Después de 14 años, comienza el juicio oral a la ex secretaria de Ambiente Romina Picolotti

Ambiente del kirchnerismo, Romina Picolotti, por administración fraudulenta.

Con una audiencia digital, a la cual la acusada se conectará desde su casa en la lujosa localidad de Palm Beach, en Estados Unidos, el Tribunal Oral Federal 6 dará inicio a las 10 de la mañana al juicio por corrupción de la ex funcionaria, cuyos últimos pedidos de nulidad de la causa y entorpecimiento del proceso no lograron esta vez el éxito que venían teniendo hasta ahora. El fiscal ante el TOF, Diego Luciani, fue el principal obstáculo para aquella habitual martingala. Luciani se opuso siempre a que Picolotti pudiera permanecer trabajando en la Florida sin un plan de regreso al país, pero los jueces Sabrina Namer, Rodrigo Giménez Uriburu y Guillermo Costabel no convalidaron su pedido.

Ahijada personal del entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández -que logró pasar la Secretaría desde la órbita del ministerio de Salud a la suya, y multiplicó su presupuesto cuando designó a Picolotti, en julio de 2006- la entonces joven abogada cordobesa debutó en la política luego de una jugada clásica en aquella etapa del kirchnerismo: la cooptación de dirigentes sociales que protestaban contra el gobierno.

En aquel entonces, Picolotti se había arrimado a los vecinos y “ambientalistas” que mantenían cortado el puente internacional entre Gualeguaychú y Fray Bentos, como rechazo a la instalación de una fábrica de pasta de papel en esa localidad uruguaya. Siempre con el viento en la espalda, Néstor Kirchner primero alentó la protesta, y hasta la bautizó como una “causa nacional”. Pero con el correr de los meses no pudo controlarla, y por sugerencia de Fernández incorporó a la abogada como secretaria de Ambiente para enviar una señal política que supuestamente ayudaría a enfriar los ánimos en Entre Ríos.

Nada de eso ocurrió, y por el contrario la movida desató una secuencia de problemas: Picolotti no dirigía a los asambleístas, cuya intransigencia se inflamó aún más. Y con el juguete del poder en sus manos, la joven mostró enseguida una ambición y desparpajo que encendió las alarmas de los funcionarios que dependían de ella, y los que integraban otras áreas del gobierno.

Clarín recibió las primeras señales de manejos irregulares en la secretaría de Ambiente, y luego de casi tres meses de investigación el domingo 8 de julio de 2007 publicó el resultado de ese trabajo, que horas después disparó la denuncia judicial cuyo tortuoso avance ahora llega a la instancia del juicio oral.

“Parientes y amigos contratados por montos exorbitantes, frecuentes viajes en jets privados, gastos inexplicables en muebles que nadie usa o el alquiler de edificios para alojar a cientos de empleados contratados sin motivo, son los trazos gruesos de una gestión caracterizada por el derroche y la ineficiencia. Pero eso no es todo: semejante desmadre es posible gracias al desvío de fondos presupuestarios hacia una fundación pública creada con otros objetivos, y cuyas compras no están sometidas a los procesos y controles habituales en la administración pública”, comenzaba aquella nota. Sigue siendo una ajustada síntesis de los motivos que sentarán ahora a Romina Picolotti en el banquillo de los acusados.

Con el bolsillo lleno y casi sin control alguno, la secretaria multiplicó la planta de Ambiente priorizando a decenas de familiares y amigos sin ninguna experiencia técnica, a quienes contrató por montos sustanciosos para la época y cuyos gastos personales fueron masivamente financiados por el Estado a través de la fundación ArgenINTA, un ente creado para otros fines que en los hechos funcionaba como una financiera al servicio de Ambiente y otros organismos. ¿El mecanismo? Convenio mediante, se depositaban en ArgenINTA millonarios fondos presupuestarios, y luego se los gastaba a discreción facturando todo a ArgenINTA.

Picolotti hizo gastos pequeños y grandes, diarios y extraordinarios bajo esa triangulación, que poco después también hizo famosa Julio De Vido, cuando las secretarías y organismos dependientes de Planificación Federal ejecutaban sus fondos a través de convenios con universidades públicas, por ejemplo.

La investigación de Clarín en 2007 causó el inicio de una causa judicial, pero también de una cerrada y violenta defensa del gobierno a la funcionaria, bajo el entonces flamante argumento de que las acusaciones eran “una operación mediática”. Esa presión gigante se trasladó al juzgado de María Servini, quien instruyó el caso y recién indagó a Picolotti en marzo de 2011. Hace diez años. La jueza elevó el expediente a juicio en agosto de 2015, hace casi seis años. La pena para delito de administración fraudulenta es de dos a seis años de prisión. 

Mirá también

Mirá también

Cristina acelera la Operación Justicia Divina