El Gobierno se prepara para lanzar una nueva ofensiva sobre la Justicia. En su discurso de este lunes ante el Congreso por la apertura de sesiones ordinarias, Alberto
Fernández reclamará por la sanción de dos iniciativas que cuentan con media sanción del Senado desde el año pasado y se encuentran empantanadas en Diputados.
Se trata de la ley de reforma de la Justicia Federal, que apunta a licuar el poder de Comodoro Py, y la de reforma del Ministerio Público Fiscal, que tiene como objetivo desplazar al procurador interino Eduardo Casal pero que también facilita el trámite de designación de su reemplazante.
Algunas versiones indican, además, que el Presidente también podría anunciar el envío al Congreso del proyecto de creación de un Tribunal Federal de Sentencias Arbitrarias, que podría estar por debajo o casi a la par de la Corte Suprema de Justicia, según el modelo que elija.
Cristina Kirchner preside la sesión del 27 de noviembre en la que se aprobó la ley de reforma al Ministerio Público Fiscal. Foto Rolando Andrade.
La conformación de este tribunal fue una de las recomendaciones de los juristas que integraron la llamada “Comisión Beraldi”, que el año pasado hizo una serie propuestas para cambiar la Justicia.
Los proyectos de reforma judicial y el de Ministerio Público Fiscal fueron incluidos por el Presidente en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso. Pero ambas iniciativas siguieron sin ser tratadas.
El problema del oficialismo es que no cuenta con los votos para su sanción en Diputados. El Frente de Todos -comandado por Máximo Kirchner– suma 119 diputados, pero en rigor tiene 117 votos debido a que el presidente de la Cámara, Sergio Massa no vota, y a que José de Mendiguren está de licencia.
Así, el oficialismo está obligado a cerrar un acuerdo con algunos sectores de la oposición. Juntos por el Cambio ya se pronunció en contra de ambas leyes.
En el kirchnerismo y La Cámpora están expectantes por lo que dirá este lunes Alberto Fernández en el Congreso. Pero advirtieron que no alcanza con que el jefe de Estado “haga un diagnóstico o una serie de exclamaciones. Esa no es la solución. Debe actuar”.
Es más: otras fuentes del cristinismo hablaron de “malestar” y “preocupación” en las filas del Frente de Todos porque el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal sigue sin sancionarse.
“Acá faltó decisión del Poder Ejecutivo”, denunciaron con la vista puesta en la ministra de Justicia Marcela Losardo. La funcionaria es terminal de Alberto Fernández y no tiene autonomía propia. “Nadie vio a la ministra tratando de convencer a los diputados de la necesidad de la reforma”, se quejaron.
“Casal fue el pilar del lawfare y a más de un año y dos meses de gestión de Alberto Fernández sigue como procurador interino”, dijo, indignada, una legisladora cristinista.
El reclamo de “acción” al Presidente es bien concreto. Que negocie con los gobernadores que sea necesario para asegurar los votos que permitan las sanciones de ambas leyes.
De acuerdo con fuentes del kirchnerismo, la aprobación de ambas iniciativas no puede ser negociada por Sergio Massa o Máximo Kirchner.
“Para estas leyes no se consiguen los votos prometiendo cordón cuneta en un municipio o la presidencia de una comisión. Es una negociación que solo puede encarar el Presidente“, plantearon.
De ambas iniciativas trabadas en Diputados, la clave para el kirchnerismo es la de Reforma del Ministerio Público Fiscal.
El proyecto con media sanción flexibiliza las mayorías para designar al procurador. En la actualidad se necesitan dos tercios del Senado (48 votos) para darle acuerdo; la reforma propone que se lo nombre por mayoría absoluta, es decir 37 votos. El Frente de Todos suma 41 senadores.
Otro cambio es que limita el mandato del procurador -hoy vitalicio- a 5 años, aunque podrá continuar por otro período similar de tener nuevo acuerdo del Senado.
También indica que en caso de vacancia o licencia prolongada superior a los 30 días, el cargo de jefe de los fiscales será ejercido por un procurador fiscal o un fiscal coordinador de distrito elegido por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público. Esto le permitiría al oficialismo desplazar tras la sanción a Eduardo Casal.
El proyecto de reforma judicial fue aprobado en agosto pasado por el Senado. Apunta a licuar el poder de Comodoro Py –lleva de 12 a 46 el número de Juzgados Federales- y, tras negociaciones con los gobernadores, agranda -con más de 60 nuevos juzgados federales, 9 Cámaras de Apelaciones y tribunales orales- las estructuras judiciales de las provincias.
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