El drama de los “falsos positivos”, los civiles asesinados en forma ilegal por las fuerzas militares y hechos pasar como guerrilleros, uno de los legados más terribles de la violencia política
colombiana, volvió a cobrar fuerza en Colombia al conocerse hoy un informe oficial que triplica la cifra que la justicia manejaba hasta ahora de esos asesinatos.
Al menos 6.400 civiles fueron ejecutados por militares, y presentados como caídos en combate entre 2002 y 2008, cuando gobernaba Alvaro Uribe, reveló la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de paz que nació de los acuerdos de desmovilización entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y las FARC, y comenzó a funcionar en 2018.
Los datos surgen de la investigación interna de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, como se conoce al tribunal, llamado Caso 03 y cuyo nombre técnico es Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.
El número casi que triplica la cifra de víctimas conocida hasta el momento y da una nueva dimensión a este “fenómeno macrocriminal”, como lo llamó la JEP en su explosivo informe.
Según el informe, “por lo menos 6.402 colombianas y colombianos fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008”.
Conocida en el argot militar como “falsos positivos”, esta práctica escabrosa arrastró a los militares hacia su mayor escándalo en las casi seis décadas de lucha contra la guerrilla.
Aunque el alto mando militar siempre ha negado que se tratara de una práctica sistemática, oficiales y soldados que se sometieron a la jurisdicción de paz confesaron su participación en los crímenes.
Según las investigaciones de la JEP, los militares orquestaron una suerte de “body count”, un conteo premiado de cuerpos para mostrar resultados en la guerra contra las guerrillas y las bandas paramilitares del narcotráfico.
En junio de 2018, la JEP recibió el expediente de la Fiscalía, donde se contabilizaban 2.248 víctimas de falsos positivos entre 1988 y 2014. La investigación del tribunal de paz, que se extendió durante dos años, eleva esa cifra hasta los 6.402 y, además, sostiene que el 59% de las ejecuciones extrajudiciales habrían ocurrido en un período temporal más corto, entre 2002 y 2008, los primeros seis años de mandato de Uribe, que dejó el poder en 2010.
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Pese a que indudablemente el caso de los “falsos positivos” apunta directamente a Uribe y a su fuerza política, especialistas dudan que estas revelaciones tengan un efecto político considerable en el país, que hoy gobierna Iván Duque, aliado del ex presidente.
“No creo que las nuevas cifras vayan a tener un impacto político importante. Hace tiempo que todo este tema es conocido, hay muchas pruebas, muchos testimonios, y se sabe qué sectores están detrás, dice a PERFIL el politólogo Juan Cárdenas. Sin embargo, esos sectores siguen hoy en el poder y muchos colombianos siguen votando por ellos”, recuerda.
El informe “sí podría tener un efecto a nivel internacional y hacer que organismos como la Corte Penal Internacional (CPI) exijan al gobierno colombiano medidas que lleven a la verdad y a la justicia, y eviten que estos hechos se repitan”, agrega el profesor de la Universidad Nacional de Colombia.
Confesiones.
El general Mario Montoya, comandante del ejército en esa época, aceptó la autoridad de la JEP y hoy es el militar de mayor rango que responde ante los magistrados.
Pese a los testimonios que lo inculpan, el oficial en retiro niega que hubiera instigado crímenes de civiles.
“Existen 2.140 militares vinculados a investigaciones de ejecuciones extrajudiciales, lo que equivale al 0,9% del total de los hombres que operaron en el ejército en el periodo mencionado, lo que muestra que en ningún momento existió una directiva o directriz al ejército para hechos tan atroces”, dijo su abogado, Andrés Garzón.
La JEP se ocupa de las violaciones más graves a los derechos humanos cometidas por guerrilleros, paramilitares y soldados durante su enfrentamiento. Quienes confiesen su responsabilidad y reparen a las víctimas podrán recibir una pena alternativa a la prisión, pero si no lo hacen se exponen a condenas de hasta 20 años de cárcel.
El tribunal de paz todavía no ha emitido su primera condena desde su entrada en funcionamiento en 2018.
Brigada de muerte.
Según la JEP, el mayor número de ejecuciones de civiles ocurrió en el departamento de Antioquia, del que Uribe fue gobernador antes de llegar a la presidencia, donde el ejército y paramilitares de ultraderecha combatieron a sangre y fuego a los rebeldes izquierdistas.
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El 25% de los 6.400 casos documentados se produjeron en esa zona. “La IV Brigada, con jurisdicción en la zona, podría ser la responsable del 73% de las muertes identificadas en el departamento entre los años 2000 y 2013”, precisó el tribunal.
Algunos de los restos de las víctimas fueron ubicados en el cementerio de Dabeiba, en Antioquia, gracias a las declaraciones de miembros de la fuerza pública que, en su mayoría, “no habían sido investigados por la justicia ordinaria”, según la JEP.
Además de Antioquia, las regiones de la Costa Caribe, Norte de Santander (noreste), Huila (centro), Casanare (este) y Meta (sur), fueron priorizadas en la investigación.
Para la abogada de dos militares que confiesan en la JEP, Tania Parra, el informe de este jueves revela que hubo “complicidad” de autoridades para “ocultar” estos hechos. Por “los muertos siempre se abría una investigación”, pero “o no hay resultados o absuelven” a los responsables, afirmó.
