“Si un policía es desafectado es porque no cumplió la ley”, dijo Sergio Berni. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires buscaba enviar un mensaje explícito y desafiante.
Se notó que se trataba de una decisión política, coordinada con Axel Kicillof, cuando remarcó: “Todos los que fueron sumariados fue porque no cumplieron la ley. Los castiga la ley, no Asuntos Internos”.
¿A quién le enviaba el mensaje Berni? Está claro que no pensaba en los 400 efectivos que en las últimas horas fueron desafectados de la Bonaerense por las protestas frente a la residencia presidencial de Olivos, el 8 de setiembre pasado, cuando llevaron sus quejas y rodearon la Quinta con patrulleros para que Alberto Fernández los oyera. Berni miraba para adelante.
Cuarenta y ocho horas para adelante. Este jueves está convocada una nueva manifestación. La Policía exige mejoras salariales, entre otras cuestiones. No se sabe hasta dónde escalará la protesta, que trascendió más en las redes sociales que en los medios tradicionales. Pero en la gobernación se pudieron en guardia. Mucho más a partir de que, tras las desafectaciones, comenzaron a circular pequeñas rebeliones en algunos distritos de la Provincia. Por WhatsApp circulaban fotos y videos, presuntamente difundidos por familiares de los efectivos que ahora ya no lo son.
Una vez que los 400 agentes fueron informados de su salida, desde los despachos que rodean a Kicillof deslizaron que era una decisión pensada y que iba a tomarse tarde o temprano. Es decir, negaron que hubieran elegido la fecha por la protesta en marcha. Lo cierto es que a la tarde desde esas mismas oficinas contaban que a los policías se les había ordenado devolver las armas y el uniforme policial cuanto antes.
“Todo esto fue una provocación”, dijo horas más tarde Luis Tonil, presidente de la Defensoría Policial. Tonil aseguraba que no existen elementos para separar a los 400 policías y que no les permitieron ver los expedientes de los sancionados. Recordaba un pacto que se hizo apenas terminó aquella protesta en la que -decía- tanto Kicillof como Berni habían dado su palabra de que los manifestantes no serían sancionados ni exonerados de la fuerza. En el entorno de Tonil aseguraron que la Gobernación está detrás de un rédito político.
Después de aquella protesta de setiembre, el Gobierno nacional salió en auxilio de Kicillof. Lo hizo de manera veloz e inconsulta con la oposición. En una conferencia de prensa en Olivos, en la que apareció rodeado de dirigentes kirchneristas, pero también de otros de Juntos por el Cambio Alberto Fernández anunció la creación de un Fondo de Fortalecimiento Financiero Fiscal por el cual le quitaba un punto de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires para transferírselos a la administración de Kicillof. Fueron unos 30 mil millones de pesos. Esa maniobra marcó el fin de la buena relación entre Alberto y Horacio Rodríguez Larreta.
“Tenemos que buscar recursos ante una situación fiscalcomplicada”, argumentó el Presidente. Los intendentes de Juntos por el Cambio Jorge Macri, Néstor Grindetti y Diego Valenzuela se quedaron mudos. No sabían que habían sido citados a Olivos para eso. Más de uno diría luego que le dieron ganas de levantarse e irse. Rodríguez Larreta montó´´o una conferencia de prensa para respponder, por primera vez con tono duro, y trasladó la pelea a la Justicia. El reclamo está en manos de la Corte Suprema.
“Nación está al tanto de lo que estamos haciendo con los policías”, aseguró un funcionario de Kicillof cuando se conoció la salida de los 400 efectivos. La maniobra podría generar un mayor rebote de la protesta que está prevista para este jueves. Aunque no faltaba quien deslizara que el asesinato de Ursula Bahillo en la localidad de Rojas, que generó protestas frente a la comisaría y la organización de una marcha podría enfriar a los policías rebeldes.
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