Quién es la jueza que se pronunció en disidencia con la condena a Lázaro Báez a 12 años de cárcel

dinero en el caso conocido como la Ruta del Dinero K. De los tres jueces, la que se pronunció en disidencia parcial en cuanto al monto de la pena y la multa fue Gabriela López Iñíguez, quien en otros fallos había favorecido a ex funcionarios kirchneristas.

Como las causas de lavado de dinero requieren de un delito precedente, la Ruta del Dinero K quedó vinculada con el caso de la presunta defraudación al Estado por la asignación irregular de obra pública a Báez durante el Gobierno kirchnerista. Este punto contó con el reconocimiento de los jueces Néstor Costabel y Adriana Palliotti.

En cambio, López Iñíguez consideró que “no advierte la posibilidad de considerar que todos los bienes de Báez o de ACSA eran ilícitos” y afirmó que “hubo una coexistencia entre actividades lícitas con la comisión de ilícitos”.

López Iñíguez se diferenció además de sus pares del TOF 4 en las penas que debían recibir las hijas del empresario, Luciana y Melina Báez, condenadas por mayoría a tres años de prisión en suspenso como partícipes secundarias de las maniobras de lavado. Ella se pronunció por absolverlas, al considerar que Lázaro Báez había utilizado sus nombres tanto en cuentas como empresas, y sentenció que “el Poder Judicial debe tener perspectiva de género”.

También como parte del TOF 4, en agosto de 2018 había sido uno de los jueces que condenó por unanimidad a Amado Boudou a cinco años y 10 meses por el caso Ciccone, pero fue la única que interpretó que no debía ir preso. Como su postura fue en minoría, el exvicepresidente terminó detenido. Pero por poco tiempo. En diciembre de ese mismo año, firmó otro fallo que en base a criterios jurídicos le otorgó la excarcelación.

Poco antes, en marzo de 2018, López Iñíguez había aportado uno de los dos votos con los cuales el TOF 8 que preside concedió por mayoría y de madrugada la excarcelación de Carlos Zannini, ex titular de la Secretaría Legal y Técnica y actual Procurador del Tesoro, y del piquetero Luis D’Elía, ambos imputados en la causa por el pacto de entendimiento con Irán firmado durante la presidencia de Cristina Kirchner.

La jueza había llegado justamente a ese tribunal federal por propuesta del gobierno de Cristina, luego de que en 2014 frenara el desalojo del Barrio Papa Francisco, en Villa Lugano, predio que había sido tomado por familias de la Villa 20 en tiempos en que Mauricio Macri era el jefe de Gobierno de la Ciudad.

Desde el TOF 8, además, en diciembre último avaló la absolución de Guillermo Moreno en el caso de amenazas y agresiones verbales en una asamblea del Grupo Clarín en abril de 2013.

López Iñíguez, de 50 años, se graduó como abogada en la UBA en 1996. Fue relatora oficial no bien se incorporó a la Justicia, de 1996 a 1998 en el TOF 6. Luego, en el mismo tribunal, fue ocupando diferentes cargos: prosecretaria administrativa, secretaria y secretaria de Cámara. Asumió como jueza de primera instancia el 2 de noviembre de 2003.

Mirá también

Oscar Parrilli: “A Lázaro Báez lo condenaron porque es morocho, amigo de Néstor Kirchner y no forma parte de los empresarios top”

La condena a Lázaro Báez: el kirchnerismo odia a los periodistas por cosas como esta