A siete aos del incendio de un depsito en el barrio de Barracas de Iron Mountain -empresa dedicada al almacenamiento y destruccin de archivos- que caus la muerte de ocho bomberos y dos agentes de Defensa Civil, los familiares de las vctimas esperan un nuevo pronunciamiento de la justicia que especifique quines fueron los responsables y si se trat de un hecho intencional.
Este escenario de duda qued configurado as desde el pasado 29 de diciembre cuando la Cmara Nacional en lo Criminal anul los procesamientos de doce exfuncionarios del Gobierno porteo -por entonces a cargo de Mauricio Macri- y cinco directivos de Iron Mountain por el incendio ocurrido el 5 de febrero de 2014.
En aquel fallo, la Cmara del Crimen aclar que no se expeda sobre la responsabilidad de los imputados sino sobre los “defectos” de la instruccin del sumario y sostuvo que los procesamientos ordenados en febrero de 2018 haban sido dispuestos luego de una “grotesca” y “deficiente investigacin”, por lo que le orden al juez Pablo Ormechea dictar una nueva resolucin.
“Es inadmisible que a casi siete aos de este luctuoso episodio an no se sepa cmo, dnde y por qu se inici el foco gneo. Y debemos sealarlo con dureza porque no slo merece una respuesta la sociedad, la cual reclama mejores modelos de acceso a la Justicia que garanticen procesos efectivos, rpidos y transparentes, sino, sobre todo, los familiares de las vctimas que perdieron la vida”, sostuvo en aquel momento la Cmara del Crimen.
En el mismo fallo se sealaba que el juez haba desatendido aquellos indicios que sealaban que el incendio del depsito de Iron Mountain podra haber sido producido intencionalmente, como los sealaron en febrero de 2015 los peritos de la Divisin Siniestros de la Polica Federal Argentina y del Instituto Nacional de Tecnologa Industrial (INTI) presentaron en sus informes.
Sin contradecir de plano esa conclusin, un tiempo ms tarde se sum al expediente otro estudio, esta vez realizado por la Universidad Tecnolgica Nacional (UTN) que sostuvo que no se poda afirmar que el incendio hubiera sido intencional pero que tampoco quedaba descartado como hiptesis.
El fallo que mand dictar una nueva resolucin benefici a Eduardo Alfredo Sueyras, director de seguridad e higiene para Amrica Latina de la firma; Guillermo Eduardo Lockhart, gerente general, y Hctor Eduardo Garca, jefe de Seguridad e Higiene de Iron Mountain Argentina.
Tambin alcanz a los exfuncionarios Vanesa Berkowsky, quien fue directora general de Fiscalizacin y Control de la ciudad y ya fue procesada por el derrumbe en el boliche Beara, que provoc la muerte de dos chicas; Luis Alberto Cogo, jefe del Departamento de Actividades Generales Crticas; Roberto Jos Chiesa, director de Industrias y Otros Locales; y Silvia Miriam Hers, jefa del Departamento de Programacin Operativa.
Los otros beneficiados son Gastn Luis Laugle y Patricia Moroni, responsables de la Direccin de Administracin y Gestin Operativa; Rafael Mario Roldn y Pierre Louis Chapar, encargados de la Direccin General de Fiscalizacin y Control; Flix Lugo, Ricardo Grunfeld, Alberto Graziani, Jorge Papanicolau, Oscar Alfredo Godoy y Christian Walter Castieiras.
En la maana del 5 de febrero de 2014 se produjo un incendio en el depsito de la firma Iron Mountain, ubicado en la calle Azara 1245, en Barracas, cuya propagacin provoc que la estructura metlica (columnas y cabriadas) que sostena el techo comenzara a ceder ante la alta temperatura y derrumbara la pared de la calle Jovellanos a la que se encontraba empotrada.
Como consecuencia de ello fallecieron el comisario inspector Leonardo Day, la subinspectora Anah Garnica, los cabos Carlos Veliz, Eduardo Adrin Conesa y Maximiliano Martnez, el agente Juan Matas Monticelli (del Cuartel I de Bomberos de la Polica Federal), los bomberos voluntarios Sebastin Ezequiel Campos y Facundo Ricardo Ambrosi (cuartel Vuelta de Rocha) y Pedro Esteban Barcola y Jos Mndez Araujo, de Defensa civil.
En febrero de 2018, el juez en lo criminal Pablo Ormaechea dict los procesamientos con embargos por presunto “incendio culposo seguido de muerte”, decisin que, apelada por las defensas y tras largo trmite, lleg a la definicin de la Sala VI de la Cmara del Crimen.
A pesar del letargo judicial, los familiares de las vctimas no se resignaron y consideraron que tras el fallo que orden el dictado de una nueva resolucin se abra la posibilidad de que finalmente se determinaran nuevos y ms slidos procesamientos, para avanzar finalmente hacia un juicio oral y pblico, segn pudo saber Tlam.
“Estamos con muchas expectativas de que el juez pueda solucionar las deficiencias del dictamen, necesitamos que se haga justicia de una vez por todas y el que tenga que pagar que pague. Queremos que el juez trabaje como corresponda y esto tenga un final como todas las familias necesitamos”, le dijo a Tlam Liliana Baricola, hermana de Pedro, uno de los diez rescatistas fallecidos.
