El gobierno chino sigue afirmando que los campamentos en la región occidental de Xinjiang ofrecen educación y capacitación voluntarias. Pero documentos oficiales revelados la semana pasada por la
BBC muestran cómo se encierra, adoctrina y castiga a los presos.
La filtración se realizó mediante el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que ha trabajó con de BBC y The Guardian en el Reino Unido, donde el primer ministro Boris Johnson prometió llevar el tema ante la ONU, mientras el embajador de China en el Reino Unido desestimó los documentos y acusó a los medios locales de difundir noticias falsas.
La investigación encontró nuevas pruebas que socavan la afirmación de Pekín de que los campos de detención, que se han construido en Xinjiang en los últimos tres años, tienen fines de reeducación voluntaria para contrarrestar el extremismo. Se cree que alrededor de un millón de personas, en su mayoría de la comunidad musulmana uigur, han sido detenidas sin juicio.
Los documentos del gobierno chino filtrados, que el ICIJ ha etiquetó como “Los cables de China“, incluyen un memo de nueve páginas enviado en 2017 por Zhu Hailun, entonces subsecretario del Partido Comunista de Xinjiang, y principal funcionario de seguridad de la región, a quienes dirigen los campamentos.
Las instrucciones dejan en claro que los campamentos deben funcionar como cárceles de alta seguridad, con estricta disciplina, castigos y sin fugas. Los detenidos reciben puntos por su “transformación ideológica, estudio y formación, y cumplimiento de la disciplina”, dice el paper filtrado.
El sistema de castigo y recompensa ayuda a determinar si a los presos se les permite el contacto con la familia y cuándo son liberados. Solo se considera su liberación una vez que cuatro comités del Partido Comunista hayan visto evidencia de que se han transformado.
Los documentos filtrados también revelan cómo el gobierno chino utiliza la vigilancia masiva y un programa de vigilancia predictiva que analiza datos personales. Un documento muestra cómo el sistema marcó a 1.8 millones de personas simplemente porque tenían una aplicación para compartir datos llamada Zapya en su teléfono. Las autoridades ordenaron entonces la investigación de 40.557 de ellos “uno por uno”.
Los documentos incluyen directivas explícitas para arrestar a los uigures con ciudadanía extranjera y rastrear a los uigures que viven en el extranjero: embajadas y consulados de China estarían involucrados en la red mundial.
El embajador chino en el Reino Unido, Liu Xiaoming, dijo que las medidas habían protegido a la población local evitando ataques terroristas en Xinjiang en los últimos tres años: “la región ahora disfruta de estabilidad social y unidad entre los grupos étnicos. La gente está viviendo una vida feliz con un sentido de satisfacción y seguridad mucho más fuerte”.
El secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab, por orden del premier Borin Johnson, pidió ante la ONU que los investigadores del organismo tengan acceso urgente a los campamentos uigures en Xinjiang, donde “los abusos contra los derechos humanos se están produciendo a escala industrial”.
El gobierno del estadounidense Joe Biden respaldó la moción y podió sanciones para China en la misma línea que los impuestos por la administración Trump. Y el parlamento canadiense calificó el accionar del gobierno chino como un “genocidio”, aunque el primer ministro Justin Trudeau fue más moderado y pidió esperar a la revisión de la comisión de Derechos Humanos de la ONU.
El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, dijo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que estaba tomando medidas contra el terrorismo de acuerdo con la ley, y que Xinjiang disfrutaba de “estabilidad social y desarrollo sólido” . “Nunca ha habido el llamado genocidio, trabajo forzoso u opresión religiosa en Xinjiang”, agregó Wang.
“Tales acusaciones incendiarias se fabrican por ignorancia y prejuicio, son simplemente exageraciones maliciosas y políticamente impulsadas y no podrían estar más lejos de la verdad. La puerta a Xinjiang siempre está abierta. China también da la bienvenida al Alto Comisionado para los Derechos Humanos a visitar Xinjiang ”, agregó refiriéndose a Michelle Bachelet, cuya oficina ha estado negociando los términos de acceso al país.
Investigadores y grupos de derechos estiman que desde 2016, China ha acorralado a un millón o más de uigures y otras minorías en prisiones y vastos campos de adoctrinamiento que el estado llama centros de formación. Más de 400 campos de concentración en los que los “malos tratos” comenzaron a ser noticia ya en 2017.
Los uigures son un pueblo turco nómada originario de la región noroccidental china de Xinjiang. Muchos uigures son musulmanes y su fe religiosa los ha enfrentado al Partido Comunista Chino, oficialmente ateo. Aproximadamente 12 millones de uigures viven en Xinjiang, con grupos más pequeños en Kazajstán, Turquía y otros países.
Partes de Xinjiang tuvieron dos breves períodos de autogobierno (1933-1934 y 1944-1949) antes de que la región quedara bajo el dominio comunista de Mao Zedong en 1949, junto con el resto de China. Desde entonces, varios uigures continúan esperando la independencia política, postura que Pekín reprime duramente.
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