El Gobierno insiste con la Reforma Judicial, pero en el Congreso aún no tiene los votos necesarios

judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno”, sentenció el Presidente en un acto solemne en el Salón Blanco de la Casa Rosada. 

Un mes después, el 28 de agosto, el Senado aprobó el proyecto del Ejecutivo. Dos días antes, la vicepresidenta Cristina Kirchner minimizó el alcance de la Reforma. “El país todavía se debe una verdadera reforma judicial”, sostuvo. Sin percances el oficialismo consiguió los votos necesarios en la Cámara Alta.

Pasó otro mes, pero el proyecto no se debatió en Diputados. “Sería muy bueno que el Congreso trate eso porque acá está haciendo falta y eso va a ayudar mucho al combate del crimen organizado, que es la materia central de la Justicia federal”, presionó Fernández el 27 de septiembre durante una visita a Rosario.

El efecto no fue el esperado y 35 días más tarde el jefe de Estado insistió. “Sigo esperando que la Cámara de Diputados se digne a tratar la reforma que he propuesto para la Justicia Federal”, dijo el Presidente el 3 de noviembre en un acto en Avellaneda junto al gobernador Axel Kicillof.

En privado, el 30 de diciembre Fernández reiteró el pedido a legisladores del Frente de Todos para que empujaran el proyecto ideado por la ministra de Justicia Marcela Losardo, el secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Beliz y la secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra. Ocurrió durante el brindis de fin de año en Olivos, semanas después de que el Presidente lo incluyera en el temario original de las sesiones extraordinarias en curso.

El jefe de Estado pretendía que la Cámara Baja votara durante el verano la reforma, que -al igual que el aborto legal- era una promesa de campaña del Presidente. En las últimas semanas, sin embargo, Fernández no volvió a pedir por ella. Uno de los responsables del oficialismo para reunir voluntades en el Congreso le aconsejó a Fernández que no insistiera. “Cada vez que lo pide, se hace daño”, reflexiona en clave política.

El Presidente por ahora hizo caso, aunque en la Casa Rosada no pierden la esperanza de que se discuta en febrero. El problema fue el mismo desde el principio: el grueso de la oposición opone a la iniciativa oficial. Desde Juntos por el Cambio a la mayoría del bloque que responde a Roberto Lavagna. Solo el interbloque del mendocino José Luis Ramón -que suele acompañar al oficialismo- apoya la medida. Por ahora no es suficiente.

Los temas de Justicia eliminan las fisuras entre duros y moderados en Juntos por el Cambio. Losardo ya lo asumió. “Lograron instalar que la Reforma serviría para garantizar la impunidad de Cristina (Kirchner)”, dijo la ministra a sus colaboradores. Para la ex socia del Presidente en la actividad privada, la posición de la principal fuerza opositora es algo más que hipócrita. “Es idéntica a la que propuso (el ex ministro de Justicia) Germán Garavano”, afirma en la intimidad.

Para Losardo la creación de nuevos juzgados penales federales y la designación de Daniel Rafecas como procurador -trabada en el Senado- y el proyecto de la implementación el Código Procesal Penal (que también fue incluido en extraordinarias) son los temas prioritarios en materia judicial para el Gobierno.

Con menos diplomacia, quien quien no siguió la sugerencia de bajar el perfil fue el secretario y virtual viceministro de Justicia, el camporista Juan Martín Mena. “La Reforma Judicial es fundamental. Estamos trabajando muy fuerte en eso (…) Va a estar compuesta de numerosas leyes: una es la reforma de la estructura y de reordenamiento de competencias, que ya se envió al Congreso. Después, habrá más leyes”, adelantó este sábado en diálogo con la AM 750. Curioso favor para el Presidente.

A fines de 2020 cerca de Sergio Massa planteaban que el oficialismo debía discutir todos los temas de Justicia en un paquete para simplificar las negociaciones con la oposición. Esa estrategia nunca se plasmó.

Por ahora, ninguna de las sugerencias abordadas por el consejo consultivo de juristas convocado por el Presidente se transformó en un proyecto de ley. Tampoco la idea de crear un tribunal intermedio de arbitrariedad inferior a la Corte Suprema, la iniciativa que más interesó a Fernández.

Entre las espadas judiciales del Gobierno tampoco existe un consenso generalizado sobre cuán conveniente sería un nuevo tribunal, que entre otras facultades dirimiría sobre los procesos de corrupción. Algunos funcionarios temen que una nueva instancia sirva para dilatar aún más los tiempos de la Justicia, puesto que el Máximo Tribunal seguiría teniendo la última palabra. Para muchos es una incógnita si los gobernadores acompañarán con sus delegados en el Congreso una medida que relativizaría el poder de los juzgados federales en las provincias.