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El abogado querellante en la causa por el espionaje ilegal macrista, Carlos Beraldi, que representa a la vicepresidenta Cristina Fernndez de Kirchner, recurri este mircoles la decisin de que el expediente pase a los tribunales federales de Comodoro Py ante la Cmara Federal de Casacin, que deber decidir ahora si habilita la apelacin para que la cuestin sea definida por la Corte Suprema.
As lo confirm el propio Beraldi a la agencia Tlam y ampli que, si Casacin no acepta el recurso extraordinario, entonces recurrir en queja directamente ante la Corte para que el mximo tribunal determine si la causa debe o no permanecer en los tribunales federales de Lomas de Zamora, bajo cuya competencia se inici la investigacin por el llamado “espionaje macrista”.
La presentacin judicial por parte de Beraldi fue hecha pblica este mircoles por el diputado Leopoldo Moreau (FdT-Buenos Aires) en declaraciones radiales en las que advirti, al mismo tiempo, que no ser Beraldi el “nico querellante” que cuestione la decisin de la misma Casacin de quedarse con los expedientes que tramita el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Aug.
Entre los argumentos que esgrimi el abogado defensor de la vicepresidenta destac el de afectacin de la garanta del juez natural, es decir, que los procesos los sigue el juez que los inici”
“Tal como lo establece el artculo 18 de la Constitucin Nacional, ningn proceso judicial puede ser sacado de los tribunales designados por ley con anterioridad al hecho enjuiciado, como ha ocurrido en estas actuaciones”, seal el abogado.
La decisin de trasladar a Comodoro Py los expedientes por espionaje ilegal fue tomada por la Sala IV de la Casacin, con los votos de los camaristas Mariano Borinsky y Javier Carbajo y la disidencia de ngela Ledesma, ante el pedido de los imputados Gustavo Arribas (ex titular de la AFI en la gestin macrista) y de Daro Nieto, ex secretario privado de Mauricio Macri.
La mayora eventual de Casacin orden el pasado viernes que se deban remitir a Comodoro Py la causa por vigilancia al Instituto Patria y tambin la que investiga la trama bautizada como “Sper Mario Bros” y las acciones de espionaje llevadas a cabo por el Servicio Penitenciario.
El principal vector que establecieron los camaristas para definir el cambio de jurisdiccin es que la mayora de los hechos de espionaje tuvieron epicentro en la Capital y apenas unos pocos eventos investigados ocurrieron en la provincia.
Por el contrario, Beraldi entendi que “la decisin adoptada determina el entorpecimiento de una investigacin de una gravedad indita, con el consecuente riesgo de que hechos que socaban la vigencia misma del sistema democrtico puedan quedar en la impunidad”.
En atencin a la gravedad de los hechos investigados, el penalista reclam que “la Corte Suprema de Justicia de la Nacin intervenga en el caso y, de forma inmediata, emita una resolucin que garantice el enjuiciamiento y la sancin de las maniobras delictivas denunciadas ante los Tribunales”.
Hasta este mircoles, la causa por espionaje al Instituto Patria tiene con procesamiento al mismo Arribas, a su segunda en la AFI, Silvia Majdalani, al entonces director de Operaciones Especiales, Alan Ruiz, y el director operacional de Contrainteligencia, Martn Coste, todos con imputaciones confirmadas por la Cmara Federal de La Plata.
En el expediente que investiga el espionaje a dirigentes polticos, tanto del oficialismo como de la oposicin, el denominado grupo “Sper Mario Bros”, y las escuchas en el sistema penitenciario a exfuncionarios presos y a sus abogados, los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide pidieron cerca de cuarenta imputaciones que el juez Aug estaba evaluando.
“Un desplazamiento (de las causas) a esta altura -analiz Beraldi- podra neutralizar tales avances, o al menos suspender provisoriamente su curso hasta tanto las nuevas autoridades a cargo estudien el caso y analicen las alternativas de su continuacin evaluando posibles cambios”, puntualiz.
Para la querella que impulsa la vicepresidente, la mudanza de las actuaciones implicara “el traslado (digital y/o fsico) de mltiples expedientes, legajos e incidentes; la posibilidad de prdida de objetos y/o documentos; el estudio y anlisis del caso desde sus inicios por parte de los nuevos funcionarios que intervengan; la definicin de estrategias investigativas (nuevas o no); la asignacin de recursos; la distribucin de funciones en las nuevas dependencias a cargo del caso; las notificaciones a las partes; la habilitacin de instancias de recusacin y excusacin de los nuevos funcionarios intervinientes”.
Luego de la enumeracin de efectos negativos sobre la investigacin penal, Beraldi resumi: “En definitiva, (el cambio implicara) una puesta en conocimiento y posible reevaluacin del curso de las actuaciones que slo podra traducirse en un retraso importante”.