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Dos informes agregados recientemente a las causas judiciales en las que se investigan si el gobierno de Mauricio Macri persigui a los accionistas del grupo Indalo y si hubieron irregularidades en el concurso del Correo Argentino S.A. complican a exfuncionarios de Cambiemos y al propio expresidente, informaron fuentes judiciales.
Ambos informes, agregados uno a cada causa, fueron elaborados por la Direccin de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado que depende de la Corte Suprema de Justicia y haban sido solicitados por los jueces que intervienen en cada uno de los expedientes.
El informe incorporado a la causa en la que se investiga si el gobierno de Macri intent una “abusiva” condonacin de deuda a una empresa de su familia, la concursada Correo Argentino S.A., coincide “bastante” con las conclusiones a la que en su momento arrib la fiscal general ante la Cmara Comercial, Gabriela Boquin, quien se opuso al acuerdo al que haban llegado el Poder Ejecutivo y la empresa, segn aseguraron fuentes que tuvieron acceso.
Se trata de un informe contable que, en rigor, exigan las defensas de los imputados (el exministro de Comunicaciones Oscar Aguad, otro exfuncionario y dos directivos de la empresa) que aseguraban que las afirmaciones de la fiscala no se condecan con la realidad y que el principio de acuerdo alcanzado en aquel entonces para pagar la deuda en cmodas cuotas hasta 2033 era una buena opcin.
Cuando termine de analizar el informe recibido, que incluye una suerte de calculadora con la que podr modificar variables (plazo, tasas, bancos) para evaluar todas las alternativas posibles, el juez Ariel Lijo se abocar a definir la situacin procesal de los imputados que fueron indagados hace ya casi dos aos.
Si el juez determina que hay elementos suficientes para concluir que el gobierno de Macri intent beneficiar a una empresa de su familia, la pregunta siguiente ser si tuvo alguna responsabilidad el entonces presidente, que en su momento fue imputado por el primer fiscal de la causa, Juan Pedro Zoni, pero sobre quien el expediente no avanz an.
En la causa en la que se investiga si desde el gobierno de Macri se presion a los accionistas del grupo Indalo (Cristbal Lpez y Fabin De Sousa) y se busc avanzar sobre sus empresas, la jueza Mara Servini recibi justo antes del inicio de la ya concluida feria judicial un informe de entrecruzamientos de llamadas realizado sobre miembros de la denominada mesa judicial que arroj resultados que van en lnea con la acusacin, segn pudo saber Tlam.
El anlisis incluy los cruces de llamadas entre Macri, Fabin “Pepn” Rodrguez Simn, el entonces jefe de asesores de la Presidencia Jos Torello e integrantes de la AFIP, entre otros, y demostr que efectivamente se contactaban entre ellos, con miembros del Poder Judicial y con directivos de grandes medios de comunicacin en los momentos en los que los denunciantes aseguran que los estaban presionando, segn adelantaron a Tlam fuentes de la investigacin.
La jueza Servini recibi un informe de entrecruzamientos de llamadas realizado sobre miembros de la denominada mesa judicial que arroj resultados que van en lnea con la acusacin”
Esa medida viene siendo cuestionada hace tiempo por la defensa de Macri, que ya logr que, en lugar de que se analizaran todas las llamadas del expresidente durante su paso por la Casa Rosada, se entrecruzaran solo las comunicaciones en torno a hitos determinados de la investigacin que tuvieron que ser previamente establecidos por el juzgado.
No conformes con la correccin de la medida de prueba que en su momento orden la Cmara Federal portea, la defensa de Macri insisti en que sea anulada en Casacin, donde el juez Eduardo Riggi –que en su momento vot con duros trminos por la detencin de los dueos de Indalo- le orden a Servini que le enviara el expediente completo.
Esta semana, el abogado de la querella de los empresarios, Carlos Beraldi, formaliz su segunda presentacin ante la Casacin para que el expediente sea devuelto a Servini y la investigacin pueda avanzar a la vez que en declaraciones mediticas anunci que denunciar a Riggi ante el Consejo de la Magistratura.
Fuentes judiciales de los tribunales de Comodoro Py coincidieron en sealar que no es habitual que Casacin reclame un expediente completo para definir sobre un incidente y que la viabilidad o no de una medida de prueba no es materia de anlisis de ese tribunal que interviene cuando se trata de sentencias firmes o resoluciones con impacto similar.
