios que pagan cuotas similares a las de una prepaga.
El presidente es elegido por el gobernador y la conducción es compartida con los gremios estatales bonaerenses. Un informe de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) –que integra el directorio- revela que en 2020 la entidad sanitaria tendría un “superávit financiero de 8.000 millones de pesos”.
IOMA tiene convenios con clínicas y sanatorios de toda la provincia para atención de pacientes. El año pasado, la gestión de Giles habilitó dos centros asistenciales exclusivos para afiliados. Esta determinación también fue cuestionada por la oposición porque sostiene que “excede las facultades” del organismo.
Además de Seillant, fueron separadas de IOMA Adriana Benavidez, Karina Rodriguez, Tete Silveira, Sandra Bottero y Silvia Gutiérrez, integrantes del consejo Culsultivo de Suptioma.
El próximo 3 de febrero el gremio realizará una protesta frente a la sede, en 46 entre 12 y 13 y una marcha hasta la Gobernación para reclamar por la reincorporación de los médicos.
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