El juez porteo Roberto Gallardo prohibi al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) la venta de 87 hectreas ubicadas en la zona norte de esta capital, confirmaron este jueves fuentes vinculadas a la causa.
La medida cautelar, vigente “hasta que se dicte sentencia definitiva”, fue dictada en la accin de amparo promovida por el Observatorio del Derecho a la Ciudad contra la validez de la ley 6.179 por la que se autoriz la venta de 867.245 m2 de tierras pblicas.
En esas hectreas se encuentra parte del Barrio Carlos Mugica -ex villa 31-31 bis-, predios aledaos y otros vecinos al megastadio Movistar Arena, adems del denominado tringulo de Salguero.
En su medida, Gallardo orden que el Gobierno porteo “se abstenga de realizar cualquier acto que implique la disposicin, afectacin y/o enajenacin de los bienes cuya venta fue autorizada por ley 6179”.
El magistrado coincidi con el argumento de los demandantes, quienes impugnaron la ley, sancionada en julio de 2019, porque no se habra cumplido con el requisito de dar participacin a la ciudadana.
El juez consider, adems, que “todos los inmuebles cuya venta fue autorizada por el artculo 1 de la ley 6179 incluiran calles, plazas y caminos, y que muchos de ellos estaran destinados a la construccin de viviendas para la relocalizacin de los habitantes del barrio Padre Carlos Mugica”.
Agreg que “se tratara de inmuebles destinados a obras pblicas construidas para utilidad o comodidad comn”, del dominio pblico del Estado y sujetos a los procedimientos previstos” en normas legales de superior jerarqua.
Segn el juez, la ley 6179 “podra colisionar con la gua de conducta participativa que imprime la normativa local; ello en cuanto ha privado tanto a habitantes, como legisladores y organizaciones especializadas, de intervenir conforme lo ordena la Constitucin de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires”.
La “omisin” del procedimiento para la venta de inmuebles del dominio pblico “implicara -acot- una ilegtima afectacin de los derechos de los habitantes de la Ciudad al ambiente sano, al hbitat y a participar en el proceso de sancin de las leyes que afectan el uso de esos bienes y del espacio urbano”.
Por ltimo, Gallardo afirm que con la medida cautelar “no existe riesgo de afectacin del inters pblico, ya que no se advierte cul sera la contradiccin con una orden que tenga en miras la ntegra aplicacin de la norma constitucional que regula el procedimiento de disposicin y afectacin de los bienes del dominio pblico de la Ciudad”.
