El Senado se reactiva. Tras un mes de asueto, Cristina Kirchner convocó a la primera sesión de extraordinarias para este jueves y se pusieron en marcha las comisiones. El
oficialismo le dará aval a una decena de pliegos, entre ellos, confirmando a Alejo Ramos Padilla en el juzgado N° 1 de La Plata, con competencia electoral. También avanzarán con el proyecto kirchnerista que modifica la forma en que se eligen los miembros del tribunal de Defensa de la Competencia.
Después de semanas de descanso en El Calafate, la vicepresidenta volvió a la Ciudad en la última semana de enero. Se aplicó la vacuna Sputnik V contra el coronavirus y empezó a diseñar el arranque de las actividades en el Congreso.
En un inicio, tenían previsto tratar lo que Diputados –que se suponía iba a sesionar a mediados de enero- enviara. Pero enredada en cortocircuitos entre los bloques, la Cámara baja no consiguió activarse. Cristina y el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, definieron su propia agenda.
El jueves habrá sesión para darle acuerdo a los pliegos de 15 jueces federales que ya tuvieron dictamen de comisión en diciembre. Entre ellos se encuentra el del juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que será confirmado en el Juzgado N° 1 de La Plata. Es un puesto clave porque tiene competencia electoral en la provincia más populosa del país.
Ramos Padilla es actualmente juez de Dolores y desde ese lugar avanzó en la causa por el espionaje ilegal en la que está procesado el falso abogado Marcelo D’Alessio y el fiscal federal Carlos Stornelli.
Su pliego recibió 58 objeciones, entre ellas, la del bloque de la Coalición Cívica que lidera Elisa Carrió, quien señaló su falta de experiencia en temas electorales y consideró que el traslado “era una devolución de favores” por su actuación en el caso D’Alessio.
Por otra parte, el oficialismo también llevará al recinto un proyecto de interés para el Frente de Todos: la modificación de la Ley de la Competencia.
El proyecto de la cristinista Ana Almirón básicamente elimina el concurso público para elegir a los miembros de la Autoridad de Aplicación, que debe controlar y sancionar las prácticas monopólicas, cartelización e intervenir en fusiones y adquisiciones.
La propuesta establece que las autoridades son designadas a través del ministerio de Desarrollo Productivo –a cargo de Matías Kulfas- y que deben tener aprobación en el Senado, donde el oficialismo tiene mayoría propia.
Almirón aseguró que su proyecto busca poner fin a las “características engorrosas” que impidieron poner en práctica la Autoridad de Aplicación tal como se estipuló en la ley en 2018. Asegura que de esta forma va a haber “mayor agilidad” y que se mantiene el “control del Senado”.
Sin embargo, desde la oposición y sectores empresarios denuncian que la modificación es una amenaza para la “independencia”, “transparencia” y la “seguridad jurídica”.
En 2019 se había conformado una terna que se presentó ante el Senado. Pero en octubre de 2020, el ministerio de Desarrollo Productivo, las dejó sin efecto El actual gobierno tiene nuevos candidatos. Entre ellos se encuentra Johanna Cristallo, ex secretaria privada de Alejandra Gils Carbó , aunque continuó en la Procuración tras su renuncia y asunción de Eduardo Casal.
También María Laura Manin, subsecretaria de gestión administrativa del Ministerio del Interior conducido por Eduardo “Wado” de Pedro.
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