En la primera sesión del año, la Cámara de Senadores aprobó este jueves 4 de febrero los pliegos de quince magistrados, entre ellos el de Alejo Ramos Padilla, que pasará de su puesto en Dolores para convertirse en el titular del Juzgado Federal N° 1 de La Plata, nada menos que el ente que tiene a su cargo la competencia electoral de toda la provincia de Buenos Aires.
La votación se dio tras breve debate y el resultado fue de 66 votos positivos y una sola abstención, para la votación de los 15 magistrados en bloque, aunque la oposición de Juntos por el Cambio quiso dejar sentado su rechazo “puntual” a la designación de Ramos Padilla.
El plan del oficialismo para convertir a Ramos Padilla, que ganó notoriedad con las causas que llevó adelante contra el fiscal Carlos Stornelli y el periodista Daniel Santoro, había comenzado apenas el kirchnerismo recuperó el poder a fines de 2019. El procesamiento de Santoro fue revocado por la Cámara Federal de Mar del Plata en diciembre del año pasado, y el Tribunal señaló que los jueces “no han sido investidos en sus cargos para juzgar la calidad o contenido de un trabajo periodístico”.
El juzgado electoral de La Plata estaba vacante desde la muerte del juez Manuel Blanco en 2014, quien había ocupado el cargo desde 1983. El macrismo dispuso allí la tarea durante su gestión de dos jueces subrogantes, Juan Manuel Culotta y Adolfo Gabino Ziulu.
Ramos Padilla será entonces el encargado de fiscalizar y tomar decisiones judiciales electorales en los comicios legislativos que tendrán lugar este año.
El senador por Salta Juan Carlos Romero, quien fue el único que se abstuvo a la hora de votar, cuestionó a Ramos Padilla por su accionar en la causa de supuesto espionaje que cursa en Dolores y que involucra al falso abogado Marcelo D´Alessio y al fiscal Stornelli. Dijo que esa investigación era “traída de los pelos” y es “parte de un invento” armado por el magistrado de Dolores.
“Parece que tiene capacidad, porque le va bien los concursos, pero no tiene idoneidad”, señaló Romero, al hacer referencia a que Ramos Padilla obtuvo el mejor puntaje en la prueba para acceder al cargo en La Plata.
Romero recalcó que a su entender, existe “un plan bien orquestado de acomodar toda la Justicia para el único objetivo que es la búsqueda de la impunidad de los imputados pertenecientes al oficialismo”. “Es un juez militante del oficialismo, y no debe ser titular de un juzgado tan importante como lo es el electoral de la provincia de Buenos Aires, porque tuvo ocho denuncias en el Consejo de la Magistratura, de las cuales ya fueron cerradas muchas de esas, pero tres están en trámite”, subrayó el salteño.
Ramos Padilla: el nuevo juez preferido del Gobierno
En defensa de Ramos Padilla contestó el ex canciller Jorge Taiana, sosteniendo que Ramos Padilla “ha sido víctima de una campaña mediática y política de descalificación”. “Fue el mejor calificado en el concurso que realizó el Consejo de la Magistratura durante el gobierno anterior”, recalcó el senador kirchnerista.
Además de Ramos Padilla, el Senado aprobó a Sebastián Foglia y Ernesto Pedro Francisco Sebastián, como jueces de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca; a Jorge Gustavo Montoya, como juez del Juzgado de Primera Instancia de San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta; y a Silvia Estela Mora, como jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°10 de Capital Federal.
Asimismo, se votaron los nombramientos de Luis Alberto Imas, como juez de cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3 de Capital Federal; y Mario Leal, como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Para ocupar juzgados de primera instancia en lo Civil de la Capital Federal se aprobaron a Andrea Alejandra Imatz (N°6); Mariana Judith Kanefsck (N°4); Alejandro Luis Pastorino (N°29); y Ramiro Güiraldes (N°90) .
Y la lista se completó con Pedro Pugliese, como defensor público de víctima de Neuquén; Verónica Esther Vieito, como defensora pública oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Mercedes, Buenos Aires; y Nicolás Javier Ossola, como defensor público oficial adjunto de la Defensoría General de la Nación.
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