Una investigación periodística internacional reveló supuestas condiciones reclamadas por Pfizer para negociar la venta de sus vacunas contra el coronavirus en al menos dos países de América
latina, Argentina y Brasil. El pedido de la empresa habría incluido la puesta en garantía de activos soberanos, como una suerte de “reaseguro” para cubrirse de eventuales conflictos legales.
El informe está firmado por seis periodistas, en representación de dos medios de comunicación sin fines de lucro: la inglesa The Bureau of Investigative Journalism (TBIJ) y la peruana Ojo Público. Las fuentes de información usadas son datos de público conocimiento, a los que se suman las explicaciones de algún experto del sector, un representante de la OMS y testimonios plasmados off the record (anónimos) de funcionarios de Argentina, Perú, Brasil y de un cuarto país de América latina cuyo nombre -explican en el informe- no revelan a pedido de las fuentes, de modo de respetar el acuerdo firmado con la farmacéutica estadounidense.
En casos como en Perú, aseguran, se pidió “incluir cláusulas que eximen de responsabilidad a la farmacéutica por los eventuales efectos adversos de la vacuna, la demora en la entrega de los lotes, implementar todos las normas legales necesarias para cumplir con las obligaciones al proveedor frente a demandas futuras e indemnizaciones”.
La foto, de agosto, muestra al Presidente Alberto Fernández y al ahora ex ministro de Salud, Ginés González García, cuando todavía pujaban un acuerdo con Pfizer. Foto: Marcelo Carroll
Según la investigación, “en Argentina y Brasil, Pfizer pidió que los activos soberanos se pusieran como garantía para cubrir posibles costos legales futuros”. Este medio consultó a fuentes de Presidencia de la Nación para chequear la información, que respondieron escuetamente: “Lo que dice la investigación ocurrió”. Sin embargo, ningún funcionario nacional se animó hasta ahora a afirmarlo públicamente.
En cuanto a Pfizer, se solicitó este jueves ratificar o negar las aseveraciones plasmadas en la investigación, pero los representantes locales de la compañía recordaron la negativa de la farmacéutica, ya desde julio pasado, de responder a los medios de comunicación cualquier consulta relativa a la vacuna contra el coronavirus.
Fuentes consultadas por Clarín (que en su momento le reprocharon al Gobierno el desplome de la negociación con Pfizer) remarcaron que, si bien no podían descartar la exigencia de activos soberanos nacionales, tampoco tenían elementos para confirmar que las condiciones de la farmacéutica hubieran tenido tal envergadura.
No obstante, en una carta fechada el 28 de diciembre a través de la cual Pfizer respondió a un grupo de diputados de la oposición (Graciela Ocaña, Claudia Najul y Alfredo Cornejo) su pedido previo de aclarar las razones del fracaso de la negociación con Argentina, el gerente general de la farmacéutica en el país, Nicolás Vaquer (quien firmó solo con sus iniciales) dejó claro que las negociaciones de Pfizer “tienen el mismo tenor” en todo el mundo. Aunque agregó: “…cada país tiene su propio marco normativo que podría requerir ciertas adaptaciones para que las condiciones de contratación sean compatibles con las mismas”.
Se pueden sumar dos antecedentes tomados de las noticias de los últimos meses, que sugieren que un pedido de estas características (reclamar una reaseguro bajo la forma de bienes nacionales) podría, eventualmente, haber ocurrido.
Vacunación contra el Covid en Estados Unidos con dosis de la empresa Pfizer. /AFP
El primero, a fines de diciembre, salió de boca de Jorge Rachid, médico cirujano, sanitarista y asesor del gobierno bonaerense, que aseguró que en la negociación por las vacunas Pfizer pidió como garantía “una nueva ley con bienes inembargables que incluía glaciares”.
El segundo provino del entonces ministro de Salud, Ginés González García, recientemente desplazado de su cargo por el escándalo de las “vacunatorio VIP”. El 3 de febrero, el ex ministro explicó a diputados de la Comisión de Salud por qué se había caído la negociación con Pfizer: “Queríamos adecuarnos a cualquier condición, pero a cualquiera que no significara resignar la soberanía y mucho menos cambiar las leyes. Pero la intolerancia fue tremenda”.
El pantano
En el caso de la Argentina, el intento de acuerdo de compra de vacunas de Pfizer comenzó a mediados de 2020, pero se empantanó rápidamente. La historia incluye dos momentos “tensos”: el último y menos conocido fue esta supuesta exigencia que la empresa habría transmitido al Gobierno en diciembre, relatada en las líneas previas de esta nota.
El primero, anterior y ya difundido por los medios locales, se desató varias semanas antes, a raíz de la inclusión de la palabra “negligencia” en la ley 27573 (publicada en el Boletín Oficial el 6 de noviembre pasado) de “Vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19”.
Considerando que Pfizer buscaba una indemnización plena ante supuestas demandas civiles, el término “negligencia” en la ley representaba un verdadero obstáculo, que la empresa exigió quitar.
El Gobierno, como en su momento informó Clarín, ofreció enmendar el sentido de esa palabra en la reglamentación de la ley mencionada. En cambio, se negó al pedido de la compañía, que aparentemente exigía la redacción de una nueva normativa lanzada por decreto.
Entre estas idas y vueltas, la negociación se derrumbó y por eso Argentina no tiene, hoy, un acuerdo vigente con Pfizer.
PS
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