Sin una organización unificada y por el impacto que las sanciones del ministerio de Seguridad bonaerense tuvieron en la tropa, la “autoconvocatoria” de una protesta policial en la Bonaerense
para reclamar mejoras salariales y laborales quedó en nada.
Sólo el despliegue de casi un centenar de agentes de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) sobre los accesos al comando que Sergio Berni tiene en Puente 12, modificó el escenario de una jornada que tenía programadas “movilizaciones, sirenazos y presencia de familiares”, para acompañar un petitorio que se presentaría a las autoridades del gobierno provincial.
El planteo, que resultó apenas virtual, incluía equiparación de sueldos con las fuerzas federales, modificación en los regímenes horarios de trabajo, más cursos de capacitación y equipamiento para uso del personal que realiza tareas de prevención.
Pero el llamado comenzó a perder fuerza cuando el ministerio de Seguridad informó el relevo de sus puestos de 469 oficiales y suboficiales que participaron de las revueltas policiales de septiembre de 2020.
Operativo de seguridad y grupos especiales de la Bonaerense en Puente 12. Foto Juano Tesone.
Una investigación interna determinó que cometieron faltas graves y pasaron a disponibilidad: los relevaron de sus lugares de destino, les sacaron el arma reglamentaria y cobrarán en los próximos seis meses el 50% del sueldo. Además, quedaron al borde de la exoneración.
Pero hubo más. Trascendió que la lista de sancionados superaría los 1.600 agentes cuando termine el trabajo de la auditoría de Asuntos Internos. Toda esta información trascendió dos días antes del llamamiento formulado desde redes sociales por grupos de retirados y sectores que presumen de tener influencia en la tropa.
Sólo hubo una fuerte presencia de custodia en la sede de la Departamental de La Matanza, cerca del Puente 12, donde convergen también tienen asiento algunas fuerzas especiales de la institución. “No hicimos un despliegue especial por la convocatoria. Allí también tiene sus oficinas el ministro y como medida preventiva se dispusieron agentes para custodia”, dijeron fuentes oficiales.
La dispersión de los convocantes también desalentó la movilización. Hace ocho días la página de Facebook “Policía Reclamando” impulsó el requerimiento. La página tiene 57 mil seguidores. Otras agrupaciones informales (la Policía no puede tener organización gremial) se despegaron de la movida.
Operativo de seguridad y grupos especiales de la Bonaerense en Puente 12. Foto Juano Tesone.
El llamado Sindicato de Policias bonaerenses (Sipoba) aseguró que no intervendría y la autodenominada “Defensoría Policial” sólo protestó por la medida disciplinaria que consideró “injusta”.
Desde las redes adelantaron movilizaciones frente a dependencias de la Costa Atlántica, donde están concentrados agentes por el operativo de verano y en seccionales del Conurbano. También hubo una mínima expresión de queja frente al ministerio en La Plata, en el edificio de 2 y 51. Pero de mínimo impacto.
Aunque desde un principio en el gobierno descartaron la posibilidad de una réplica de la protesta de septiembre del año pasado, Berni acusó a los convocantes de “disputar una caja millonaria, que intentan hacerse a través de un mecanismo que es la sindicalización policial”. Y sostuvo que había “intencionalidad política” porque interpretó que los intendentes de la oposición apuntalaban la protesta.
Operativo de seguridad y grupos especiales de la Bonaerense en Puente 12. Foto Juano Tesone.
El año pasado, el impacto de la acción “sorpresiva” de oficiales y tropa de la fuerza sorprendió al gobierno. Se registraron manifestaciones en casi toda la Provincia, con epicentro en La Matanza, La Plata y otros distritos del Gran Buenos Aires. Y el pico de tensión ocurrió frente a la residencia presidencial de Olivos, donde hubo un “piquete” de policías con uniforme y armas reglamentarias, en una actitud que rozó la sedición.
Después de casi una semana crítica, Axel Kicillof consiguió recursos extras de Presidencia para pagar un aumento salarial que alcanzó al 28% promedio. Para eso, el mandatario Alberto Fernández quitó fondos de seguridad destinados a la Ciudad Autónoma. Y abrió otro frente de tensión político con la oposición.
EMJ
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