Coronavirus: cómo juega Argentina en el debate mundial sobre las patentes de vacunas

como escaso en en un contexto de enorme ansiedad por combatir la pandemia que azota las economías y el sistema sanitario de todo el planeta.

En ese debate, países en desarrollo y pobres comenzaron a reclamar aquello que es casi propiedad de un grupo más rico y concentrado. Piden los primeros que se deroguen, al menos de manera temporaria, obligaciones incluidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), para que cualquier país pueda producir las vacunas sin preocuparse de las patentes.

Piden que “los diseños y modelos industriales, los derechos de autor y la protección de las informaciones no divulgadas” para eventualmente poder fabricarla y piden que se llegue a “una vacunación ampliamente extendida a nivel mundial y que la mayoría de la población mundial esté inmunizada”.  

Fueron Sudáfrica y la India quienes presentaron el 2 de octubre pasado esta iniciativa. Se empezó a discutir y podría definirse el viernes 12. Este jueves el debate seguía sin avances. Rechazan la iniciativa Estados Unidos, la Unión Europea, Suiza, sede de potentes laboratorios. Pero también se oponen países ricos como Noruega, Japón, Australia y el Reino Unido. ¿Y en qué lugar se puso la Argentina?

Alberto Fernández viene pidiendo desde que estalló la pandemia el acceso universal a la vacuna. ​“Intercambiamos opiniones sobre la situación del Covid-19 en el mundo y coincidimos en que es imperioso aumentar la producción de vacunas, como un bien universal sin propiedad intelectual, para garantizar su acceso equitativo a los países en desarrollo“, tuiteó a principios de febrero tras hablar con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, cuyo país, como miembro de la Unión Europea, quedó ubicado en los que rechaza conceder derechos de patentes a quienes así lo piden. ​

“El mundo está frente a un dilema moral. Por un lado, nunca la ciencia avanzó tanto y tan rápido en el diseño y la producción de una vacuna. Por otro lado, hay países donde las perspectivas de vacunación son casi nulas”, comenzó diciendo ayer a Clarín el canciller Felipe Solá sobre el debate que comenzó en la OMC. “Como lo señaló el Presidente en su visita a México, la vacuna contra el Covid-19 debe ser un bien global más allá del límite de los derechos intelectuales. La vacuna tiene que ser una herramienta de acceso universal y no un negocio.”

Es curioso porque países como México y Brasil, que podrían considerarse aliados “naturales” en esta batalla de países que no tienen dosis suficientes para vacunar a su habitantes masivamente, se manifestaron en contra de la iniciativa.

En el grupo de India y Sudáfrica están, además de Argentina, países como Kenia, Eswatini, Mozambique, Pakistán, Bolivia, Venezuela, Mongolia, Zimbabwe, Egipto y Malí. Afganistán, Pakistán, Zimbabwe, Egipto, Mongolia, Chad, Indonesia, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Camboya y Venezuela. También organismos y organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, Médicos sin Frontera. Y en posición intermedia, China , Chile, Malasia, Australia, Colombia y Canadá.

El debate en la OMC surge a poco de asumir su nueva directora, la nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, primera mujer y primera de raza negra en el cargo. Okonjo-Iweala intenta por ahora encontrar una “tercera vía” para una batalla que se promete dificil. Por cierto, los bloques que se oponen ceder en los derechos de patentes no han manifestado en los debates del organismo su rotundo desacuerdo porque el tema es sensible a nivel planetario. Lo que hicieron fue invitar a reflexionar sobre el tema buscando “otras” propuestas.

Okonjo-Iweala ha dicho que puede haber “flexibilidades” para el sistema actual de vacunas y estimula los acuerdos “licencia voluntaria”. Un ejemplo es el que hizo AstraZeneca con el Instituto Serum de India, y podría ser también considerado de esa manera el que se hizo para que el laboratorio argentino MabXience y el mexicano Liomont fabrican la vacuna anti Covid, que está atrasada pero que podría estar lista para su comercialización en América Latina en abril. El Gobierno de Fernández mismo cerró un acuerdo para que el laboratorio argentino Richmond fabrique la vacuna rusa Sputnik V. 

Los derechos de patentes sobre los medicamentos han sido motivo de duras batallas internacionales, muchas de las cuales se libran en el organismo que regula el comercio, la OMC. Y la pandemia, que no excede a estos enfrentamientos, encuentra la comunidad internacional en un momento especial.

Dada la urgencia por producir vacunas contra el COVID, fueron los gobiernos los que mayormente las financiaron. Un informe científico de Airfinity publicado por la BBC indicaba en diciembre que los estados pusieron  US$8.600 millones, para el desarrollo de estos fármacos que aún no son rentables. Las organizaciones sin fines de lucro, como el fondo COVAX, pusieron US$1.900 millones. Y las empresas sólo US$3.400 millones.

Todos recuerdan lo doloroso de la década de los 90 cuando los antirretrovirales para tratar el virus del Sida comenzaron con precios inalcanzables para la mayoría de quienes eran seropositivos. 

Las reglas de la OMC incluyen la entrega de una “licencia obligatoria” que permita a las autoridades dar a empresas que no sean las titulares de la patente la autorización de fabricar el producto, siempre y cuando se respeten unos procedimientos y condiciones. China, acusada por Washington de “robos” de patente, se colocó en 2019 en el primer solicitante de patentes internacionales por delante de Estados Unidos. Ello muestra que su lugar en el mundo ha pasado de “en desarrollo” a rico y poderoso.

PS 

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