La jueza Loretta Preska, que lleva el juicio del fondo Burford sobre la expropiación de YPF, les dio dos semanas más a las partes. Es para que se pongan de acuerdo
en las pruebas que hay que presentar para avanzar en el pleito.
La magistrada había ordenado que la República Argentina y Burford colaboren en la elaboración de pruebas relacionadas con el rol de Petersen Energía (la sociedad que fue de la familia Eskenazi) en el pleito y otra información confidencial. Además, tenía sobre su mesa un pedido argentino para que Burford y Petersen expliquen las razones por las que no quieren mostrar una operación que hicieron en la justicia española.
Preska decidió postergar todo hasta el 15 de febrero. Argentina y Burford volverán a reunirse ese día para mostrarle si pudieron avanzar en la elaboración de pruebas en conjunto. No se descarta que, en el medio, alguna de las partes haga presentaciones individuales, tratando de mostrar su voluntad de colaboración o que la otra parte no está ayudando.
Argentina quiere conocer detalles de la compra de Burford de los derechos para litigar de Petersen Energía. Hubo varias presentaciones “sealed” (selladas o secretas) en la que se impiden conocer ciertos detalles confidenciales, que solo puede ver la jueza, tanto de Burford como de Argentina en los últimos días.
Argentina también hizo un pedido para que Preska ordene a Burford mostrar ciertas pruebas de la relación entre Burford y los que fueron dueños de Petersen. Preska ya tenía entre sus papeles que Burford le iba a contestar puntualmente sobre ese asunto el próximo lunes. Pero la postergación hasta el 15 de febrero también podría incluir este asunto.
Antes de la Navidad, la jueza había ordenado que Argentina y Burford se pusieran de acuerdo sobre la elaboración de pruebas. Lo refrendó más tarde, frente a un pedido de las partes para tener más tiempo. El viernes recibió escritos de las partes. Y allí decidió estirar más los plazos.
La corte del distrito Sur tiene a su cargo un millonario juicio contra YPF y la República Argentina. Burford reclama entre US$ 2.500 millones y US$ 14.000 millones por la expropiación de YPF. Ese fondo compró los derechos para litigar que tenía Petersen Energía. Esa firma, de la familia Eskenazi, llegó a tener un 25% de YPF. Cuando la petrolera fue expropiada -en abril de 2012-, Petersen perdió su participación accionaria. La compañía se presentó en quiebra en España, donde estaba constituida la sociedad originaria.
Preska ya tiene en sus manos los resultados de los avances de la negociación entre las partes para que se presenten pruebas, y los argumentos de Burford/Petersen Energía para no querer mostrar un convenio que dicen “confidencial”. Los sopesará en febrero, cuando vea si Argentina y Burford están alcanzando acuerdos para presentar pruebas o no.
“Fue un esquema de adquisición inusual para esas acciones, los Eskenazis (sic) demandaron que Repsol acceda a otorgar dividendos por el 90% de sus ganancias -sin medir los efectos de esa política en el largo plazo de la compañía- y también negociaron un acuerdo lateral con Repsol que les daba completa protección contra dos riesgos: que YPF no pudiera continuar girando el 90% de sus utilidades o que Repsol perdiera su mayoría accionaria en YPF. Si cualquiera de esos riesgos se concretaba, Repsol accedía a recomprarles a los Eskenazi toda su participación en YPF”, clama la defensa argentina sobre los ex dueños locales.
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