El riesgo de protestar y defender derechos en Perú: 220 personas asesinadas en 10 años

publicado este jueves por el Observatorio de Protección de los Defensores de los Derechos Humanos (OBS).

El documento titulado “Socavando Derechos: la defensa de los derechos humanos obstaculizada por intereses económicos” presenta una panorama en Perú de “constantes ataques y criminalización” de los defensores de derechos humanos y del medioambiente.

Esto se produce bajo un “esquema sostenido de represión, vulneración de derechos, uso indebido del sistema de justicia, trabas al derecho a la protesta y uso excesivo de la fuerza contra manifestantes“, donde defender los derechos humanos en Perú se ha vuelto una “profesión de riesgo”.

Así lo reafirman los autores del informe, tanto el OBS, compuesto por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OCMT), como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) de Perú.

Este escenario se ha exacerbado desde 2020 con abusos policiales contra la población tras agudizarse los conflictos sociales con la irrupción de la pandemia de la covid-19.

Prueba de ello son los dos jóvenes fallecidos por disparos de la Policía y los alrededor de 200 heridos durante las masivas protestas de noviembre de 2020 por la polémica llegada al poder del efímero presidente interino Manuel Merino, que apenas logró permanecer cinco días en el cargo.

Esta semana se cumplieron cien días de esos trágicos sucesos que han sido denunciados tanto por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) como por Amnistía Internacional (AI) sin que hasta ahora se hayan identificado a los responsables de las muertes.

Sicarios

“Más del 70 % de los ataques que hemos documentado se dan contra defensores del medioambiente y defensores de los derechos de los pueblos indígenas. Ellos son el grupo que está en mayor riesgo”, detalló a la Agencia Efe la abogada de la Cnddhh, Mar Pérez.

“La situación de los defensores en Perú es grave aunque no es muy conocida a nivel internacional. Lo peor es que se está deteriorando año tras año. Cada vez hay más asesinatos a través de sicarios, lo que hace que nos aproximemos a situaciones como la de Colombia y México“, agregó.

Como ejemplo están los ataques sufridos por líderes indígenas de la Amazonía que se oponen a la invasión de sus territorios por parte de personas dedicadas actividades ilícitas como el narcotráfico, la tala ilegal o la minería aurífera.

Es el caso de Gonzalo Pío, Arbildo Meléndez, Santiago Vega, y Roberto Villanueva Pacheco, por cuyos casos varios relatores de la ONU como la relatora especial para los derechos defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, están reclamando al Estado peruano sanciones para los agresores y protección para los amenazados.

En el informe también se destaca que entre 2012 y 2020 han muerto quince personas en conflictos y protestas sociales vinculadas a proyectos extractivos, principalmente mineros.

El caso más emblemático es el de gran mina de Las Bambas, productora del 2 % del cobre mundial, que registró cuatro víctimas mortales producto de la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

En ese sentido, el documento advirtió que “el sector empresarial en Perú juega un rol importante en el clima de inseguridad y ataques contra los defensores de derechos humanos, permitiendo o propiciando en muchas ocasiones la comisión de estos ataques”.

“El informe documenta cómo la decidida apuesta por el modelo extractivista en el Perú ha tenido por efecto que, además de socavar territorios, el Estado esté socavando derechos”, afirmó en un comunicado el secretario general de la OMCT, Gerald Staberock.

Periodistas y sindicalistas

Entre las 960 personas criminalizadas desde 2011 por defender derechos humanos o por hacer uso de su derecho a la protesta están activistas, periodistas, sindicalistas, defensores de víctimas del conflicto armado interno y comunidades en defensa de la tierra y el territorio.

Uno de ellos es Jesús Cornejo, condenado en 2020 a 7 años y 4 meses de cárcel por entorpecimiento del funcionamiento de servicios públicos y motín, tras liderar las protestas en la sureña región de Arequipa contra el proyecto minero de cobre Tía María, de la empresa Southern Peru, filial del Grupo México.

En ese sentido, los autores del documento denunciaron que pervive una fuerte estigmatización en contra de las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos por parte de medios de comunicación, pero también por parte de autoridades y funcionarios públicos.

Las referencias constantes a las personas defensoras como “agitadoras” y a las organizaciones de derechos humanos como “defensoras de terroristas” provocan un ambiente que facilita las agresiones en su contra.

Para revertir esta tendencia, Mar Pérez consideró que urgente se materialice el mecanismo integral de los defensores prometido para este año 2021 por el Estado, que “debería comprometer a todos los sectores y abordar temas de fondo como la seguridad jurídica de los territorios indígenas y la protección frente a la tala ilegal”.

También una reforma de la Policía que derogue la polémica ley que actualmente exime de cualquier responsabilidad a los agentes que causen muertes o lesiones en el ejercicio de sus funciones. “Desde el 2003 que documentamos estos casos no tenemos ni una sola condena (contra la Policía)”, concluyó Pérez.

Agencia EFE

PB

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