Revelan que la reina Isabel II presionó al gobierno para cambiar una ley que le permitió ocultar parte de su fortuna

que le permitió ocultar parte de su patrimonio privado.

Los periodistas David Pegg y Rob Evans accedieron a los Archivos Nacionales y descubrieron que un abogado de la monarca presionó a los ministros para que cambiaran un proyecto de ley, que entró en vigencia en 1976, para evitar que se hicieran públicas sus acciones en distintas empresas.

De esta forma, Isabel II habría ocultado participaciones e inversiones privadas hasta 2011, por lo menos.

Esta maniobra fue posible gracias a un procedimiento parlamentario llamado “consentimiento de la reina” que establece que los ministros deben avisar si la legislación afecta o no los intereses privados de la corona y solicitar su consentimiento para debatirla.

Según la investigación, desde que inició su reinado Isabel II utilizó este mecanismo para revisar 1.062 leyes, y hay evidencia que sugiere que en varios casos “presionó” al gobierno para modificarlas.

“La gran cantidad de leyes sujetas a investigación real cubren asuntos que van desde la justicia, la seguridad social, las pensiones, las relaciones raciales y la política alimentaria hasta reglas oscuras sobre las tarifas de estacionamiento de automóviles y aerodeslizadores”, indica el artículo de The Guardian.

“Incluían proyectos de ley que afectaban la propiedad personal de la reina, como sus propiedades privadas en Balmoral y Sandringham, y potencialmente cualquier cosa que se considerara que la afectaba personalmente”, señala.

“Los documentos también muestran que en otras ocasiones los asesores de la monarca exigieron exclusiones de las leyes propuestas relacionadas con la seguridad vial y la política de tierras que parecían afectar sus propiedades, y presionaron para que se modificara la política del gobierno sobre sitios históricos”, agrega.

 Ante la consulta de los investigadores, los representantes de la Reina se negaron a decir cuántas veces había solicitado modificaciones a la legislación desde que llegó al trono en 1952.

Los miembros de la realeza describen el proceso de consentimiento como “una convención de larga data en la que el parlamento pide a la reina que dé su consentimiento … para el debate de proyectos de ley que afectarían la prerrogativa o los intereses de la corona”.

La investigación sostiene que “algunos de los proyectos de ley que la Reina revisó antes de que fueran aprobados por el parlamento se relacionan con la riqueza o los impuestos“.

“En 2014, por ejemplo, la Reina y el heredero al trono revisaron el proyecto de ley de herencias y poderes de los fideicomisarios. Dos años antes, examinó el proyecto de ley de fideicomisos (capital e ingresos). Los fideicomisos son acuerdos legales que las familias adineradas suelen utilizar para proteger sus activos del escrutinio público y fiscal”.

“También ha examinado proyectos de ley que abarcan sectores enteros de la formulación de políticas gubernamentales. La Reina ha examinado al menos 11 proyectos de ley que rigen los ferrocarriles, a veces relacionados con la tierra propiedad de las propiedades reales”.

“En 2013, la Reina dio su consentimiento al proyecto de ley parlamentario para construir la línea ferroviaria de Alta Velocidad 2 entre Londres y Birmingham. Los ministros de transporte habían notificado al palacio que el proyecto de ley afectaba los ‘intereses de la corona’, ya que el departamento necesitaba adquirir 21 parcelas de la propiedad de la corona durante la construcción de la línea”.

El ocultamiento de su fortuna

Los periodistas Pegg y Evans detallan cómo fue que Isabel II presionó al gobierno de Edward Heath en 1973 para ocultar su fortuna al público.

La iniciativa buscaba evitar que los inversores acumularan en secreto participaciones significativas en empresas que cotizan en bolsa mediante la adquisición de sus acciones a través de empresas fantasmas. En este marco, la norma pedía que se revelaran siempre las identidades de los posibles compradores.

Según los papeles, la reina temía que esa ley de transparencia pudiera permitir al pueblo británico averiguar todo sobre sus finanzas. Para evitarlo, envió a uno de sus abogados para presionar al gobierno y que hiciera cambios.

Matthew Farrer, por entonces socio del bufete de abogados Farrer&Co, propuso que esta ley no afectara a la monarca argumentando que “cualquier divulgación de la titularidad real de las acciones por parte de la corona, incluso si se limita a los directores de la empresa, es potencialmente embarazosa, debido al riesgo de filtraciones”.

El gobierno atendió su pedido e incluyó una cláusula que permitía que ciertas empresas no tuvieran que declarar la identidad de los accionistas y así se evitaría saber de dónde procedía la fortuna de la reina.

El proyecto fue convertido en ley por el gobierno laborista de Harold Wilson, en 1976. 

“Se cree que la exención ayudó a ocultar la fortuna privada de la reina hasta., al menos, 2011″, señaló The Guardian que explica que la exención se concedió casi de inmediato a una empresa llamada Bank of England Nominees Limited operadas por personas de alto nivel del Banco de Inglaterra.

El diario además indicó que la empresa cerró hace cuatro años sin hacer una rendición pública de sus actividades.