Con la aceptación de los cargos por narcotráfico internacional de seis de los siete acusados, culminó la primera jornada del juicio oral en el caso “Bobinas Blancas“. A
través de una plataforma virtual, se juzga a una banda desbaratada a mediados de 2017 a la que se le secuestraron cerca de 1.900 kilos de cocaína de máxima pureza en una treintena de allanamientos, con epicentro en Bahía Blanca y Mendoza.
En la ciudad del sur bonaerense, el mayor cargamento incautado estaba repartido en 1.258 paquetes rectangulares disimulados dentro de 8 bobinas de acero. Cada una tenía añadido un campo magnético que impedía su detección por un escáner, de los que se utilizan en algunos puertos.
Las bobinas estaban en un galpón del parque industrial bahiense, que había sido alquilado por algunos de los imputados, unos meses antes del 18 de junio de aquel año, cuando el juez federal de Campana Adrián González Charvay ordenó el megaoperativo.
En la mendocina Luján de Cuyo, unos 450 kilos de clorhidrato de cocaína fueron encontrados en el interior de bolsas de arpillera, junto a piedras de cuarzo, que eran utilizadas como pantalla. La investigación, iniciada en marzo de 2017 por una denuncia de la DEA estadounidense, no pudo determinar si el destino de los cargamentos era España o Canadá.
El operativo en Bahía Blanca.
Sin embargo, dos días después, el 20 de junio, un cargamento de 372 kilos de cocaína oculto en dos bobinas de acero fue secuestrado en el puerto canadiense de Montreal. El envío, que había hecho una escala en México, fue adjudicado a la misma banda integrada mayoritariamente por argentinos y mexicanos. En principio, hubo 13 detenidos.
“Me reconozco como coautor de los cargos que hacen la fiscalía y la querella”, dijo en primer lugar Max Rodríguez Córdova (48), ante el ofrecimiento de la palabra, desde Santa Rosa, La Pampa, por parte del presidente del tribunal, Pablo Díaz Lacava.
Le siguieron, con la misma admisión de culpabilidad, Jesús Madrigal Vargas (33) y Gilberto Acevedo Villanueva (33). Los tres son mexicanos y declararon desde la misma sala del Complejo Penitenciario 1 de Ezeiza, desde la que habló Rodríguez Córdova y donde están presos.
“Quiere transmitir que dentro del penal está trabajando, busca reinsertarse y volver con su familia”, argumentó desde Bahía Blanca el defensor oficial Gabriel Jarque, que asiste a Acevedo Villanueva.
El abogado Gustavo Rodríguez, que defiende a los otros dos mexicanos, remarcó que tanto Madrigal Vargas como Rodríguez Córdova pidieron no ser trasladados desde el penal de Ezeiza “por razones de seguridad”.
Un octavo imputado, el colombiano Rodrígo Alejandro Naged Ramírez (59) fue asesinado junto a su hijo en un departamento del barrio porteño de Belgrano en 2018. Por el hecho, fue detenida la abogada que lo asistía, Julieta Estefanía Bonanno.
Rodrigo Alexander Naged Ramírez (59), el narco mexicano implicado en “Bobinas Blancas” asesinado en Belgrano.
El mismo camino que los mexicanos siguieron luego los hermanos mendocinos Darío Maximiliano (33) y Marcelo Rafael Cuello (47). “Aquí pude terminar la primaria, la secundaria y hacer varios cursos”, remarcó el más joven de los Cuello, después de aceptar su culpabilidad, también desde Ezeiza.
Su hermano mayor resaltó que aprovechó el tiempo que lleva preso en el penal de Marcos Paz, para finalizar sus estudios primarios. A ambos se los acusa de establecer vínculos con los mexicanos para el tráfico internacional de la droga, a través de dos firmas de Mendoza dedicadas a comercializar piedras y mármoles.
Desde su casa en Quequén, Necochea, donde cumple prisión domiciliaria, Amílcar Darío Martino (61) primero pidió tiempo para declarar. Tras un breve cuarto intermedio y luego de hablar con su abogado, anunció su intención de aceptar los cargos.
A Martino se lo vincula con la firma exportadora a través de las cual se realizaban las operaciones de comercio exterior que ocultaban el tráfico de la droga, según la acusación de la fiscalía.
El único de los acusados que se mantiene como tal es Emmanuel García (41), que llegó en libertad al juicio y bajo una imputación distinta al resto de la banda. Se lo acusa de lavar el dinero logrado de manera ilegal a través de la utilización de bitcoins, moneda que se especializa en comercializar.
Antes de que los otros seis imputados admitieran su culpabilidad, los abogados de García ya habían planteado la nulidad de la acusación en su contra. En una segunda audiencia convocada para este miércoles a las 9, el Tribunal definirá si escucha o no a los testigos propuestos para analizar su rol en el tráfico internacional de estupefacientes.
La incineración de la cocaína incautada en el operativo Bobinas Blancas. Foto Martín Bonetto.
La fiscalía y el abogado querellante que representa a la AFIP ya desistieron de la mayoría de los 150 testimonios convocados para el debate. El representante del ministerio público es el fiscal Gabriel González Da Silva, que actúa como subrogante ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca.
En la lectura de la acusación, detalló que el accionar de la banda se distinguía por “armar sociedades, con personas de bajos o medios recursos con un aparente giro comercial licito” para disimular el narcotráfico. Para eso se valían de “ciudadanos argentinos con necesidades para que trabajaron para ellos”, argumentó González Da Silva.
Detalló que los mexicanos aportaban “la logística y el dinero” para sostener la banda cuyos cabecillas, que actuaban desde el exterior, un canadiense y otro mexicano, no pudieron ser individualizados. En el caso de García, el fiscal sostuvo que “interactuó con los mexicanos y colocó dinero de la organización en montos superiores a los $ 300.000. Así consolidó divisas mediante la comercialización de los bitcoins”, precisó.
La audiencia virtual había sido citada para las 9:15 del martes, pero recién se inició cerca de las 14, por varias conversaciones entre las partes. Antes de la elevación a juicio, el juez González Charvay había dispuesto la falta de mérito para tres comerciantes y un despachante de aduanas de Bahía Blanca, además de un empresario chaqueño y su hijo.
Tras el cierre de la investigación por parte del magistrado, el Tribunal Oral Criminal Federal N° 3 de San Martín se declaró incompetente y giró las actuaciones a Bahía Blanca. Además de Díaz Lacava, integran el tribunal juzgador Pablo Candisano Mera y Pablo Larriera, ambos miembros de la Cámara Federal bahiense.
EMJ
TEMAS QUE APARECEN EN ESTA NOTA
COMENTARIOS CERRADOS POR PROBLEMAS TÉCNICOS.ESTAMOS TRABAJANDO PARA REACTIVARLOS EN BREVE.
Comentar las notas de Clarín es exclusivo para suscriptores.
Clarín
Para comentar debés activar tu cuenta haciendo clic en el e-mail que te enviamos a la casilla ¿No encontraste el e-mail? Hace clic acá y te lo volvemos a enviar.
Clarín
Para comentar nuestras notas por favor completá los siguientes datos.