El fiscal Carlos Stornelli imputó este miércoles al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a su ministro de Salud, Fernán Quirós. Ocurre tras las
denuncias por presunta privatización de la vacunación en la Ciudad de Buenos Aires.
El fiscal dio impulso así a dos denuncias recibidas el martes que apuntan contra Rodríguez Larreta y Quirós y los acusan de incumplimiento de los deberes de funcionario público y por el mismo delito más cohecho, malversación de caudales públicos, y propagación de enfermedad, en el segundo.
Según surge del dictamen al que accedió Télam, el fiscal habla de “las acciones llevadas a cabo en el marco del plan de vacunación desarrollado en establecimientos sanitarios privados y/o de carácter social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“.
Una de las denuncias había sido presentada por la abogada Natalia Salvo. La denunciante señaló unasupuesta firma de convenios entre el gobierno porteño e instituciones privadas, “otorgando privilegios a dichas instituciones y sus socios por encima del resto de la población”.
Salvo fue la defensora del sinuoso empresario agropecuario Pedro Etchebest, quien denunciara al falso abogado Marcelo D’Alessio por extorsión e iniciara la causa por espionaje que agitó el kirchnerismo en el juzgado de Alejo Ramos Padilla, en Dolores. También es colaboradora eventual del sitio web El Cohete a la Luna, que dirige el periodista Horacio Verbitsky, cuestionado por su vacunación privilegiada.
Horacio Rodríguez Larreta (c.) junto al vicejefe, Diego Santilli (izq.), y Fernán Quirós (der.), durante la conferencia de prensa.
Más temprano, en una conferencia de prensa, Fernán Quirós negó que hayan existido irregularidades y dijo que se trata de una cuestión operativa.
Así las cosas, al solicitar las primeras medidas de prueba, el fiscal Stornelli reprodujo la parte de la denuncia en la que la abogada Salvo aseveraba que “Horacio Rodriguez Larreta estaría privatizando la campaña de vacunación que se lleva adelante frente a la pandemia que aqueja a toda la población, beneficiando a grupos privados en detrimento de la población en general”.
La denunciante había señalado que “esta práctica para facilitar vacunaciones de privilegio y la ausencia de información y/o documentación que permita determinar la trazabilidad de las vacunas, en el marco de la mayor pandemia que recuerde nuestra Ciudad, resultarían constitutivos del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal”.
Stornelli presentó el requerimiento ante el juez federal Ariel Lijo, a quien le solicitó que disponga una serie de medidas de prueba para, en principio, poder reconstruir los convenios suscriptos por el Gobierno porteño con establecimientos sanitarios privados y/o de carácter social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ejecutar el Plan Estratégico para la Vacunación contra la Covid-19.
El fiscal también buscará establecer la totalidad de los lotes de vacunas recibidos en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuál fue el destino que le dio el gobierno porteño.
La respuesta de Quirós
En conferencia de prensa, el ministro Quirós afirmó este miércoles que el Gobierno del distrito está dispuesto a “mostrar y explicar” ante la Justicia el plan de vacunación que se implementa en CABA.
“Una de las exigencias que pedimos es que seamos capaces de mantener la equidad en la oferta de la vacuna. Cada obra social y prepaga nos entregaron la lista de personas asociadas con más de 80 años. Se tienen que hacer cargo de vacunar a todos ellos y nosotros le daremos la proporción de vacunas de acuerdo a la cantidad de vacunas que recibimos”, explicó Quirós.
Y agregó: “Si una obra social determinada tiene el 1% de los mayores de 80 años en su nómina, es responsable de vacunar ese 1% y recibe el 1% de las vacunas que nosotros recibimos. El resto queda para nuestros vacunatorios”.
“No tenemos ningún problema con ninguna denuncia. Si algún ciudadano tiene alguna duda, aquí estamos para mostrar y explicar lo que hacemos e hicimos y para transparentar los datos. Lo más importante es explicarle a la gente”, completó el funcionario porteño.
La segunda denuncia contra las autoridades del GCBA fue realizada por el abogado Yamil Castro Bianchi y refiere al presunto armado de un centro de vacunación paralelo en la CABA llevado adelante por la Asociación Civil ‘Encuentro Vecinal Sur’ en el barrio de Parque Chacabuco -con dirección en Picheuta 1517-, donde se estaría “vacunando a militantes de Juntos por el Cambio y amigos”.
Con agencia Télam
AFG
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