El femicidio de Micaela García en 2017 -la joven que fue violada y asesinada en Gualeguay- derivó en la “Ley Micaela” sancionada un año después, de capacitación obligatoria en
género en todo el Estado nacional. Ahora, un grupo de diputados de Juntos por el Cambio impulsa la “ley Alejo”, por Alejo Oroño, el joven de 22 años que murió tras ser apuñalado en el pecho por su pareja Nadia Navarro (de 24), ambos padres de un bebé de 18 meses.
La “ley Alejo” (en rigor, un proyecto) busca ampliar los alcances de la “Ley Micaela”, para que todo el personal del Estado reciba capacitación sobre violencia “desde la perspectiva de diversidad de géneros y no sólo de las mujeres”, según sus impulsores.
“A Alejo, como hombre, le daba vergüenza denunciarla (a su pareja) y cuando intentó hacerlo no le tomaron la denuncia”, remarcan en el proyecto, que además de la capacitación obligatoria, establece una línea gratuita de asistencia y comisarías especializadas capaces de atender “las diferentes formas de violencia desde la perspectiva de los diferentes géneros y la diversidad sexual”. También, tipifica las falsas denuncias por violencia de género, y el impedimento de contacto con los hijos como violencia psicológica.
“Un tema que claramente es un tabú social y un fenómeno distinto al de violencia de género y debe legislarse como tal, debido a que su naturaleza, causas y consecuencias serían distintas, así como los espacios y formas en que se manifiesta”, señala la iniciativa que fue presentada con las firmas de los legisladores de JxC, Gisella Scaglia, Gabriela Lena, Alicia Terada, Estela Regidor, Lidia Ascarate, Sebastián García De Luca, Marcelo Orrego, Domingo Amaya, Francisco Sánchez, Juan Aicega, Gustavo Hein, David Schlereth, Hernán Berisso, y Gerardo Cipolini.
Pero el asunto tiene un condimento especial: el autor del proyecto y principal firmante es el diputado por San Juan, Eduardo Cáceres, que hace un par de meses fue denunciado por violencia de género por su ex pareja, la dirigente del PRO Gimena Martinazzo, que además, es quien lo seguía en la lista. Martinazzo rechazó tajantemente las suspicacias de que buscara quedarse con la banca de Cáceres, en caso de renuncia de éste por la denuncia. Cáceres pidió licencia en diciembre para afrontar “sin fueros” el caso en la Justicia, pero ya se reincorporó a la Cámara. Martinazzo mostró fotos en redes sociales con lesiones en el cuerpo y el rostro, pero Cáceres que rechaza la denuncia dijo que la mujer se hizo un tratamiento estético en el rostro, de ahí las lesiones. Ella insiste con que hubo violencia y sobre la presunta impunidad del diputado .
El alto número de firmas en el proyecto, se leyó como un apoyo a Cáceres en la bancada.
En cuanto al proyecto, pone en foco la indefensión de los varones ante casos de mujeres violentas. Lo hace al citar un informe de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) según el cual “los hombres tienen mayores problemas a la hora de pedir ayuda por el estigma que relaciona al varón con el sexo fuerte”. De los datos relevados por ese organismo, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 23% de las personas denunciadas en 2019 fueron mujeres, según el proyecto. Y la violencia de pareja (cónyuges, convivientes, novias/os y ex parejas) resulta la principal causa de denuncia entre los mayores de 18 años.
El proyecto de “ley Alejo” cita otro estudio titulado “Partner Abuse State of Knowledge Project”, publicado por el Grupo de Investigación de la Violencia Doméstica según el cual “existe paridad en las tasas para hombres y mujeres tanto como agente activo como agente pasivo del abusoy serecomienda reconocer a las víctimas masculinas”.
La iniciativa destaca que “hoy muchos varones padecen de violencia social y mediática” y cita el caso de Agustín Muñoz, el chico de 18 años de Bariloche que a fines de 2018 se suicidó tras haber sido falsamente denunciado por abuso sexual.
Los principales puntos del proyecto de “ley Alejo”
1. El proyecto amplía los alcances de la “Ley Micaela”, para que todo el personal del Estado reciba capacitación sobre violencia desde la perspectiva de diversidad de géneros y no sólo de las mujeres.
2. Se desarrollan políticas públicas en educación, justicia, seguridad y trabajo, entre otros organismos, y campañas de difusión.
3. Crea una línea gratuita de asistencia.
4. Comisarías especializadas capaces de atender las diferentes formas de violencia desde la perspectiva de diferentes géneros, garantizando cupo igualitario en la atención y respetando el previsto por el Decreto 721/2020 para trans, travestis y transgénero.
5. Aborda derechos y garantías mínimas en procedimientos judiciales y administrativos, y crea un observatorio para analizar los casos.
6. Se tipifican las falsas denuncias y el impedimento de contacto con los hijos como violencia psicológica.
7. Establece mecanismos informativos y educativos en la capacitación dar a conocer las consecuencias legales de realizar falsas denuncias y publicar y compartir escraches en redes sociales.
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