A siete años del
“Creemos que avanzamos con la causa. Albergamos esperanzas con las audiencias”, expresó esta mañana Liliana Baricola, hermana de una de las víctimas del incendio en declaraciones a El Destape Radio y aseguró: “El juez Ormaechea hizo un fallo que no era digno”.
El pasado 29 de diciembre la Cámara Nacional en lo Criminal anuló los procesamientos de doce exfuncionarios del Gobierno porteño, que estaba por entonces a cargo de Mauricio Macri, y cinco directivos de Iron Mountain por el incendio ocurrido el 5 de febrero de 2014.
La Cámara del Crimen aclaró, en aquel fallo, que no se expedía sobre la responsabilidad de los imputados sino sobre los “defectos” de la instrucción del sumario y sostuvo que los procesamientos ordenados en febrero de 2018 habían sido dispuestos luego de una “grotesca” y “deficiente investigación”, por lo que le ordenó al juez Pablo Ormechea dictar una nueva resolución.
“Es inadmisible que a casi siete años de este luctuoso episodio aún no se sepa cómo, dónde y por qué se inició el foco ígneo. Y debemos señalarlo con dureza porque no sólo merece una respuesta la sociedad, la cual reclama mejores modelos de acceso a la Justicia que garanticen procesos efectivos, rápidos y transparentes, sino, sobre todo, los familiares de las víctimas que perdieron la vida”, sostuvo en aquel momento la Cámara del Crimen.
En el mismo fallo se indicaba que el juez había desatendido aquellos indicios que señalaban que el incendio del depósito de Iron Mountain podría haber sido producido intencionalmente, como los señalaron en febrero de 2015 los peritos de la División Siniestros de la Policía Federal Argentina y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) presentaron en sus informes.
“Ahora me quedan serias dudas, porque tuvo siete años para ver todas las acusaciones, los fallos y las declaraciones sobre las imputaciones de los diecisiete implicados, que cada vez son menos. A lo mejor nos sorprenden”, expresó Baricola.
Iron Mountain: los familiares reclaman ser querellantes en la causa
Un tiempo después del fallo se sumó al expediente otro estudio, esta vez realizado por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) que sostuvo que no se podía afirmar que el incendio hubiera sido intencional pero que tampoco quedaba descartado como hipótesis.
El fallo que mandó dictar una nueva resolución benefició a Eduardo Alfredo Sueyras, director de seguridad e higiene para América Latina de la firma; Guillermo Eduardo Lockhart, gerente general, y Héctor Eduardo García, jefe de Seguridad e Higiene de Iron Mountain Argentina.
También alcanzó a los exfuncionarios Vanesa Berkowsky, quien fue directora general de Fiscalización y Control de la ciudad y ya fue procesada por el derrumbe en el boliche Beara, que provocó la muerte de dos chicas; Luis Alberto Cogo, jefe del Departamento de Actividades Generales Críticas; Roberto José Chiesa, director de Industrias y Otros Locales; y Silvia Miriam Hers, jefa del Departamento de Programación Operativa.
Iron Mountain crece, las víctimas esperan Justicia
Los otros beneficiados son Gastón Luis Laugle y Patricia Moroni, responsables de la Dirección de Administración y Gestión Operativa; Rafael Mario Roldán y Pierre Louis Chapar, encargados de la Dirección General de Fiscalización y Control; Félix Lugo, Ricardo Grunfeld, Alberto Graziani, Jorge Papanicolau, Oscar Alfredo Godoy y Christian Walter Castiñeiras.
El incendio de Iron Mountain
En la mañana del 5 de febrero de 2014 se produjo un incendio en el depósito de la firma Iron Mountain, ubicado en la calle Azara 1245, en Barracas, cuya propagación provocó que la estructura metálica (columnas y cabriadas) que sostenía el techo comenzara a ceder ante la alta temperatura y derrumbara la pared de la calle Jovellanos a la que se encontraba empotrada.
Como consecuencia del siniestro fallecieron el comisario inspector Leonardo Day, la subinspectora Anahí Garnica, los cabos Carlos Veliz, Eduardo Adrián Conesa y Maximiliano Martínez, el agente Juan Matías Monticelli (del Cuartel I de Bomberos de la Policía Federal), los bomberos voluntarios Sebastián Ezequiel Campos y Facundo Ricardo Ambrosi (cuartel Vuelta de Rocha) y Pedro Esteban Barícola y José Méndez Araujo, de Defensa civil.
En febrero de 2018, el juez en lo criminal Pablo Ormaechea dictó los procesamientos con embargos por presunto “incendio culposo seguido de muerte”, decisión que, apelada por las defensas y tras largo trámite, llegó a la definición de la Sala VI de la Cámara del Crimen.
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