Luego de 20 días de complicaciones logísticas para el abastecimiento interno y las exportaciones, por la protesta de transportistas de carga en diversas rutas del país, este jueves se acordó un
aumento de tarifas del 22,5% entre el ministerio de Transporte y las cámaras nacionales del sector. En tanto, la Provincia de Buenos Aires acordó este viernes un porcentaje similar, que según los kilómetros oscila entre el 8 y el 31%, lo que propicia valores promedio similares.
La nueva regulación nacional de los valores se realizó en la Mesa de Actualización Tarifaria. Allí hubo una mejora puntual para la tarifa de más de 500 kilómetros, que se consideraba especialmente rezagada respecto del aumento de los costos.
El incremento nacional corresponde al cuarto trimestre del año pasado y contempla también los aumentos de los combustibles de enero. El último ajuste había sido del 19,5 % para el tercer trimestre de 2020.
Pero los camioneros autoconvocados de Transportistas Unidos de la Argentina (TUDA) consideran que “todos los costos tuvieron un alza de 30% y hasta que no se actualicen los valores en esos niveles no suspenderán la medida de fuerza, que afecta especialmente los puertos de Quequén y Bahía Blanca.
Las entidades del campo que nuclean a las cadenas de la soja, el maíz, el trigo y el girasol, entre otras organizaciones de la agroindustria, pidieron que el Estado intervenga en forma “urgente”.
En un comunicado conjunto, las asociaciones de la soja (Acsoja), del trigo (Argentrigo), del maíz (Maizar) y del girasol (Asagir) advirtieron que la huelga tiene “paralizadas las rutas, como rehénes a los viajantes y desabastecidas las industrias, mercados, puertos y producciones de transformación”. Y consideraron que “Argentina no puede en tiempos de Covid-19 absorber un parate de esta magnitud”.
En el acta de la reunión coordinada por la subsecretaría de Transporte bonaerense, a cargo de Alejo Supply, se destaca el “respeto el derecho legítimo de los transportistas a manifestarse pacíficamente, sin que ello implique la afectación de otras actividades del sector y las fuentes de trabajo que generen las mismas”. Y se compromete a “no reprimir la protesta”.
De la reunión realizada el jueves en el ministerio de Transporte de la Nación participaron la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), la Federación de Transportadores Argentinos (FETRA) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC) y la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL) que pidieron un incremento en función del aumento de los costos, especialmente el combustible, que tuvo alzas de precios en noviembre, diciembre y enero.
Desde FETRA, una de las cámaras nacionales de los transportistas, se celebró el acuerdo por el porcentaje que habían solicitado en enero.
La Federación de Acopiadores manifestó el beneplácito por el acuerdo alcanzado y pidieron al Gobierno que se garantice el libre tránsito de las rutas. No sólo es un pedido al Estado nacional sino también a los gobiernos provinciales.
Aunque los camioneros autoconvocados de Transportes Unidos de Argentina (TUDA), que protagonizan el reclamo, no fueron invitados a la reunión, porque no tienen representación formal, el incremento que lograron las cámaras legalmente constituidas apuntó en el mismo sentido que el reclamo de quienes impulsan manifestaciones en las rutas.
Las entidades agroindustriales remarcaron al respecto que este conflicto “ha sido bien resuelto días atrás por la provincia de Santa Fe, donde han logrado que sus puertos hayan vuelto a la normalidad, situación que lamentablemente la provincia de Buenos Aires no ha replicado”.
La protesta es impulsada Transportistas Unidos Autoconvocados (TUDA) en zonas de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y San Juan. Los bloqueos impactan en sectores esenciales como el de alimentos y bebidas, y aunque los transportistas permiten el paso de los productos perecederos, se registran recurrentes cuellos de botella en el tránsito, con demoras prolongadas.
Reclamos múltiples
Desde días atrás, otras entidades agroindustriales también se vienen manifestando con reclamos similares a los de las cadenas de cultivos.
Las 7 bolsas de cereales y de comercio del país destacaron que “estas medidas de fuerza generan daños económicos que afectan a todos los eslabones de la cadena agroindustrial, que se ven afectados por los cortes de ruta, a pesar de que son considerados actividades esenciales en base a la legislación vigente”.
En el mismo sentido, se expresaron públicamente entidades como la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) y la Federación de Acopiadores.
Consideraron que “es vital proteger la cadena productiva del país que desemboca en las exportaciones de la Argentina”. Destacaron que “la agroindustria representó en 2020 el 70% de los ingresos de divisas con los cuales pudo desenvolverse la actividad industrial y comercial de todo el país”.
En todos los casos se les solicita a las autoridades que hagan respetar la Constitución y las leyes para que se pueda circular con libertad en las rutas argentinas.
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