Espionaje ilegal: Alberto Fernández se alineó con Cristina Kirchner para embestir contra los jueces

por presunto espionaje ilegal macrista desde los tribunales de Lomas de Zamora a Comodoro Py.

El viernes a la tarde en una medida de último momento, Cristina apeló la decisión de Casación de remitir todas esas causas a los jueces federales de Retiro.

El pedido, que es más político que jurídico, demuestra la preocupación de Cristina por estas causas con las que pretende demostrar su teoría del lawfare, tal como ayer adelantó Clarín.

En un mensaje en Twitter, el jefe de Estado apuntó contra los jueces “que acuden en socorro de sus mandantes políticos o corporativos“, en alusión a los jueces de Casación Mariano Borinsky y Javier Carbajo.

Estos magistrados votaron a favor de la competencia por el lugar donde ocurrieron los hechos y el principio del juez natural. En cambio, su colega Angela Ledesma, cercana a los K, votó a favor de la jurisdicción de Lomas de Zamora.

Tanto el supuesto espionaje al Instituto Patria como el envío de trotyl a un funcionarios de Cambiemos, que fueron el origen de las causas, ocurrieron en la Capital Federal y ya había causas abiertas en Comodoro Py (Ver nota sobre “La trama secreta…”).

En forma llamativa, un día antes del pronunciamiento de Casación, el diputado nacional Martín Soria (Frente de Todos-Río Negro) adelantó que iba a hacer una denuncia contra Borinsky y Gustavo Hornos porque figuran en el registro oficial de entradas a la Casa Rosada durante el gobierno de Macri.

Después de un año en que lanzó más de diez medidas para intentar echar a jueces y fiscales que la investigaron, Cristina respaldó la idea del diputado K, Leopoldo Moreau, de hacer juicios en forma individual a esos magistrados.

“Es imperioso abordar cambios que le devuelvan a la Justicia el prestigio que unos pocos jueces y fiscales le han hecho perder”, planteó Fernández a través de su cuenta de Twitter.

El Jefe de Estado replicó, además, una serie de mensajes que difundió su ministra de Justicia, Marcela Losardo, para apuntar, sin mencionarlo, contra el ex presidente Mauricio Macri.

Hasta ahora Losardo había tenido una posición moderada respecto de la ofensiva de Cristina sobre la Justicia. Incluso, los K habían pedido su renuncia.

“Hoy sabemos que hubo jueces que acordaban y preanunciaban sus fallos con el presidente de entonces, que jugaban al tenis con él mientras perseguían a sus opositores con argucias legales y que siempre se han negado a hacer público su patrimonio”, dijo Losardo.

La titular de la cartera de Justicia agregó que todo “se profundiza con detenciones arbitrarias y juicios que se prolongan en el tiempo sin que se obtengan sentencias jurídicas razonadas, hacen que la República se degrade inexorablemente”. Desde el cambio de gobierno, no quedó un solo ex funcionario K en prisión preventiva.

“El Presidente @alferdez se comprometió a poner fin a los sótanos de la democracia. Así, los servicios de inteligencia ya no operan en tribunales, propuso al Congreso Nacional una reformulación de la Justicia Federal y analiza las propuestas de reforma de un comité de juristas”, dijo.

Así se refirió al proyecto de reforma judicial que aprobó el Senado y Juntos por el Cambio bloquea en Diputados y a la idea del presidente de proponer un tribunal de sentencias arbitrarias que compita con la Corte en algún sentido.

“La ‘Mesa Judicial’ existió y dió los resultados que sus miembros buscaban”, afirmó en alusión a la denuncia de Cristina según la cual el ex ministro de Justicia, German Garavano, y otros ex funcionarios se reunían supuestamente para dictaminar quiénes iban a ir presos o ser procesados.

Losardo remarcó que “todo ello ocurre con la anuencia de un conjunto de medios que tapan aquellas inconductas y que justifican que el juzgamiento de las mismas quede en manos de los fiscales y jueces que se han asociado a los propósitos de aquél gobierno”.

En este párrafo, la ministra asumió por completo la teoría del lawfare que sostiene que los medios conspiraron, junto a jueces y la embajada de EE.UU., contra Cristina Además, Losardo también buscó responsabilizar a la oposición por esas supuestas irregularidades.

“La soberbia con la que esos jueces y fiscales se mueven solo se explica por la protección política de la oposición y el discurso mediático que va en su auxilio para encubrirlos”, dijo.

“Ver qué un fiscal procesado, que participó en delitos atribuidos a un irregular agente de inteligencia y que está sospechado de presionar con fines de persecución política, sea hoy el encargado de investigar el espionaje del gobierno al que sirvió, causa una profunda indignación“, agregó en alusión al fiscal Carlos Stornelli.

En realidad, la cámara federal de Mar del Plata anuló todos los procesamientos del ex juez de Dolores y miembro de Justicia Legítima, Alejo Ramos Padilla, contra Stornelli por participar de un intento de extorsión del falso “productor agropecuario jubilado” Pedro Etchebest. Solo confirmó dos pero que son de acción privada.

Otros fiscales, como el miembro de Justicia Legítima Carlos Gonella están procesados hace años por delitos de acción pública y, sin embargo, los K no le pidieron que se aparte de su trabajo.

Losardo aprovechó sus críticas para reiterar que “Argentina necesita jueces que vuelvan a ocupar el lugar que la República les reclama, jueces decentes y capaces, que dejen de servir al poder político de turno, que no cedan a las presiones corporativos y que se dediquen simplemente a impartir justicia”.

La apelación contra el pase de jurisdicción la presentó el abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, ante el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé. Además, solicitó a los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide que adhieren a su petición.

El abogado Beraldi anunció que recurrirá a la Corte porque considera que la decisión de Casación es “un pronunciamiento manifiestamente arbitrario, que genera una situación de gravedad institucional inédita en tiempos democráticos”.

En realidad, es un gesto más político que jurídico y Beraldi lo sabe. La Corte generalmente no hacer lugar a planteos que no tengan que ver directamente con derechos constitucionales. Su posición es que las cuestiones de competencia deben ser dirimidas por el propio tribunal superior en materia penal, que en este caso es la Casación.

En la misma tarde del viernes, el juez Auge envió a la Cámara Federal porteña el expediente digital de la causa de espionaje y anunció que enviará el físico una vez que quede definido el juzgado porteño que intervendrá.

En principio, las causas pasarán a la jueza federal porteña María Eugenia Capuchetti, quien después de leerla deberá decidir si le corresponde quedársela a ella o se la envía a alguno de sus colegas de fuero. Por ejemplo, su colega Sebastián Ramos interviene en la causa por amenazas contra el exfuncionario de Defensa José Luis Vila.

El juez de Comodoro Py que finalmente se quede con la causa deberá resolver los pedidos de procesamiento a los ex jefes de la AFI, Gustavo Arribas, y Silvia Majdalani y a otra treintena de imputados, entre los que están al extitular del Servicio Penitenciario Federal. Entre ellos, Emiliano Blanco, por el espionaje carcelario y al exjefe de jurídicos de la AFI, Juan Sebastián De Stefano, entre otros.