Vacunados VIP: nadie controla que cada dosis contra el coronavirus se dé a quien le corresponde

el coronavirus, la situación se vuelve más sensible aún: hay pocas vacunas para mucha gente. En ese marco, todos los días se conocen nuevos episodios de “vacunados VIP”, que salen a la luz por investigaciones periodísticas.

A casi dos meses de comenzada la campaña de vacunación en el país, aún no existe una instancia clara de control en el Estado para saber si las dosis disponibles están siendo aplicadas a las personas que les corresponde, según las prioridades del Plan Nacional.

Funcionarios sin límite de rango, familiares de funcionarios y ahora hasta universitarios menores de 30 años recibieron vacunas que por protocolo debieron haberles correspondido a otras personas. El manual es claro: primero el personal de salud, segundo mayores de 70, tercero mayores de 60 y recién en cuarto lugar personal estratégico, entre el que figuran los docentes. 

Pero la práctica va por otros carriles y las prioridades, según el distrito, se alteran. Los expertos consultados coinciden en que es necesaria una auditoría para poder saber si lo que se está haciendo se está haciendo bien. A esto se agrega una complicación: que el Estado controle cuando es el mismo Estado el que comete las irregularidades.

Cómo sucedió otras veces en la despareja historia nacional, ahora existe la idea de la nueva ministra de Salud, Carla Vizzotti, de crear una comisión que fiscalice este tipo de situaciones. Por ahora fue un anuncio, ya que hasta este viernes no se había avanzado en la puesta en marcha.

La comisión estaría integrada por el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Pablo Yedlin; el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, Mario Fiad; la presidenta de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, Mirtha Roses; un integrante de la Organización Panamericana de la Salud y otro de Unicef.

Yedlin, diputado del Frente de Todos, fue consultado por Clarín: “Hay varias propuestas para crear una instancia de control. Vamos a ver cuál se termina eligiendo. Lo que hay que tener en cuenta, de todos modos, es que los episodios irregularidades que se han conocido son marginales, lo que no significa que estén bien”, afirmó.

Marginales o no, seguramente dependerá del cristal con que se lo mire. Una de las herramientas que acaba de crear la nueva gestión de Vizzotti es el Monitor Público de Vacunación. Allí puede seguirse en tiempo real cuántas vacunas se aplicaron en Argentina por distrito y a qué grupos de riesgo, pero son sólo cifras. Los datos de las personas vacunadas son privados y a ellos sólo puede tener acceso el Ministerio de Salud.

Los últimos números cargados en el Monitor Público indican lo siguiente: personal de salud, 787.366 personas; mayores de 60 años, 92.758; de 18 a 59 años con factores de riesgo, 2.871; personal estratégico, 20.865. Por personal estratégico se entiende: fuerzas de seguridad y armadas, docentes, personal no docente, responsables de funcionamiento del Estado y personal del servicio penitenciario. Una gran bolsa en la que es imposible discriminar.

No se sabe, por ejemplo, en qué categoría anotaron a los universitarios que atendían el call center bonaerense. Pero toda esa información sí está nominalizada, en cambio, en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA). Es decir, allí es factible determinar la identidad de los vacunados y contrastarla con si les correspondía una dosis de la vacuna en este momento, por el grupo de riesgo al que pertenecen.

Adolfo Rubinstein, ex ministro de Salud, le dijo a Clarín que “no existe una auditoría de las vacunas que se aplican en el país. El problema también está en que las provincias no están obligadas a cargar los datos en el Nomivac (la base información sobre vacunación dentro del SISA), y a eso se agrega todos los eventuales vacunados no registrados”. Sin embargo, agregó: “Todos los casos de gente vacunada de forma irregular que se conocieron aparecen registrados”. O sea que el Estado hubiera podido advertirlo.

Eduardo López, infectólogo e integrante del comité de expertos que asesora al Gobierno, coincidió en que no existe un control objetivo de quién recibe cada dosis. Aseguró que la buena praxis en la aplicación de las vacunas “depende de los responsables de vacunación de cada uno de los centros en los que se aplican”. Y consideró que “no se le puede pedir a los médicos que decidan si está bien o mal vacunar a determinado funcionario”.

En lo que coinciden todos los consultados es que las irregularidades que están surgiendo podrían tener un cepo si, sobre lo que efectivamente se registra, hubiese algún tipo de fiscalización. Con otras palabras, que haya un responsable de controlar el Nomivac, donde el registro es nominalizado y figura número de documento, dirección y a qué grupo de riesgo pertenece cada persona, entre otros datos.

Yedlin agrego que “hoy son los ministerios provinciales los que controlan estas cosas. No hay una instancia externa de control. La idea de rastrillar el Nomivac es posible, habría que generar las herramientas de software necesarias para poder cruzar datos y determinar en qué casos hay irregularidades”.

PS

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