Michelle Bachelet volvió a pedirle al gobierno de Nicaragua que libere a los prisioneros de opinión

contexto de la crisis en curso”, reforzando con nuevas pruebas y víctimas su informe de un año atrás, reabriendo así el debate en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sobre los crímenes que se le atribuyen al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Entre el 1 de agosto de 2019 y el 30 de noviembre de 2020, la sociedad civil registró 586 casos”, de detenciones arbitrarias, logrando Bachelet documentar 51, pese a que ella ni sus colaboradores pueden entrar a Nicaragua. No obstante, recopiló denuncias brindadas por residentes en el país, y otros que han huido a Costa Rica y Panamá, realizando 208 entrevistas “personales y a distancia (121 hombres y 87 mujeres)”, y “232 reuniones con una amplia gama de actores”.

“Han pasado casi tres años desde el estallido de la crisis sociopolítica y de derechos humanos en abril de 2018”, recordó la Alta Comisionada, cuyo saldo ha quedado impune: “300 personas muertas y dos mil heridas en el contexto de protestas, mientras que al menos 1.614 fueron arbitrariamente privadas de su libertad”, sumado a “100.000 nicaragüenses” que se refugiaron “en terceros países, incluidos unos 25.000” en el periodo antes señalado, de agosto del 2019 a noviembre de 2020.

“Han pasado casi tres años desde el estallido de la crisis sociopolítica y de derechos humanos en abril de 2018: 300 personas muertas y dos mil heridas en el contexto de protestas, mientras que al menos 1.614 fueron arbitrariamente privadas de su libertad”

En esos meses se profundizaron asimismo las restricciones a la libertad de expresión, vía “campañas de intimidación y desacreditación” del periodismo independiente, y ciertos “medios … fueron etiquetados como enemigos de la patria”, toda vez que se registraron “30 casos de intimidación, amenazas, criminalización”, existiendo “allanamientos, destrucción de equipos y sanciones administrativas por expresar criticas sobre el Gobierno”, abrevió Bachelet.

Añadió que El Nuevo Diario, segundo periódico con mayor difusión, y otros dos cotidianos, debieron cerrar, “presuntamente por razones económicas, técnicas y logísticas”, y que “continúa “la represión sistemática” contra periodistas, los cuales son “silenciados, agredidos y amenazados de muerte”, como fueron los casos de Miguel Mora y Lucía Pineda, del canal de televisión 100% Noticias, mantenidos detenidos casi siete meses, a los cuales se les incautaron los bienes para trabajar.

La situación de los trabajadores humanitarios que reciben remesas solidarias del exterior, se ha agravado por la promulgación de la “Ley 1040 de Regulación de Agentes Extranjeros”, que permitiría al gobierno “desmantelar cualquier organización que se considere critica”, prohibir la llegada al país de “donaciones anónimas” y exigir “informar sobre los fondos obtenidos”, lo cual contraviene “los estándares internacionales de derechos humanos”.

La “Ley 1040 de Regulación de Agentes Extranjeros”, que permitiría al gobierno “desmantelar cualquier organización que se considere critica”

Bachelet abogó para que Nicaragua lleve adelante una rendición de cuentas de los crímenes denunciados, solicitó “la inmediata liberación” de los presos políticos y respeto “a las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica”. Requirió protección para los “defensores de los derechos humanos, lideres comunitarios y periodistas”, y que puedan “interponer recursos y obtener reparación (restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición)”.

Junto a la modificación de la Ley 1040 ya consignada, Bachelet recomendó a Nicaragua revisar la “Ley Especial 1042 sobre Ciberdelitos y la Ley 1055 de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz”, en línea con las normas internacionales, y bajo “consulta con diferentes sectores de la sociedad civil y con expertos”. A este y otros efectos, Bachelet propuso “reanudar” un vínculo constructivo” con el gobierno, “para discutir cooperación técnica, y tener “acceso” de personal de su oficina al país.

De cara a las próximas elecciones generales previstas para 7 de noviembre de 2021, la Alta Comisionada urgió al gobierno, “iniciar las reformas” para que sean “libres, justas y transparentes”, y retomar el dialogo con la oposición, el cual se haya estancado desde mayo de 2019, “lo que impide seguir avanzando en la aplicación de los acuerdos alcanzados en marzo de ese año”, sobre la liberación de opositores y el “fortalecimiento de los derechos y garantías ciudadanas”.